La situación es tan compleja que en el Comando de Telecomunicaciones ya casi no queda lugar para seguir conteniendo a los militares procesados y, en regiones, no existen dependencias para este efecto, menos si se llegan a condenar a ex uniformados y deben cumplir sentencia.
Un problema ligado con el espacio es el que enfrenta por estos días la Justicia Militar, y también el Ejército. Y no se trata de una afirmación aeronáutica, sino de falta de lugares donde contener a la gran cantidad de militares sometidos a proceso en causas por violaciones a los derechos humanos, algunos de ellos esperando una eventual condena por varios meses. Es es el caso, por ejemplo, de los ex oficiales de inteligencia encausados desde octubre de 2002 en el caso Berríos cuya libertad ha rechazado en dos oportunidades la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los comentarios reiterados en este sentido los hacen los abogados de la justicia militar y tienen correlatos en fuentes de la Auditoría General del Ejército (AUGE).
El cruce, aunque el ámbito político lo tienen las constantes declaraciones y apariciones del comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien solicita públicamente una solución al tema de derechos humanos. Fuentes de la AUGE, comentaron que las palabras de Cheyre contienen, aunque sin mencionarlo, algo de este problema de espacio.
La situación es tan compleja que en el Comando de Telecomunicaciones ya casi no queda lugar para seguir conteniendo a los militares procesados y, en regiones, no existen dependencias para este efecto, menos si se llegan a condenar a ex uniformados y deben cumplir sentencia.
De allí que se esté evaluando comenzar a pedir a los magistrados que instruyen las causas de derechos humanos que las detenciones preventivas, al menos en el caso del Ejército, se cumplan como "arresto domiciliario" o bien en el hospital militar. Con eso, estiman las fuentes, se podría descomprimir, aunque no solucionar, la falta de las singulares "celdas", donde están privados de libertad los ex uniformados.
El problema no sólo afecta al Ejército, sino también a Carabineros y la Armada. Los dos últimos, por ejemplo, han tenido que habilitar comisarías o unidades navales casi a última hora para que sus nuevos residentes estén en dichos lugares.
El primero que aprovechó este nuevo criterio fue el ex jefe del Servicio Secreto de Espionaje del Ejército (SSE), Maximiliano Ferrer Lima, quien se haya condenado en el caso Tucapel Jiménez, como también procesado en la muerte del sacerdote Antonio Llidó. El ex espía está cumpliendo la detención preventiva en el Hospital Militar por un misterioso accidente que le ocurrió.
En la ficha de ingreso de Ferrer Lima se señala que tiene un "tec cerrado" y que deberá ser "evaluado por un siquiatra".
Fuentes de la AUGE comentaron que esto se trataría de una doble estrategia. Por un lado lograr que la detención se cumpla en el recinto asistencial, como también iniciar una nueva idea que algunos militares intenten "pasar por locos", dijo la fuente.
En cualquier caso, el tema de los procesados tiene por último otro elemento complejo. Los jueces y las Cortes estaban otorgando la libertad a los militares cuando estos se hallaban procesados y lo era nuevamente en otra causa, manteniendo así el "criterio pro reo". Sin embargo, algunas salas están prefiriendo negar este beneficio, con lo que los lugares de detención se están llenado.
Abogados de algunos de estos uniformados sostienen que sus clientes paulatinamente están comenzando a reclamar por las condiciones de encierro, las que en todo caso distan en forma sideral de las que se viven en lugares como la Penitenciaría, San Miguel o Puente Alto.
Para las próximas semanas se espera que otros 20 o 30 militares más caigan detenidos en distintas causa, con lo que la estrategia ideada por el AUGE quizás se lleve a efecto. Otra cosa, eso sí, será lo que digan los jueces.
