Sanción contra autoridades de la Universidad Tecnológica Metropolitana reflotó graves irregularidades financieras al interior de esa casa de estudio. Conozca los detalles.
En medio de las investigaciones judiciales que afectan a la Universidad de Chile por los contratos MOP-Ciade, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), está enfrentando su propia «prueba» de transparencias tras la dura sanción que recibió una de sus autoridades involucrada en un millonario fraude.
La sanción en contra el decano de la Facultad de Construcción y Orden Territorial, René Zorrilla -y que afecta a otros dos miembros del plantel- se materializó a más de un año de la amonestación que la Contraloría General de la República propuso aplicar al académico.
La investigación comprobó la existencia de una cuantiosa sustracción de los fondos del Programa Especial de Titulación, realizado por dicha facultad con la empresa Producciones Académicas Ltda. El programa tenía como finalidad permitir a personas de nivel técnico optar a un título profesional, mediante clases impartidas, los sábados, en diversos puntos del país.
Tras el lapidario informe evacuado por la Contraloría General de la República y que tuvo acceso exclusivo EL Mostrador.cl, el rector de la UTEM, Miguel Avendaño, no tuvo otra opción que aplicar, el 12 de marzo pasado, al pie de la letra las amonestaciones que propuso dicho organismo.
«Confírmese las medidas disciplinarias de multa del 20 por ciento de su remuneración mensual -contemplada en el artículo 116 letra b) y artículo 118 de la ley N° 18.834- dispuesta en contra de René Zorrilla Fuenzalida, decano de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial», señala la medida disciplinaria de la casa de estudio, a la que tuvo acceso este medio, que entró para su toma de razón a la Contraloría, el 29 de marzo pasado.
La misma amonestación fue aplicada a Rigoberto Valdenegro, ex director de finanzas y académico en funciones de la UTEM. La medida más dura afectó a la docente Fresia Vergara, quien fue destituida.
El Programa Especial de Titulación comenzó a funcionar en 1997, con un capital que superaba 1.300 millones de pesos. Pese a las grandes sumas involucradas, la universidad contrató directamente a la firma Producciones Académicas, sin previa licitación. Tampoco estableció controles y registros sobre los recursos, pese a tratarse de dineros fiscales.
Al mismo tiempo, el decano Zorrilla cancelaba las facturas mediante el mecanismo de «giros a rendir», tipo de pago que está prohibido en la universidad y que corresponde a «recursos en dinero efectivo, puestos a disposición de un funcionario de la universidad para el pago de bienes y servicios no personales, expresamente determinados en cada caso, los que por razones fundadas no pueden ser requeridos ni pagados a través del procedimiento de adquisición de la universidad». Esta situación fue detectada por la contralora interna, María Isabel Calaf, a quien el consejo directivo le pidió la renuncia.
Tras estos hechos, la Contraloría en su resolución indicó que «se detectaron una serie de irregularidades cometidas en la ejecución de los planes especiales de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM».
Coincidentemente, Producciones Académicas nació el mismo año 1997 y figuraban como dueños Carlos Arancibia y la Fresia Vergara -quien es la conviviente del ex encargado del Programa Especial de Titulación, Domingo Araya.
Además, la Empresa Producciones Académicas tenía por objetivo declarado prestar apoyo a distintas universidades, pero solo alcanzó a prestar servicios a la UTEM.
Las culpas de Zorrilla
El ilícito que cometió el decano Zorrilla fue la entrega irregular de una millonaria suma a Domingo Araya para que se cancelaran los servicios prestados por Producciones Académicas. «El decano entregó, aproximadamente, $114.174.000 a don Domingo Araya para que pagara servicios prestados por la Empresa Producciones Académicas Ltda., sin verificar que dichos recursos ingresaran, efectivamente, a esta empresa», señala el sumario de la Contraloría.
La resolución remarca que la cuantiosa suma fue entregada «sin haber realizado ninguna verificación del destino de estos recursos. Máxime si el señor Araya no tenía vinculación con la empresa señalada esta actuación negligente derivó que estos fondos se depositaran en la cuenta corriente bancaria de este último, sin que se acreditaran que se utilizaron efectivamente en pagar los servicios de la empresa mencionada».
En el proceso, Zorrilla planteó que «no ejercía la función propia del cargo de decano cuando colaboraba con el desarrollo y ejecución de los planes especiales de estudio». Sin embargo, Contraloría consideró esta defensa impresentable. «Resulta inadmisible atendiendo a los dispuesto en el artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 2, conforme al cual el decano corresponde a la dirección de administración de la facultad dentro de las políticas fijadas por las estructuras del gobierno superior de la universidad».
Y agrega que: «en este sentido el decano como máximo autoridad en el ámbito de las facultades debe atender en tal carácter todos los asuntos que comprenda competencia sean de carácter docente como administrativo».
Según la resolución, la universidad además, "carecía de un sistema de control contable y administrativo de los ingresos proveniente de los planes especiales, lo cual impedía contar con información fidedigna y necesaria para el mejor manejo de los recursos provenientes de dicha fuente".
Lo que queda de manifiesto en el párrafo que señala que: «la falta de control referida que da de manifiesto al comprobarse a fojas 600 a 739 del expediente sumarial que la universidad pagó a Producciones Académicas $311.630.000 por los servicios prestados sin haber profundizados correspondientemente contrato de prestación de servicios con dicha empresa. Asimismo, se demuestra al constatar que la persona contratada a honorarios para encargarse de la gestión general de los Planes Especiales de Estudios -Domingo Araya C.- Autorizó directamente al menos 37 facturas por un monto ascendente a $69.784.000 a favor de la empresa mencionada".
Otra irregularidad detectada por Contraloría fue la renuncia ficticia de Fresia Vergara a la empresa Producciones Académicas, de las que era socia, a través de un documento notarial sin valor. Vergara, según consta a fojas 814, 817 del expediente sumarial, se mantuvo, pese a "su renuncia" vinculada a la empresa.
_______________
Artículos relacionados:
Cuantioso fraude sacude a la Universidad Tecnológica Metropolitana (14 de noviembre de 2002)
