La propuesta de Derechos Humanos del PS - El Mostrador

martes, 22 de mayo de 2018 Actualizado a las 15:46

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La propuesta de Derechos Humanos del PS

por 25 junio, 2003

Nunca Más



1. Los países no pueden proyectar de manera apropiada su presente hacia el futuro si carecen de interpretaciones serenas sobre su pasado. Un pasado ignorado o mal asumido colectivamente, especialmente cuando se trata de episodios históricos traumáticos y dolorosos, tiene efectos paralizantes porque prolonga desconfianzas profundas en la sociedad y no permite establecer bases éticas comunes para la vida colectiva.



Construir una sana memoria histórica, que permita una adecuada transmisión del pasado a las nuevas generaciones, no es sólo tarea de historiadores sino de la sociedad en su conjunto, y en su seno también de los actores políticos. Una sana memoria histórica supone admitir la diversidad de interpretaciones, y valorar dicha diversidad como necesaria, pero es más importante dejar establecidas distinciones éticas fundamentales en beneficio de una vida en común civilizada.



2. Es nuestro deber como sociedad, y especialmente de los que hoy tenemos responsabilidades públicas, legar a las nuevas generaciones de chilenas y chilenos que fuimos capaces de asumir la realidad de los crímenes cometidos por la dictadura que se instauró en Chile el 11 de septiembre de 1973, condenarlos y establecer las responsabilidades correspondientes.



Esto debe hacerse mediante el método civilizado de conocer la verdad judicialmente y ejercer justicia mediante los procedimientos del Estado de derecho, incluyendo los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que está obligado a respetar según el artículo 5 de la Constitución aprobado en 1989. Legar la impunidad y la ausencia de reparación frente a acciones tan atroces e injustificadas sería una irresponsabilidad histórica frente al futuro de Chile.



Hemos dado pruebas hasta la saciedad de que no nos anima un espíritu de revancha ni de venganza, sino de búsqueda de la verdad completa, de la justicia necesaria y de la reparación indispensable. La responsabilidad ante la historia es el fundamento de la postura del Partido Socialista de considerar inamnistiables e imprescriptibles los crímenes atroces cometidos, que no sólo afectaron a las víctimas sino fueron crímenes contra los valores más fundamentales de la sociedad chilena y en definitiva crímenes contra la humanidad.



Esta postura procura no sólo cerrar en lo que sea posible mediante el ejercicio de la justicia las heridas individuales y colectivas que se arrastran por décadas, sino también dejar consagradas en la sociedad chilena las bases para que nunca más hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Es una postura que busca preservar un futuro de paz y convivencia civilizada para nuestros hijos.



3. El Partido Socialista mantiene su profunda convicción de que el golpe de Estado de 1973 no fue un hecho inevitable fruto de una espiral de violencia. Quienes afirman lo contrario son precisamente los que lo promovieron y lo realizaron y de ese modo tratan de excusar su responsabilidad histórica y muy en especial muchos de quienes hoy se agrupan en la UDI.



Está plenamente documentado que la derecha chilena, y el gobierno de Estados Unidos, hicieron todo lo posible para impedir que asumiera su cargo el Presidente Allende, procurando que el Congreso Pleno no ratificara en 1970 la mayoría relativa obtenida limpiamente en las urnas por Salvador Allende. Estimularon además que grupos conspirativos actuaran con violencia, incluyendo el intento de secuestro con resultado de muerte del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, para interrumpir la normalidad institucional, todo lo cual ocurrió antes de que la Unidad Popular asumiera siquiera el gobierno.



Esos mismos actores promovieron una oposición multifacética que incluyó el uso abundante de actos violentos, la que apuntaba a un único objetivo: derrocar por la fuerza al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende e impedir la realización de su proyecto de progreso social en democracia. Así quedó en evidencia al prestarle pleno apoyo al golpe de Estado de 1973 y al régimen de dictadura militar que se instaló por casi 17 años en Chile, en cuyo centro y periferia se encontraban también los más connotados líderes actuales de la UDI.



4. Las fuerzas que nos proponíamos mantener el régimen democrático en Chile nos dividimos y no fuimos capaces de mantener una política consistente de defensa de la democracia y de llegar a los acuerdos que hubieran impedido el golpe de Estado. Está fuera de toda duda que el Presidente Allende mantuvo al respecto una actitud invariable e intachable.



Su gobierno respetó, en medio de circunstancias muy difíciles, todas las libertades y derechos de las personas. Es conocido que el 21 de mayo de 1971 invitó a los chilenos a realizar un proceso de construcción del socialismo en democracia y con pleno respeto de las libertades y que el 11 de septiembre de 1973 pronunciaría un discurso al país convocando a un plebiscito, que hubiera permitido encauzar democráticamente el profundo conflicto que vivía el país. El golpe de Estado fue adelantado por los que habían tomado con mucha antelación la decisión de terminar con la democracia.



5. No obstante, los socialistas hemos señalado, y lo reiteramos, que no hicimos lo suficiente por defender el régimen democrático. Nos propusimos llevar a cabo un programa de cambios que no contaba con las mayorías parlamentarias y sociales necesarias, mantuvimos intransigencia en la materia y no prestamos al Presidente Allende el apoyo que necesitaba de su partido para conducir el gobierno por los derroteros que había definido.



Nuestra percepción de que la derecha y el gobierno de Estados Unidos harían todo lo posible por interrumpir la democracia y el proceso de cambios sociales, adquirida con especial fuerza desde los años sesenta y validada a la postre por los hechos históricos, nos llevó a radicalizar nuestras posiciones. Si las conductas intransigentes hubieran sido evitadas y las mutuas percepciones de amenaza hubieran sido despejadas, se pudo haber superado la profunda división de las fuerzas democráticas, contenido la acción de los promotores del golpe de Estado y con ello encaminado al país a un proceso de superación de la crisis por medios democráticos, por avanzada que estuviera la polarización política. Nuestra conclusión, consolidada hace ya mucho tiempo fruto de largos y múltiples debates, es que la lucha contra los enemigos de la democracia debe hacerse con los medios de la democracia. Su pérdida se tradujo, como sabemos, en una gran tragedia histórica.



6. Durante la dictadura militar de 1973-1990, según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se produjeron 1 983 muertes en manos de agentes del Estado y otras 1 102 personas fueron objeto de detención y posterior desaparición por los organismos estatales de represión. Otras 1 500 denuncias no pudieron ser aclaradas y permanece además una incógnita sobre la magnitud de casos de asesinatos que no han sido denunciados y que de modo verosímil se agregan a las 4 680 situaciones mencionadas. Miles de chilenos fueron apresados y torturados y muchos más sufrieron un largo exilio. Del orden de 500 militantes socialistas perdieron su vida en este terrible episodio de la historia nacional.



No puede ser sino chocante para el Partido Socialista que la responsabilidad de semejante situación le sea atribuida, como ocurre de modo intolerable por los defensores del golpe de Estado y de la dictadura militar, y en especial por muchos de quienes hoy se agrupan en la UDI, y nuevamente es sugerido en el documento que ese partido ha dado recientemente a conocer. Atribuir a las víctimas la responsabilidad de los crímenes cometidos por sus victimarios constituye una postura éticamente inaceptable.



Cabe recalcar que la dictadura militar logró el completo control del país en 48 horas, de acuerdo a la Comisión Rettig: la supuesta capacidad militar de la izquierda era marginal. En cambio, se propuso "extirpar el cáncer marxista" mediante un operativo frío, planificado y persistente de identificación, detención y exterminio mediante torturas atroces, asesinatos y desaparición de dirigentes y militantes sin defensa de los partidos de izquierda y en ocasiones de otras fuerzas políticas, así como simples ciudadanos. Estos hechos no tienen justificación política y ética ninguna.



7. A los que consideran que los crímenes cometidos eran necesarios para imponer un modelo liberal de mercado, cabe señalarles que son muchos los ejemplos de reformas pro mercado realizadas en democracia y muchos los ejemplos de restablecimiento del orden en el marco del derecho. Los propios hechos de la guerra tienen su regulación en el derecho humanitario, el que excluye expresamente la tortura y asesinato de prisioneros. Los que defienden o morigeran los crímenes cometidos en Chile tendrán que cargar históricamente con su cobardía moral y su distorsión ética.



Sin embargo, creemos que los esfuerzos sistemáticos desplegados por los socialistas y todos los defensores de los derechos humanos han permitido el retroceso de la lógica de la impunidad a la que asistimos hoy en la sociedad chilena y permitido la afirmación colectiva cada vez más consolidada de que los hechos de represión no tuvieron justificación y menos pueden repetirse en el futuro. Este avance constituye una victoria de la consistencia y la perseverancia.



8. La UDI ha hecho un planteamiento sobre el tema de derechos humanos. En él se hace una interpretación histórica en la que no asume sus responsabilidades como grupo que participó en plenitud en el régimen de dictadura y fue cómplice y defensor de sus crímenes. Lo que es más grave, no condena el golpe militar ni tampoco de manera inequívoca las violaciones a los derechos humanos. Sus propuestas en materia de acción de la justicia plantean de manera velada lo que los socialistas siempre hemos rechazado: un cierre de los procesos para dar paso a la impunidad.



9. La UDI, más allá de un lenguaje ambiguo, no se pronuncia tampoco sobre un hecho esencial: su apoyo a las legislaciones pendientes en el Congreso, como el Tribunal Penal Internacional y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que están llamadas a consagrar el reclamo de la sociedad chilena de cara al siglo 21: nunca más golpes de Estado ni violaciones a los derechos humanos.



10. Sobre los mecanismos reparatorios, reiteramos nuestros planteamientos realizados con anterioridad y nos pronunciaremos en su momento sobre la propuesta que hará el gobierno.

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