El texto propone compensación económica para los familiares de detenidos desaparecidos y cambiar la figura legal a ausencia por desaparición forzada.
Esta mañana, el secretario nacional de la Democracia Cristiana, Jaime Mulet, junto al diputado Gabriel Ascencio, concurrieron a La Moneda para entregar al ministro del Interior, José Miguel Insulza, la propuesta del partido en materia de derechos humanos. La DC llega a proponer su fórmula después de que lo hicieran hace ya dos semanas el PS y luego de la idea de la «teletón» expuesta por el PPD anteayer.
El documento elaborado por la DC consta de cinco hojas y fue elaborado por ambos parlamentarios basándose en una antigua propuesta de Luciano Fouilloux. La parte del texto referida a materias concretas en el tema de los derechos humanos la terminó de redactar ayer Ascencio y luego, se la envió a Mulet para que incorporara la parte política.
En su apartado político, la propuesta sostiene que aún hoy, después de casi treinta años del comienzo del régimen militar y de los esfuerzos que se han hecho para avanzar en este sentido, un conjunto importante de chilenos reclama de la sociedad y de sus instituciones, reparaciones justas que compensen -en parte- el dolor o pérdida sufrida por un acto violatorio de sus derechos como consecuencia de la acción de agentes del estado.
"Los exonerados políticos son un claro ejemplo de ello; también los exiliados, que fueron obligados a salir del país por el peligro que para su seguridad representaba su permanencia en él; los ex presos políticos y los torturados, que se cuentan por miles, son otros actores de este proceso que también tienen sus demandas. Y junto a los anteriores, esperan verdad, justicia y dignas reparaciones, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados por razones políticas. Y nuestro convencimiento es que Chile tiene una deuda con todos ellos".
En este sentido, se sostiene que el desafío de la sociedad chilena es alentar la verdad y la justicia; proveer de reparaciones económicas, y promover políticas públicas destinas a que desde la institucionalidad del Estado chileno se vele por el respeto al legado de las víctimas, la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
Básicamente, el texto propone efectuar compensaciones económicas a los familiares de los detenidos desaparecidos. Además, postula cambiar la figura legal de los juicios por la de ausencia por desaparición forzada de personas.
Alentar a la justicia
Asimismo, establece la necesidad de promover acciones referidas a los derechos humanos, en este sentido, se opone tajantemente a la posibilidad de un punto final o término anticipado de los diversos procesos judiciales actualmente en trámite.
En este sentido, se valora el esfuerzo de los jueces y el avance impensado de los juicios criminales que van develando detalles de lo ocurrido y responsabilizando a los culpables. Asimismo, reconoce el difícil momento en que se encuentran tanto las víctimas como los victimarios y sus familiares, por ello se recuerda que la sociedad chilena y sus instituciones civiles, morales y militares no deben olvidar el gran objetivo de ubicar los restos o conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.
De esta forma, se señala que si no hay fórmulas de diálogo o encuentro que permitan recibir más información, "nuestra obligación es dejar tranquilos a los Tribunales de Justicia que avanzan en estos asuntos".
Además, la DC hace eco de la solicitud de la agrupación de familiares de dd.dd., en términos que es necesario efectuar un pronto examen del número de víctimas cuyos procesos aún no tienen jueces exclusivos, para que se inste a su designación o bien que los que ya están designados asuman dichas causas.
También se señala que el Estado debe mejorar los instrumentos legales que tiene para la protección de los derechos humanos. Así por ejemplo, debe ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al igual que debe ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional, y ratificar la convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
En lo que respecta a materias judiciales, y para efectos civiles necesarios para familiares de las víctimas, la DC se manifiesta de acuerdo con la creación de una figura como la "declaración de ausencia por desaparición forzada", planteada por las agrupaciones de detenidos desaparecidos.
Compensaciones económicas
El propuesta señala que la reparación económica debe ser parte importante de la preocupación de la sociedad chilena, pues esto responde a la satisfacción de necesidades reales de los ofendidos, consideradas como aquellas que pretenden la dignificación de la víctima o de su familiar. Así, el desafío es responder en algún momento a todas las demandas sociales de quienes se sienten postergados o discriminados, especialmente en temas de empleo, seguridad social, salud o educación.
De esta forma, si bien la DC sostiene que mientras tanto respaldará al Gobierno en aquellas materias que tiendan al mejoramiento sustantivo de la ley de reparaciones, no solo en materia de pensiones, sino también en aquellos que se refieren a beneficios médicos o educacionales, u otros de tipo social que se consideren adecuados, también señala que se debe enfrentar el rechazo de las demandas civiles de indemnización a raíz de la prescripción de la acción civil que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado, tesis acogida por nuestros Tribunales.
En este sentido, cabe recordar que el CDE sostiene que ellos tienen como obligación resguardar los intereses del Estado y, por tanto, solicitar la estricta aplicación de la ley. En caso contrario, ellos estarían en infracción legal.
Sin embargo, la DC cree que existen por lo menos dos fórmulas que el Gobierno debiera explorar sobre la materia: una, es modificar la ley, para declarar que las acciones civiles de indemnización por graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, permitiendo que la cuantía de estas indemnizaciones las regulen los Tribunales de Justicia.
La segunda, otorgar facultades a alguna institución que represente al Estado a fin de acordar extrajudicialmente con los representantes de las víctimas, indemnizaciones cuyos montos pudieran ser establecidos mediante una tabla indemnizatoria proporcional al grado de parentesco y otras variables determinadas en la misma ley, considerando experiencias comparadas con el derecho internacional.
Promoción de los derechos humanos
El último punto del texto se refiere a la promoción de políticas públicas destinadas a proteger y promover los derechos humanos.
En este sentido, se señala que se justifican plenamente acciones que generen un real testimonio a la memoria colectiva, como memoriales o monumentos que nos comprometan con la paz y la justicia, con políticas educacionales que incorporen la enseñanza y el respeto por los derechos humanos.
Así, la DC recoge la proposición del abogado Luciano Fouillioux, en el sentido de instalar al interior de la institucionalidad del Estado, un referente que vele por el fomento, protección y fiscalización de los derechos humanos. El Defensor del Ciudadano, o una Subsecretaría de Derechos Humanos que dependa del Ministerio de Justicia, pueden ser las figuras a crear, que mejor velen por el sentimiento y deseo de todos de que nunca más en Chile, se violen estos derechos.
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