La resolución del Sexto Juzgado Civil de Santiago permite que las obras de construcción de la central hidroeléctrica continúen desarrollándose, pero impide la inundación de la zona del Alto Biobío.
El titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Ascencio, acogió parcialmente la medida precautoria presentada por las familias pehuenches que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el sector del Alto Biobío.
El magistrado, basándose en los artículos 290, 298, 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, dio «ha lugar a la medida precautoria de Ralco».
La resolución sostiene que «si bien podrán continuar las obras de ejecución de la obra central del proyecto de Ralco, que tiene un 85 por ciento de avance, no se podrá proceder a la inundación» de la zona.
El fallo agrega que «no cabe dudas que la paralización de las obras en el actual estado de avance, al tenor de lo expuesto por Endesa, significaría un daño difícil de predecir, tanto para la empresa misma como para los intereses de la comunidad nacional toda, entre la cual se cuentan las propias demandantes, por lo que el Tribunal, al tomar su decisión, tendrá en consideración tales características».
El documento remarca, además, que «en los hechos, lo que las actoras de autos han tratado de evitar al accionar como lo hicieron, ha sido que sus tierras se vean inundadas por las aguas del lago artificial que se formará al entrar en operaciones la Central Hidroeléctrica Ralco, tierras que, para la ejecución de las obras se hace necesario permutar, con lo que entra en juego la normativa de la Ley Indígena. Lo anterior se ve corroborado porque precisamente el estudio de impacto ambiental que la empresa Endesa presentara en la Conama en su oportunidad, adolecía de defectos en lo que decía relación al plan de relocalización de las comunidades humanas afectadas por el Proyecto, razón por la cual el órgano consultor de la Conama fue de parecer de rechazar el estudio de evaluación de impacto ambiental respectivo».
Los familiares resolvieron presentar la precautoria una vez que fracasaron las negociaciones con la impulsora del proyecto, la empresa eléctrica Endesa, y con el Gobierno, y luego que el mismo tribunal declarara nulo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió el comienzo de las obras.
Los grupos indígenas exigen una indemnización de 200 millones de pesos y 77 hectáreas a 15 núcleos familiares, a lo que Endesa se opone desde que se judicializó el proceso.
Fuentes ligadas al caso aseguran que esta resolución perjudicaría de todas maneras las actividades que se desarrollan en el Alto Biobío, pues en la práctica «es como tener una piscina, pero sin llenar», lo que -obviamente- no es el fin de la empresa eléctrica.
Reacciones
El abogado patrocinante del recurso, Alex Quevedo aseguró que, si bien el fallo no acoge lo que se lo que solicitó «contempla una parte importante, que es que no se pueden inundar los predios hasta que termine este juicio».
Quevedo sostuvo que la determinación del juez es importante pues «se ordena que no se inunde el sector donde viven alrededor de 50 familias pehuenches, entre ellas las 14 que deben ser indemnizadas».
El profesional aseguró que están evaluando qué medidas tomar con los otros representantes de las familias, «lo que podría ir desde un aclaración hasta una reposición de lo que se requirió. Creemos que se debieron haber paralizado las faenas por el daño medioambiental que están ocasionando las obras en Ralco».
En el departamento de comunicaciones de Endesa afirman que los ejecutivos de la compañía están analizando los alcances y en las próximas horas se pronunciarán respecto al tema. A la vez, afirman que desde el momento en que las familias judicializaron el proceso se está solicitando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que de a conocer el informe de la Comisión de Hombres Buenos para conocer la tasación de los terrenos indígenas.
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