El organismo quiere contar con un mapa patrimonial -a través de los Conservadores de Bienes Raíces y Registros de Comercio- para evitar de esta forma que mediante argucias legales y renominaciones de títulos, propiedades, empresas y otros activos desaparezcan y estén a disposición del tribunal para liquidarlos cuando corresponda.
Buscar bajo las piedras y más allá de las fronteras capitalinas es lo que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) busca que realice el ministro en visita que instruye el caso Inverlink, Patricio Villarroel, con los bienes de Eduardo Monasterio y otros ex miembros del holding que se encuentran procesados.
Así se desprende del último escrito presentado la semana pasada en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, donde está incoada la causa, dijeron en exclusiva a El Mostrador.cl fuentes judiciales.
En la presentación, la SVS solicita que el magistrado oficie a todos los Conservadores de Bienes Raíces a nivel nacional como también a los Registros de Comercio para que informen sobre todas las propiedades de los 10 procesados: Eduardo Monasterio, Patricio Collarte, Ignacio Wulf, Enzo Bertinelli, Patricio Díaz, Luis Hernández Palma, Eduardo Tapia, José Muñoz, Carlos Rubilar y Javier Moya.
Pero no es todo, la SVS también pidió que se informe sobre todos los traspasos o transferencias de propiedades que se hayan realizado antes o después del escándalo que terminó con la caída del holding en el mes de febrero y marzo. Y, al mismo tiempo, que se les prohíba a los encausados realizar nuevas inscripciones ya sea de empresa o propiedades.
Un complicado escenario para los encausados, ya que muchos de ellos han transferido sus propiedades a familiares o terceras personas para evitar que les sean embargados y deban eventualmente venderlos como forma de aportar a la indemnización que deberán pagar en su momento cuando termine el juicio.
De acuerdo a fuentes judiciales la diligencia del magistrado podrían mostrar sorpresas, sobre todo respecto al tema patrimonial, ya que algunos involucrados, como fue el caso del jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, no podrán justificar la compra de algunas propiedades y tampoco su «buen pasar».
De hecho, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también la semana pasada, presentó un escrito, dijeron las mismas fuentes, en donde entregó una lista con algunas propiedades de Monasterio y otros procesados -autos, casas, empresas- para que sean embargadas y no se puedan enajenar mientras dure la sustanciación del proceso.
Visitas reservadas
El pasado viernes, en tanto, dos funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac), se constituyeron en la casa de Cambios Monex, para solicitar información sobre operaciones al exterior.
La institución fue usada para comprar 60 mil dólares que le pagaron a Moya, poco antes de que estallara el escándalo Inverlink.
Los policías tratan de comprender las diferentes operatorias mediante las cuales salieron los dineros al exterior y si estos fueron traspasados a cuentas bancarias ubicadas en paraísos tributarios.
Hasta ahora la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil (Bridec) ha detectado algunos movimientos sospechosos de divisa extranjera a través de la casa de cambios Yanulaque. Esta sacó de Chile unos 15 millones de dólares antes de la crisis y hasta ahora su dueño, Pablo Benavides, no habría entregado todas las facturas que acreditan los movimientos de los dineros a la policía.
De hecho, el interventor designado por el tribunal, William Jalaff, tendría ya en su poder las escrituras que le habrían dado origen a algunas de estas cuentas en el exterior, aunque el análisis de las mismas aun no está terminado.
Cabe recordar que hoy, además, la empresa consultora Price Waterhouse debería entregarle al magistrado un informe de aproximación respecto a cuáles son las áreas más complejas del proceso donde podrían prestarle ayuda.
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