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En los próximos dí¬as, concejal

Las normas de amarre que dejó el destituido alcalde de Quinta Normal

por 15 abril, 2003

En el municipio del sector poniente de la capital no pueden estar las aguas más revueltas: el jefe de la alcaldía, Mario López (RN), obligado a salir de su cargo jugó sus últimas cartas dejando una serie de decretos que obstaculizan las labores de los concejales y de la futura administración municipal.
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Nunca antes la reunión del concejo municipal de Quinta Normal había sido tan concurrida. La noticia de que el alcalde fue notificado el viernes de su inhabilitación para seguir ejerciendo el cargo por orden del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana hizo que vecinos, dirigentes gremiales y los propios funcionarios del municipio repletaran el salón principal de la casona edilicia.



Mario López, quien fue electo para los períodos 1996-2000 y 2000-2004, está procesado por e 36° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de apropiación indebida de 3 millones 600 mil pesos en 1998. De hecho, hoy la secretaria municipal dio a conocer una resolución de la Contraloría General que afirma que López fue invalidado de ejercer el cargo desde el 20 de noviembre, fecha en que fue encausado.



Ahora el edil es cuestionado, además, porque en conocimiento de su inminente salida decidió dictar varios decretos para amarrar la gestión municipal futura y como una forma de "declararle la guerra" a quienes lo obligaron a desocupar el sillón comunal.



Según fuentes del municipio, López tomó estas medidas a raíz del acuerdo alcanzado por el concejo la semana pasada en torno a destituir al administrador municipal, César Rojas, funcionario de plena confianza del alcalde. Rojas fue despedido por negarse a hacer públicas las informaciones que se solicitaban.



Entre las decisiones adoptadas por el alcalde López figura el envío, en comisión de servicio, a la que debía ser su sucesora en el puesto, la secretaria municipal Eugenia Vergara, quien mantenía abiertas diferencias con el destituido edil. Vergara fue removida de sus labores para ocupar el cargo de fiscalizadora del área de deportes de la comuna, luego de haber ejercido su cargo por al menos diez años.



Otra resolución contra sus acusadores fue el despido de las cinco secretarias de los concejales y de la secretaria del juzgado de policía local, hija del concejal Juan Fuenzalida, con lo que dejó literalmente detenido el trabajo de los fiscalizadores.



Los celulares también



La ofensiva por parte de López también llegó a las comunicaciones de los concejales: ordenó requisar los celulares por la supuesta vulneración de los contratos. Las decisiones fueron revocadas por la totalidad del concejo, incluyendo la recontratación de las secretarias a partir de la próxima semana.



Otra actuación "desesperada" del edil fue la presentación de una licencia médica el viernes, día que el tribunal electoral le notificó que debía dejar el cargo.



Mientras tanto, el concejo municipal nombró ayer como alcaldesa interina a la secretaria municipal, Eugenia Vergara, pero debe elegir al alcalde definitivo que reemplace López dentro de los próximos 45 días de no mediar el sobreseimiento de la justicia al ex edil.



Municipio en caos



En torno a la gestión de López existe una serie de cuestionamientos. Las más fuertes se relacionan con los irregulares manejos de recursos en distintas reparticiones, contrataciones "brujas" y deudas, según dieron cuenta los concejales.



De acuerdo a las denuncias, la directora de obras impugnó a la Secretaría de Planificación (Secpla) del municipio por el pago de sueldos a tres personas que no cumplieron con las tareas encomendadas por la dirección de obras. Otro de los cuestionamientos, a esa misma repartición, apunta a que las propuestas públicas municipales son evaluadas sólo por el representante de la Secpla y no por una comisión multisectorial.



En esa línea, en el memorándum 260 se afirma que se contrató a un evaluador de proyectos de inversión, cuyas funciones las realizan empleados ya contratados por la casa edilicia. Se habla además de "privilegios" de algunos funcionarios que utilizan los equipos computacionales del municipio, dejando a otros empleados sin insumos.



Entre otras preocupaciones relatadas durante el concejo, se afirmó que el municipio sostiene una deuda de más de 700 millones de pesos con la empresa recolectora de basura Demarco, la que anunció que si no se cancela durante los próximos días el débito, suspenderá el servicio con los consiguientes problemas sanitarios para Quinta Normal.



Otro problema que se dio a conocer se relaciona con el incendio del área de deportes, luego de que solicitaran una investigación de los recursos al ex alcalde. Los concejales sospechan de que funcionarios del municipio, a petición del propio jefe comunal, habrían provocado el hecho para ocultar pruebas de una irregular gestión.



El malestar por este caos municipal llegó también a los dirigentes gremiales y vecinos quienes opinaron en la sesión de concejo que la situación era "insostenible" para la comuna.



"No perjudiquen a mi amigo"



Los concejales presentaron una querella por usurpación de funciones contra el ex alcalde el pasado 1 de abril debido a que López siguió ocupando el cargo pese a estar procesado. Los antecedentes fueron puestos en manos del juez subrogante del 36 Juzgado del Crimen de Santiago, Zenen Cano, quien al tener los informes los llamó a que no perjudicaran al alcalde.



"El secretario Cano expresó que no perjudicaran a su amigo Mario López, que era una buena persona y que no debíamos realizar ninguna acción contra él", aseguró el concejal Manuel Fernández.



Para aclarar los dichos de Cano, los concejales Pablo García, Manuel Fernández, Nelson Salinas, Juan Fuenzalida, Javier Lagos y Alejandro Sepúlveda se reunieron con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, a quien le solicitaron un ministro en visita para que investigara el caso.



En torno a los cercanos al edil existe total hermetismo. En caso de que no regrese López, el municipio está concentrado en la elección de su sucesor para lo cual ya hay dos candidatos: Manuel Fernández (DC) y Pablo García (PPD), el que se especula tendría más posibilidades pues fue quien obtuvo una mayor votación (después de López) en las elecciones de 1999.

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