El magistrado prepara para los próximos días una acción judicial que involucra al buque escuela de la Armada chilena, el que tiene previsto atracar en España en julio. Garzón actuaría en su calidad de juez instructor de querellas por violaciones a los derechos humanos, específicamente, torturas al interior del barco.
El crucero mas difícil de su historia realiza por estos días el buque escuela de la Armada chilena. Una acción sin precedentes -de la cual aún no se tiene claridad- se encuentra evaluando realizar el juez español Baltasar Garzón ante el viaje que la embarcación tiene programado por las costas de ese país europeo, entre el 23 de julio y el 7 de agosto.
El hecho provocó la alerta de las autoridades del país europeo y la noticia llegó también a Chile por canales indirectos. No se descarta que el buque de la Armada desvíe su paso por España a raíz de la filtración de la información.
La alerta fue dada por la agencia Europa Press, que informó que el magistrado solicitó antecedentes sobre el paso de la también llamada "Dama Blanca" por España.
Este medio pudo constatar que, efectivamente, el juez Garzón dirigió al ministerio de Defensa español un documento donde requiere que se le informe sobre la visita del buque chileno a los puertos de El Ferrol, del 23 al 27 julio, y Tenerife, del 4 al 7 de agosto. En el texto, el magistrado indica que "con el resultado acordará".
El hecho provocó la alerta de las autoridades del país europeo y la noticia llegó también a Chile por canales indirectos. No se descarta que el buque de la Armada desvíe su paso por España a raíz de la filtración de la información.
Qué es lo que "acordará" Garzón no es algo que esté claro, pero desde ya fuentes que prefirieron guardar reserva de sus nombres adelantan que el juez evalúa desde prohibir el ingreso del buque a las costas españolas hasta ordenar requisarlo y realizar una diligencia a bordo.
El juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra el ex jefe de Estado chileno y ex senador vitalicio, Augusto Pinochet Ugarte. Fue sobre la base de las querellas que él investiga que el también ex comandante el Jefe del Ejército permaneció recluido en Londres en 1999.
La Esmeralda zarpó desde Valparaíso el pasado 6 de abril y ya en su paso por Panamá debió enfrentar las protestas de organizaciones de derechos humanos que motivaron su desvío hacia otras aguas.
Adicionalmente, el paso de La Esmeralda por Holanda y Suecia dentro de su recorrido de verano por Europa fue cancelado a raíz de protestas de Amnistía Internacional.
Antes de su llegada a Inglaterra, prevista para el 27 de junio, parlamentarios laboristas y Amnistía Internacional solicitaron al primer ministro, Tony Blair, impedir que el buque ingrese a las costas de ese país hasta que Chile admita que fue utilizado como cárcel flotante después del Golpe de Estado en 1973, solicitud que fue rechazada pero que aún mantiene en vilo el recorrido.
El magistrado Baltasar Garzón, apodado "el juez de hierro", ya ha tenido acercamientos judiciales en lo que a barcos se refiere. Fue así como el año 2000 -en un operativo espectacular conocido como "operación Ostra" que incluyó un buque de la Armada española, un helicóptero del Ejército y 32 miembros fuerzas especiales de la policía- abordó un barco proveniente de Santo Tomás de Príncipe en la búsqueda de 10 toneladas de cocaína que supuestamente éste contenía, sin encontrar en su interior la droga.
En abril de 2001, solicitó antecedentes sobre un barco que, se creía, llevaba en su interior niños esclavos, hecho que nunca se puso comprobar.
El caso Woodward
El sumario que instruye Garzón contempla múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos, el del sacerdote Miguel Woodward, torturado y presuntamente asesinado en el buque escuela Esmeralda, según las declaraciones del capitán Carlos Fanta.
El Mostrador.cl tomó contacto con la familia del sacerdote, la que envió a este medio un comunicado público donde sostiene que fue remitido al juez español un escrito "por el cual puso en conocimiento, para los fines que él creyera oportunos, la próxima visita de La Esmeralda a puertos españoles".
Agrega que "no le propuso ninguna acción al juez ni ha tenido noticias de cuáles podrían ser los objetivos que actualmente persigue el mismo". También, que la familia "se dirigió al juez como responsable de un sumario que sigue abierto" y que en él "se incorporó el caso de su hermano, entre miles de otros, en un momento que no fue posible tomar ninguna acción legal efectiva en Chile".
El comunicado de la familia del sacerdote -firmado por su hermana, Patricia Woodward, y el marido de ésta, Fred Bennetts- especifica que "según algunas agencias de información, el juez Baltasar Garzón ha dirigido una diligencia al ministerio de Defensa español en la cual requiere que se le informe sobre la visita del buque chileno Esmeralda a los puertos de El Ferrol del 23 al 27 julio y Tenerife del 4 al 7 de agosto, indicando en la misma que con el resultado acordará".
El texto de los Bennetts explica que en el escrito que le fue entregado al juez Garzón, la hermana del sacerdote le informó también al magistrado que, "con fecha 15 de mayo, había dirigido sendas cartas al presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea y al Secretario General del Consejo de Europa, en que expuso que los cuatro gobiernos europeos que han autorizado la visita de la Esmeralda (Reino Unido, España, Francia y Alemania) han vulnerado el artículo tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales".
Esto, "dado que la visita representa un trato inhumano a las víctimas de la Esmeralda y a sus familiares que ahora viven en Europa (ii) que el gobierno de Chile ha vulnerado los Artículos 1, 12, y 16 referentes a derechos humanos del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE, aprobado por el Parlamento Europeo en noviembre 2002 y que todavía está sujeto a ratificación por la mayoría de los países miembros.
Querella en Chile y el misterio de los archivos Rettig
La muerte del sacerdote Miguel Woodward es investigada en Chile por la ministra de fuero Gabriela Corty, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a raíz de una querella interpuesta el año 2002.
Los cargos de la acción legal son genocidio (por motivos religiosos), terrorismo de Estado, homicidio calificado, delitos contra el Convenio de Ginebra y otros tratados internacionales, secuestro calificado, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, inhumación y exhumación ilegales, y asociación ilícita.
Pero la investigación en nuestro país ha debido enfrentar más de una complicación, según comenta la hermana del sacerdote en la carta enviada a este diario.
Primero, por la sobrecarga de trabajo de la magistrada, a la que no se le ha otorgado dedicación exclusiva en el caso. Un segundo problema se refiere a una situación hasta ahora desconocida y particularmente grave: los archivos de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig) "no están en condiciones íntegras".
La carta de la familia Woodward constata que "han existido serias dificultades para asegurar que la juez pueda acceder a pruebas claves que se encuentran en (ese) archivo. Se ha comprobado que la copia (de éste), custodiada por el ministerio de Justicia, no está en condiciones íntegras, por una reclasificación del material según el ministerio y por motivos más graves según otras fuentes".
Este medio indagó hace unos meses en Chile respecto a esta situación y las versiones daban cuenta de extravíos o destrucciones de los documentos.
Los Benetts incluyen en su carta a este diario una referencia a este tema: "A pesar de haberse oficiado una orden judicial al respecto, hasta ahora no han sido facilitadas a la jueza las 130 páginas de testimonio sobre el caso de Miguel que, nos constan, están incluidas en otra copia (esa sí íntegra) de los archivos cuyo depositario es la Corporación Justicia y Democracia. Dicha Corporación custodia los documentos presidenciales del ex Presidente de Chile Patricio Aylwin". Estos serán entregados por el ex mandatario esta semana al Archivo Histórico Nacional, digitalizados.
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Vea además
Comunicado de la familia del padre Miguel Woodward
