Deseándolo o no, el senador socialista parece dispuesto a emprender una arriesgada operación que, de encontrar respaldo en otros sectores, podría conseguir una solución en el Congreso al tema de los sobresueldos, pero arriesgando la renuncia a un cuarto período presidencial de la Concertación.
Dispuesto a ser él quien abra el debate formal sobre la necesidad de generar un mecanismo que permita una salida a la situación provocada por los procesamientos de 28 funcionarios y otros ex funcionarios de gobierno involucrados en el caso MOP-CIADE, el senador socialista Carlos Ominami reiteró su disposición a plantear el tema en el Congreso. Hoy presentará una propuesta en este sentido en Valparaíso y con ello facilitará la búsqueda de una solución a un problema que ha golpeado fuerte a La Moneda.
El planteamiento que hará Ominami al Senado hoy irá en la línea de dictarse una ley interpretativa que establezca que no constituye delito haber recibido ni entregado sobresueldos ni tampoco lo sería haber diseñado el sistema. En cambio, sí serían delitos los usos maliciosos del sistema para ganar dinero.
Este podría llegar a ser el salvavidas para el Gobierno. Sin embargo, el senador socialista emprendería así una arriesgada operación que, de encontrar respaldo en otros sectores, podría significar la renuncia definitiva a un cuarto período presidencial de la Concertación a cambio, ni más ni menos, que de hacer gobernable el resto del período presidencial de Lagos, y también, cosa muy importante, de inmunidad.
A la Concertación se le hará muy difícil explicarle a la ciudadanía la diferencia entre quiénes han actuado con buena fe y quiénes no. De hecho, en el mundo político y en el propio gobierno no existe claridad en torno a la forma de diferenciar ambos casos. Partiendo de esta base será evidentemente difícil solicitar el apoyo de un votante después de un »perdonazo» o de un »arreglo».
Ominami ¿punta de lanza?
La idea del senador PS es que sea el Poder Legislativo el que genere una nueva ley, de modo que, sin intervenir propiamente en la labor de los tribunales, el Poder Judicial se vea obligado a aplicar la norma al respecto.
No obstante, Carlos Ominami fue enfático al señalar que lo que propone en ningún caso es un "perdonazo", sino una "ley interpretativa", con el fin de terminar con las prácticas denominadas por él como "fronterizas", aludiendo a aquellas que están al filo de la legalidad y debido a las cuales se puede incurrir de buena fe en actos que pueden ser considerados ilegales.
Para dejar clara su oposición a un perdonazo, dijo ser partidario incluso de aumentar las penas a quienes se les compruebe que han cometido actos de corrupción. Por lo que insistió que su propuesta pretende proteger a "la gente honrada que ha actuado de buena fe" y no a los "corruptos".
Con esta disposición, Ominami le está facilitando el camino al Gobierno. A través del ministro vocero, Francisco Vidal, se precisó que La Moneda "no ha hecho ningún planteamiento específico sobre este tema, ni a los partidos de la coalición ni a los partidos de la oposición", aunque "mira con atención" el debate que se ha iniciado a partir de los planteamientos del senador socialista.
Sin embargo, todo indica que ha sido Ominami quien ha estado dispuesto a dar el «vamos» público, en el terreno del Congreso, a una operación que involucra al Gobierno y a la Concertación y que lleva ya un cierto tiempo en preparación: cabe recordar que hace ya varias semanas que Fernando Paulsen -un periodista bien relacionado y bien dateado– viene hablando del tema en su programa Ultima Mirada de Chilevisión.
El ministro Vidal, subrayando la «inocencia» de La Moneda frente al tema, señaló que "sin duda estamos abiertos, en el momento adecuado, a ser parte de ese debate o esas proposiciones", pero fue categórico a la hora de descartar una amnistía o cualquier cosa que se asemeje a un acto de impunidad.
"El gobierno no ha hecho una propuesta ni al Parlamento ni a los partidos, pero sin duda observa con atención el debate que se está abriendo y, lo más importante y en eso esperamos coincidir con los partidos de oposición y de la coalición, es cómo se enfrentan estas situaciones, de tal manera que el país siga marchando y no sean estos elementos los que detengan el avance objetivo del país", sostuvo Vidal.
Sin embargo, el fundamento esgrimido por Ominami para hacer su propuesta coincide plenamente con el del gobierno, que ve con cierto optimismo la posición del parlamentario oficialista cuando plantea que "tenemos confianza que en las fuerzas políticas hay una disposición mayoritaria a separar la paja del trigo, a separar lo malo de lo que puede ser o constituir una estructura arcaica".
Ominami no está solo
Aunque el senador Carlos Ominami no está solo en su cruzada, de todos modos se ve difícil la tarea que se ha propuesto emprender, porque parecen ser más los que se oponen que quienes la respaldan.
Entre los que se han sumado públicamente a la »propuesta Ominami» se encuentra el senador de la DC Alejandro Foxley, quien dijo ser partidario de "buscar una solución que, sin perdonar actos delictivos, haga justicia con las personas que han entrado en un sistema que está mal diseñado".
A juicio de Foxley es necesario encontrar una pronta respuesta al problema del MOP-CIADE, ya que el país va a perder recursos importantes a raíz de este caso. Insistió en que "estoy dispuesto a discutir cualquier alternativa que parezca jurídicamente sólida y que, de una vez por todas, permita dar tranquilidad a las personas que de buena fe fueron introducidas en un sistema mal diseñado que esta causando problemas gravísimos, desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones en Chile".
También para Foxley se trata de que el Congreso apruebe una "ley interpretativa" que los tribunales deberían aplicar.
Por otra parte, no es menor la disposición mostrada por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para "debatir en torno a una ‘ley interpretativa’ que establezca con claridad cuáles son los actos que constituyen delito de enriquecimiento ilícito y cuáles sólo responden a malas maniobras administrativas, porque como están funcionando los tribunales, se corre el riesgo de afectar a un sinnúmero de personas, en consecuencia que muchas de ellas son inocentes".
El presidente del Senado precisó que no cuestiona la forma de proceder del Poder Judicial, pero defendió el "legítimo" derecho a opinar si se difiere de su accionar. "Soy respetuoso del Poder Judicial y creo que hay que dejarlo actuar, y dejarlo que resuelva, pero si existen problemas en cuanto a la interpretación de la ley, se debe analizar el tema", sostuvo.
La actitud asumida por el presidente de la Cámara Alta, no pasa inadvertida no sólo por su investidura, sino además porque una vez más su hermano, el timonel de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldízar, está exactamente en la posición contraria.
El colorín aseguró que su colectividad "no es partidaria de resolver las situaciones originadas por casos como MOP-GATE o MOP-CIADE a través de una ley de amnistía, por considerarla inconveniente para nuestra institucionalidad y fuera de lugar; sobre todo porque podría ser injusta para aquellas personas que apareciendo mencionadas sean inocentes".
Lo llamativo es que con sus diferentes formas de enfrentar el problema, los hermanos Zaldívar ya dejan entrever que la DC estará también divida en este tema.
La derecha enfrentada
Pero no sólo en la Concertación se enfrentan las visiones sobre este tema. En la derecha tampoco hay acuerdo. En Renovación Nacional se niegan siquiera a estudiar una salida política, pues los tribunales -dicen- deben cumplir su labor sin interferencias.
Para el presidente de la colectividad, Sebastián Piñera, "de acuerdo a la legislación actual, para que exista delito tiene que haber dolo y, por lo tanto, quien no actuó en forma dolosa no tiene nada que temer" y quienes deben determinar si efectivamente existió dolo o no -recalcó Piñera- son los tribunales de justicia.
La comisión política de ayer analizó el tema y le encargó al vicepresidente del partido Rodrigo Hinzpeter y al ex senador Miguel Otero la redacción de una declaración en la que RN reafirma su posición y que podría ser dada a conocer hoy.
En palabras del secretario general de la colectividad, Renato Sepúlveda, la declaración establecerá, sin lugar a dudas, que el partido no acepta una salida política para los casos que están en los tribunales, aunque no se cierra a generar mecanismos para evitar que a futuro hechos como MOP-GATE o MOP-CIADE no se vuelvan a repetir.
En la UDI, en cambio, prima una posición más reflexiva. Aunque el presidente de la UDI, diputado Pablo Longueira, precisó que este tema no se ha analizado en su partido, porque nadie se los ha planteado oficialmente, no descartó la posibilidad de que la colectividad se abra a estudiar el tema. Esto, bajo el mismo argumento planteado por todos quienes en la Concertación están dispuestos a analizar el tema.
Para Longueira si en los casos como MOP-CIADE ha habido "situaciones en que se está afectando la honra de las personas, en que no ha habido enriquecimiento ilícito, en que han cumplido las funciones públicas en forma adecuada, es un camino que uno tiene que discutir".
Incluso es aún más enfático al señalar que "ningún partido político se puede restar a solucionar la problemática del país". No obstante, planteó que la disposición de la UDI a analizar una eventual salida política sería mejor recibida -aunque no aseguró su respaldo- si proviniera del gobierno y descartó categóricamente que la bancada del partido apoye una propuesta que surgiera desde el Parlamento, como lo plantea Ominami.
