Tras el fin del sumario administrativo, que lo destituyó del cargo tras el escándalo de las bases de datos auto compradas, el abogado presentó un recurso de protección en el que denuncia que Aitken no incluyó ex profeso en el expediente declaraciones que lo favorecían, y también una supuesta "investigación ilegal" efectuada por Jorge Correa Sutil.
El abogado y ex Defensor Penal Público, Alex Carocca, fue notificado hace un mes del resultado de una investigación administrativa iniciada por la Contraloría General de la República luego que estallara, en octubre de 2001, el bullado escándalo por la supuesta auto compra que habría realizado de una base de datos computacional. El hecho llevó al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, a pedirle la renuncia.
A poco de cumplirse dos años de ocurridos los sucesos, el sumario abierto por la Contraloría impuso una medida disciplinaria: la destitución del cargo que ostentaba en aquella época. Pero Carocca no quedó conforme con la investigación realizada por uno de los hombres duros del organismo fiscalizador, Raúl Aitken, quien es considerado un experto en materias de supervisión del estatuto administrativo y que, actualmente, está a cargo el caso Corfo-Inverlink.
En un extenso documento presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Carocca detalla antecedentes desconocidos de la investigación que, paralelamente, lleva a cabo la Justicia. Del sumario criminal, iniciado tras una denuncia del subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, está a cargo el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal que ha cerrado la causa en dos oportunidades, sin establecer delitos.
La ex autoridad de la Reforma da cuenta en su escrito de las múltiples acciones ilegales en que habría incurrido el fiscalizador Raúl Aitken durante la realización del sumario administrativo. Entre ellas, el no incluir en el expediente declaraciones favorables al acusado que prestaron algunos funcionarios interrogados por Aitken.
Asimismo, Carocca acusa a Raúl Aitken de no considerar informes que restaban asidero a las faltas imputadas, entre los que estaría un documento de la propia Defensoría Penal Pública que constata que una serie de viáticos imputados a Carocca, en realidad nunca fueron pagados.
La investigación de la Contraloría -además del tema de los viáticos- se centró en aclarar si el ex Defensor Público realizó una asesoría al Servicio Nacional del Consumidor, incompatible con su cargo; si participó o no en la recepción de un estudio incompleto y si, efectivamente, se auto vendió una base de datos que confeccionó junto a una alumna de derecho de la Universidad Diego Portales.
Como el objetivo del recurso de Carocca es dejar sin efecto una resolución gubernamental, la acción legal va dirigida contra el Presidente de la República, Ricardo Lagos, por ser él quien aplicó, en lo formal, la sanción de destitución. Carocca señala en la presentación que: "se trata de una sanción efectuada con un claro ánimo denigratorio", pero exculpa de esta situación a "las autoridades que tomaron la decisión final", en este caso, Lagos, ya que "no pudieron revisar por sí mismos todos los antecedentes".
El recurso fue admitido a trámite por la Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago hace 10 días, tribunal que solicitó al Presidente Lagos informar sobre el asunto.
En el recurso, Carocca admite que "múltiples razones", incluida la jurisprudencia o tendencia de las Cortes a restringir la procedencia de los recursos de protección frente sanciones administrativas, lo hacen estar consciente que una presentación de este tipo es difícil que prospere en tribunales, pero señala confiar en la posibilidad de que se desarrolle una doctrina en dicho sentido.
Carocca: Hubo motivos políticos
El más escandaloso de los hechos por los cuales se acusó a Carocca -y que gatilló su renuncia y dio origen al sumario administrativo de la Contraloría que ahora impugna- fue la adquisición de la base de datos.
Todo se originó tras una denuncia de una ex estudiante -Claudia Hernández Sánchez- y que, según Carocca, "fue rápidamente aprovechada por otras personas y autoridades para conseguir que yo tuviere que dejar el cargo". De acuerdo a su escrito, esta fue la ocasión precisa para "conseguir mi renuncia… ya que es sabido que a esos niveles, la competencia por el poder es y ha sido siempre implacable".
Carocca profundiza: "Hoy día, establecida la falacia de los hechos presentados en su momento como delictivos, tales personas, lejos de reconocer su error, han conseguido respaldo a su actuación por razones extrajurídicas, derechamente de orden político, ya que otra actitud equivaldría a quitarle piso político a las autoridades que actuaron en mi contra".
El ex Defensor sostiene que esas "autoridades" fueron encabezadas "por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil", lo que "se encuentra establecido por las declaraciones prestadas por la propia denunciante", Claudia Hernández.
Señala que el grupo se constituyó en "una Comisión Especial, ilegal e inconstitucional" que realizó "una investigación de los supuestos hechos, que duró tres días, recibiendo declaraciones, designándole a la señorita (Hernández) un abogado, recopilando presuntos antecedentes, sin darme a conocer jamás la existencia de la denuncia".
El misterio de las bases de dato
En la acción legal interpuesta por la subsecretaría del Interior ante el Tercer Juzgado del Crimen, el día viernes 12 de octubre, se señala que Carocca adquirió para la Defensoría una base de datos que pertenecía a la Universidad Diego Portales.
"En la investigación penal, al cabo de la primera declaración de la Srta. Hernández, se comprobó que se trataba de una base de datos de su propiedad, para cuya elaboración, como contó ella misma, tuvo colaboración de su ex novio, ingeniero civil. Luego, un peritaje demostró que se trataba de un trabajo inédito, complejo, de gran valor comercial, y, por lo tanto, que en este sentido, nada de irregular había en su adquisición", apunta Carocca en el escrito, donde también sostiene que la redacción del contrato para adquirir el trabajo se hizo con "todos los resguardos requeridos".
La historia de la supuesta auto venta ha estado plagada de versiones y contra-versiones. Según el escrito del ex Defensor Público, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
"En una decisión muy consultada al interior del organismo, se celebró un contrato para adquirir una base de datos, con la intención de incorporarla a la página web de la Defensoría Penal Pública.
"Al momento de la firma y pago, postergado varias veces y después de una apurada reunión, se produjeron discrepancias respecto a las cláusulas del contrato, especialmente la referente a la cesión de la propiedad intelectual, por lo que suspendí en el acto la reunión, lo que llevó a la Srta. Hernández a tomar indebidamente -según confesó en el tribunal- y posteriormente a negarse a devolver el documento fiscal de pago, sin percatarse de que le faltaba mi firma».
Según Carocca, estos hechos pueden comprobarse "acompañando el ejemplar del contrato de adquisición de la base de datos, correspondiente a la señorita Hernández, que puede apreciarse rayado completamente, manifestando su disconformidad con las cláusulas cuestionadas; y, en cuanto, a la forma que se hizo del documento, con sus propias declaraciones, ya que ha reconocido textualmente ‘tomé el cheque y lo guardé, no recuerdo dónde’".
"Frente a lo inesperado de la situación, para asegurar su devolución, acepté en garantía un documento suyo, que ordené guardar en custodia a un funcionario, mientras se solucionaban las dificultades surgidas, presumiblemente con una nueva redacción del convenio o su rescisión».
"Antes que esto ocurriera, ésta última consultó a profesores de la Universidad Diego Portales, temerosa de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por su propia actuación, quienes dieron por establecido que el trabajo que se trataba de adquirir pertenecería a la Universidad. Esto, porque años antes presenté un proyecto de investigación para recopilar jurisprudencia, que a los pocos días fue rechazado por la Casa Central y nunca se hizo».
"No obstante, remitieron el asunto al también profesor de la universidad y subsecretario del Interior, quien previa una ilegal "investigación" (según relató con posterioridad la Srta. Hernández), con consideraciones políticas de por medio, al cabo de tres días, presentó por escrito una denuncia, la que no ha prosperado en tribunales".
El ex Defensor reclama que el sumario administrativo se centró en "la que se supone fue la versión de la Srta. Hernández", dichos que habrían quedados desvirtuados por ella misma en el sumario penal. Sobre este punto, Carocca advierte. "Hay dos opciones: o (en la Subsecretaría del Interior) inventaron los hechos o, bien también fueron engañados (por ella)».
Sobre el episodio del cobro de los cheques, Carocca señala que Hernández, en el sumario criminal, "narró detalladamente cómo depositó el documento en su cuenta corriente, fuera del horario de funcionamiento del banco, sin saber que no estaba firmado por mí. Como no hubo perjuicio alguno, porque el cheque no lo firmé, se hace difícil perseguir criminalmente su conducta". Sin embargo, hace ver que en mayo de 2003, esta Claudia Hernández fue sancionada por la misma UDP y los profesores "que en su momento le dieron credibilidad" por ser autora de plagio.
El recurso señala, además, que si el cheque "no fue firmado, nunca existió como tal, de modo que jamás pudo existir perjuicio fiscal".
Carocca sostiene que el sumario de la Contraloría omite, además, "tener en cuenta que el mismo día y pocos minutos antes, a favor de la misma persona, concluyendo un trabajo totalmente diferente -se refiere a los instructivos del Ministerio Público, de fecha posterior a mi renuncia la casa de estudios- que sí fue firmado, respecto del cual no ha hecho cuestionamiento alguno en cuanto a su procedimiento de extensión".
Los argumentos contra Aitken
Además de la supuesta auto venta de bases de datos, el sumario de la Contraloría investigó una presunta asesoría de Carocca como abogado al Sernac, al mismo tiempo que se desempeñaba como Defensor Público.
Sobre este tema, el aludido reclama en el recurso de protección que "se encuentra certificado documentalmente, que nunca se prestó tal supuesta asesoría, que no existe ningún contrato en virtud del cual se me haya contratado y establecido mis supuestas labores, que no existe ningún acto o actuación que avale esa supuesta asesoría y, en fin, que no existe ni siquiera algún pago". Señala que el Sernac emitió un documento expreso sobre la materia, el cual "ni siquiera fue considerado en la vista fiscal".
Sobre este cargo, Carocca denuncia al Raúl Aitken de haber omitido "consignar por escrito las declaraciones prestadas (ante el funcionario fiscalizador) por el jefe del departamento Jurídico y otros abogados del mismo Sernac que ratificaban que tal asesoría nunca se prestó".
La acusación que formula el recurrente es grave, pues en la Ley que rige a la Contraloría se establece que los sumarios deben tramitarse por escrito y "agregando las aseveraciones que se hagan, que deberán llevar la firma de los funcionarios o personas declarantes y las del delegado".
La ex autoridad dice que el hecho que dio pie a "esta invención" de la asesoría fue un contrato celebrado entre él y la Fiscalía del Sernac el 26 de febrero de 2001, y concluido el 30 de marzo de ese mismo año, previo a su designación como cabeza de la Defensoría Penal Pública.
"Se me encomendó revisar los aspectos procesales de un anteproyecto de modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, ofreciéndoseme una pequeña remuneración por algunas consultas. Luego, nunca más volví a saber de ese servicio", sostiene.
Si la Contraloría no cuenta con otro contrato ni acto administrativo -"no se acompaña, no se menciona fecha ni monto"- y si supone este organismo que su nexo con el Sernac se trató de una "situación de hecho" o ilegal, "¿por qué entonces no se le formularon cargos al director o demás autoridades del Sernac, que son quienes habrían permitido semejante irregularidad?", pregunta Carocca.
El tema de los viáticos
Otro de los cargos formulados por la Contraloría contra Alex Carocca y por el cual éste recurrió de protección, fue el haber dispuesto que la Defensoría Penal Pública asumiera los gastos de alojamiento y alimentación en cuatro viajes, de un día y medio de duración cada uno, entre los meses de julio y agosto de 2001.
La Contraloría sostuvo que Carocca había recibido comisiones de viáticos completos, en circunstancias que la Ley sólo faculta para el cargo que él ostentaba el rembolso del cuarenta por ciento. Según el escrito, se trataría de una diferencia de $15.232 por cada uno de los cuatro días cuestionados.
El ex Defensor afirma que "el supuesto cobro indebido nunca se verificó, porque la Defensoría nunca se hizo cargo, según mis órdenes, del presunto pago". Señala que ello consta en un certificado emitido el 22 de enero de 2002, "al que ni siquiera alude el señor Fiscal administrativo" en su investigación.
"Forzoso es concluir que la tan señalada irregularidad, consistente en haber dispuesto el pago al mismo tiempo de viáticos y de gastos de alojamiento y alimentación, nunca se cometió. Es decir, los hechos imputados jamás tuvieron lugar, porque la Defensoría no se ha hecho cargo de los gastos de alojamiento y alimentación en los días a que se refieren los pagos de los viáticos", dice el escrito.
Carocca, finalmente, se defiende de los cargos levantados en su contra por la recepción de un trabajo incompleto, relativo a un resumen de todos los instructivos del Ministerio Público.
"Nuevamente, se trata de una imputación carente de todo asidero, ya que el trabajo encomendado fue un resumen de los instructivos del Fiscal Nacional del Ministerio, el que fue entregado en disquetes y páginas impresas, dentro del plazo convenido. No se comprende cómo el Sr. Fiscal sostiene que el trabajo no está completo, si ha podido comprobar que fue entregado después de varias revisiones de entregas parciales, en diversos disquetes, acompañados en la contestación a los cargos y no incorporados al expediente».
"Cada uno de los archivos contiene el trabajo requerido, es decir, el resumen sobre cada una de las materias, de las referencias que sobre ellas se hacen en los respectivos Instructivos del Ministerio Público. Eso es lo que se necesitaba, y eso es lo que se obtuvo, siendo incomprensible que se sostenga que no se cumplió con este trabajo", señala el recurso. Por último también argumenta que así quedó establecido en diligencias efectuadas por la brigada del Cibercrimen de la policía de Investigaciones, que emitió un informe al juzgado del crimen sobre esta situación.
