La presencia de una máxima autoridad de Gobierno en el escenario actual del conflicto, fue visto positivamente por los pehuenches, pues se trata, además, de todo un referente en lo político y en lo étnico. Inicialmente, se dijo que el ministro le daría más peso a las tratativas, aunque luego, se pasó a explicar que se trataba de encuentros puntuales. ¿Se enojó Andrade?
Las últimas dos reuniones para resolver sobre la reparación a las familias pehuenches que verán inundados sus predios por la construcción de la represa Ralco tomaron un carácter distinto con la incorporación del ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla.
Sin embargo, la posibilidad que el ministro adopte un rol más activo topó con las suspicacias que despertó el último de estos encuentros. La reunión -según el Gobierno, "de urgencia"- que tuvo ayer Huenchumilla con algunas de las familias pehuenches y sus abogados fue vista con «especial atención» en el Mideplan, cuyo subsecretario, Jaime Andrade, no estuvo del todo contento pues no se le invitó ni fue informado, pese a que siempre ha estado a cargo de este tipo de tratativas.
La entrada del secretario de Estado en las conversaciones fue recibida con expectativas optimistas por las familias afectadas y sus abogados, principalmente por la conexión que el ministro Huenchumilla tiene con el mundo indígena y por el reconocimiento del que goza entre el mundo mapuche por estar mucho más cercano a las demandas de la etnia que a las políticas gubernamentales que priman en estas materias.
A primera hora de la tarde, personeros de la Segpres explicaron que los últimos dos encuentros liderados por Huenchumilla tenían que ver con la necesidad de darle un mayor peso al tema indígena, incorporando en la discusión de la problemática y como "complemento" a las dinámicas ya sistematizadas, a un ministro de Estado que, además, está en sintonía con las demandas de las comunidades.
Se recordó, incluso, que la primera de las reuniones, realizada el viernes de la semana pasada con abogados de Endesa y de los pehuenches, fue solicitada al ministro especialmente por el Presidente Ricardo Lagos.
¿Cambio de estrategia?
Pero, horas más tarde, conocidas las suspicacias que había provocado el hecho en Mideplan, se dijo que sólo se trataban de citas puntuales relacionadas con la necesidad de coordinación e información que necesita el ministerio Segpres y se precisó que el subsecretario continúa a cargo de llevar a término el conflicto.
Andrade se comunicó en la tarde con Huenchumilla, quien le explicó al subsecretario que se había tratado de una cita para tratar temas urgentes para los indígenas, como fue la entrega, el miércoles y por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) del informe de la tasación de predios de la comisión de "Hombres Buenos", con la que se daría vía libre a Endesa para ocupar las tierras.
Ante la duda del subsecretario, el ministro -que viajó desde Valparaíso a Santiago sólo por unas horas y en medio de los preparativos de la votación del aumento del IVA en el Senado, a fin de recibir a los indígenas- manifestó a Andrade que él sólo había respondido a el requerimiento de las familias, las que dijeron necesitar reunirse con premura por esta situación y que, por lo tanto, no se trató de una cita programada.
Cercanos a Andrade aseguran que éste sentía que se había abierto una duda respecto a su rol en las conversaciones e incluso se especuló que la actuación del ministro Huenchumilla podría ser leída por la opinión pública como un cambio de estrategia del Gobierno, despojándolo de su rol de garante en el conflicto.
En la subsecretaría esta última reunión no se entendió como de emergencia, pues el lapso entre que las familias pehuenches salieron de sus localidades y llegaron a Santiago habría sido suficiente para requerir la presencia de Andrade en la cita.
Así, y aunque lo cierto es que el ministro ya entró como actor en la discusión, es evidente que no está definido el alcance ni el papel que él jugará en el tema Ralco, calificado por el Gobierno como un asunto particularmente sensible.
Un ministro con ascendiente
Pero Huenchumilla tiene características especiales que hacen pensar en él como la persona que podría lograr las confianzas necesarias en el mundo indígena: fue diputado por Temuco hasta el 2001, con lo que tiene a su haber un conocimiento cercano de la problemática; goza del respeto y reconocimiento de las comunidades, quienes lo ven como un interlocutor válido y valoran mediaciones anteriores en que ha participado.
Huenchumilla, además, se ha manifestado abiertamente en contra de las políticas impulsadas por el Gobierno en esta materia, reconociendo incluso que Chile es racista y discriminatorio.
Que una de las máximas autoridades del Estado se haya hecho cargo del problema, al menos por dos reuniones, es algo que complace a las familias y deja al Gobierno en un mejor pie para conversar con ellas. Por otro lado, podría llegar a tener un papel importante a la hora de enfrentar la llegada a Chile del relator de los Pueblos Indígenas ante las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, quien visitará el país la segunda quincena de este mes.
La permanencia del ministro Huenchumilla en las conversaciones es algo que está por verse, pero por ahora se advierten limitaciones producto de la colisión que podría producirse con la gestión del subsecretario Andrade, especialmente nombrado por el Presidente Lagos como Coordinador de Políticas Indígenas.
Resultados de la gestión
Las suspicacias se vieron acrecentadas por las conclusiones que dieron a conocer los abogados de las familias indígenas a la salida del encuentro.
Los profesionales sostuvieron que la autoridad de la Segpres les aseguró que las familias no podrán ser desalojadas con el auxilio de la fuerza pública una vez que Endesa deposite los montos en el Juzgado de Santa Bárbara, mecanismo basado en la Ley Eléctrica.
Dijeron que el Gobierno se había comprometido a respetar las condiciones que impuso la resolución ambiental de la Conama a Endesa, y que establece que la relocalización debe realizarse en base a la Ley Indígena.
La demanda indígena para que se reconozca que no debe primar la Ley Eléctrica en el traspaso de las tierras, es de especial relevancia para este sector. Con ello se podría asegurar también que los montos de reparación lleguen a los 200 millones de pesos y 77 hectáreas por familia.
A la salida de la reunión que dio lugar al, hasta ahora, desentendido, el abogado Roberto Celedón afirmó que el Gobierno estaría de acuerdo con la idea de reestablecer una mesa de negociaciones entre los abogados y Endesa para que se logre el pago de las reparaciones.
La hidroeléctrica planteó el viernes pasado que pagaría los montos a cuatro familias, dichos que sólo se mantuvieron hasta el lunes, día en que la SEC notificó del informe a las partes.
El abogado Alex Quevedo sostuvo que si Endesa solicita la salida de las familias de los terrenos se iría en contra de la propia Resolución de Calificación Ambiental otorgada por la Conama, que establece que se deben respetar los alcances de la Ley Indígena, con lo que la autoridad ambiental podría revocar los permisos otorgados.
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