Gobierno impulsa estilo Huenchumilla en trabajo con el mundo indígena - El Mostrador

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Nuevo esquema de trabajo para

Gobierno impulsa estilo Huenchumilla en trabajo con el mundo indígena

por 5 septiembre, 2003

A casi dos meses de su aterrizaje en el Mideplan, Marcelo Carvallo valora avances y asume estancamientos de la Ley Indígena. Anuncia, además, que en el Gobierno ahora se promueven las labores conjuntas en esta materia, siguiendo la línea del ministro Huenchumilla en el conflicto por la construcción de la central Ralco.

Tras la salida del ex subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade, en agosto pasado, la nueva idea del Gobierno para el trato con el mundo indígena parece ir de la mano con un trabajo menos sectorizado, acorde con el sello del ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, tras su irrupción en la mesa de negociaciones para lograr la permuta de tierras y reparaciones para los pehuenches en el caso Ralco.



El titular de la Segpres entró como mediador en las tratativas entre las cuatro familias pehuenches y Endesa, lo que hizo posible el término de un conflicto que se arrastraba por una década.



Así, lo que para Andrade representó -privadamente- una intromisión en sus labores, hoy se ha transformado en una premisa: más que cargos claves, el presidente Lagos quiere un trabajo en conjunto, al menos, en un área sensible como la de las políticas impulsadas para las etnias.



En conversación con El Mostrador, el subsecretario del ministerio de Planificación y Coordinación y, a la vez, Coordinador de Políticas Indígenas, Marcelo Carvallo, aclara que las tareas que involucra su cargo son "un desafío de Estado y, por lo tanto, espero que el conjunto de los ministros, de las instituciones, y del Estado, tome este tema como propio. Así lo hemos conversado con el ministro Andrés Palma, el ministro Francisco Huenchumilla y otras autoridades. Me parece que el aporte que puedan dar ellos supera con creces lo que pueda hacer un coordinador".



El ex subdirector del programa Chile Barrio, también se hizo cargo de las recientes críticas de la Oposición a los avances de la Ley Indígena tras una década de su promulgación, pues reconoce que "no basta con la entrega de tierras si ésta no está acompañada con un fuerte desarrollo productivo. Estamos de acuerdo con lo que se plantea".



A juicio de Carballo, tres son las tareas principales que debe impulsar: el "fortalecimiento" de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en el ámbito regional; la aprobación de una reforma constitucional; y la mantención de un diálogo permanente con las comunidades.





- A diez años de vigencia de la Ley Indígena, el balance que hace la Oposición respecto a la materia es lapidario. ¿Qué puede responder a las críticas en esta materia?



- Que el Instituto Libertad y Desarrollo esté preocupado de este tema es un tremendo progreso. Hace diez años nadie hubiera imaginado que la realidad de los pueblos indígenas fuera una preocupación para sectores de la derecha. En ese sentido, entiendo que las opiniones de esa entidad son constructivas. Son bienvenidas. Me gustaría, eso sí, que me mostraran el estudio para poder conversar y compartirlo.



"Hay que entender que estamos en un periodo de discusión presupuestaria y al país le preocupa qué se hace con los recursos públicos. A partir de la creación de la Conadi ha habido un esfuerzo sostenido por avanzar en algunas demandas históricas de las comunidades indígenas, algunas tienen que ver con tierras y con territorio, que es un concepto un poco más amplio, y otras tienen que ver con desarrollo productivo y cultural.





- ¿Y cuál es el diagnóstico que tiene el Gobierno sobre la realidad indígena, considerando que hay múltiples etnias con prioridades distintas a lo largo del país?



- Necesitamos iniciar una discusión para pensar cómo construimos una nación, un estado unitario, que reconozca que en su interior existe una diversidad cultural y étnica, que es al mismo tiempo un aporte para el país.



"Si logramos a nivel de país consensuar estos temas, las legislaciones menores, los instrumentos, decretos, líneas de acción van a facilitarse mucho, porque las comunidades indígenas van a entender que son coherentes con una visión de país".



"Lo que he visto en este tiempo es que las comunidades quieren ser escuchadas, que los temas que les atañen sean tratados en conjunto con ellos. Tienen bastantes críticas a la legislación indígena, pero también voluntad para buscar la manera de superarla. Sus demandas son múltiples: una reforma institucional profunda del Estado y que la acción pública se haga con su participación".



- Hay áreas pendientes como el esperado reconocimiento constitucional y la ratificación de convenios internacionales ¿cuándo se comenzará a trabajar para que se aprueben esos puntos?



- La reforma constitucional fue rechazada por el Parlamento. Esperamos iniciar una discusión para que se reponga y sea aprobada. La ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue aprobada en la Cámara, llevada al Tribunal Constitucional y éste la respaldó. Hoy está en el Senado y tenemos que darle un reimpulso para que salga adelante definitivamente.



- Pese a los esfuerzos que se han hecho por mejorar la calidad de vida de las etnias, internacionalmente -debido al conflicto por la central Ralco y a los dichos recientes del relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen-, existe la percepción de que no hay avances para el mundo indígena en nuestro país...



- En el ámbito internacional se discuten estos temas hace bastante tiempo, con muy pocos avances. Hace unos días estuve en Ginebra donde hace diez años se está discutiendo un proyecto de Declaración de los Pueblos Derechos Indígenas y aún no se aúnan criterios.



"Creo que la política indígena no es judicial o policial. Acá se trata de resolver los conflictos, intereses y demandas con políticas públicas, como se ha hecho hasta ahora. Señal de esto es la solución del conflicto Ralco, que marca no una salida a la problemática indígena en general, pero muestra una modalidad de resolver un conflicto que venía arrastrándose durante años".



"Si somos capaces de entender que como Gobierno hay que diseñar políticas de Estado y modalidades para resolver los conflictos presentes, al resolver estos temas estaremos aportando al país y al contexto internacional".



- A la luz de su argumento, ¿el Gobierno aún cree que hay un "conflicto" en la relación con el mundo indígena o se tiende a suprimir ese concepto?



- No es un conflicto, es una oportunidad. Porque estamos insertándonos en la comunidad internacional a través de los tratados de libre comercio, estableciendo relaciones con países hermanos y accediendo a las naciones en desarrollo. El problema es cómo entramos al concierto internacional y cuál es el desarrollo de nuestra realidad nacional. El reconocer que somos un país unitario, pero diverso, constituido también por pueblos indígenas, es una oportunidad para mostrar al mundo que tenemos un desarrollo más adecuado a lo que es nuestra realidad.



- En el exterior representantes indígenas como el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, han difundido una visión muy distinta a la promovida por el Gobierno...



- Aucán y los dirigentes de las comunidades indígenas tienen todo el derecho de expresar sus opiniones. Lo que hay detrás del trabajo de ese tipo de dirigentes es la necesidad de discutir de política, de cómo se hacen las cosas. Si nos ponemos en ese plano son bienvenidos, pues creo que lo que ha faltado es discutir más sobre políticas públicas. Hay una buena disposición de muchos dirigentes de entrar en esa metodología de análisis.



Definición de roles



- Usted recibió el cargo luego de la administración de Jaime Andrade, quien -aunque no lo admitió públicamente- estaba disconforme con la
intervención del ministro Huenchumilla en el tema Ralco...




- Este es un desafío del Gobierno, no el de un coordinador. El presidente Lagos me ha pedido coordinar instituciones del sector público que, por su accionar, es pertinente que colaboren en un diseño de políticas globales hacia los pueblos indígenas. Esa es mi función. Yo no reemplazo a la Conadi, no soy vocero de las comunidades indígenas, ni tampoco del Gobierno.



"Este es un desafío de Estado y por lo tanto espero que el conjunto de los ministros, de las instituciones, y del Estado, tome este tema como propio. Así lo hemos conversado con los ministros Andrés Palma, Francisco Huenchumilla y otras autoridades. Me parece que el aporte que puedan dar ellos supera con creces el que pueda hacer un coordinador".



- Se incluyó un nuevo actor del Gobierno en las conversaciones por el acuerdo por Ralco, tomando en cuenta que el mediador era el subsecretario Andrade, ¿qué haría usted si le sucediera lo mismo?



- La función de la coordinación de políticas indígenas es definir políticas globales para enfrentar la temática indígena. El presidente Lagos tiene un equipo muy amplio y él ve cómo temas conflictivos pueden ser mejor resueltos por otros personeros de Gobierno. El Presidente tiene la capacidad innegable de enfrentar las situaciones conflictivas y Ralco es una prueba de ello.



- Pese a lo que plantea, el estudioso de la problemática indígena, José Aylwin, asegura que el acuerdo de Ralco "deja en evidencia la inexistencia en nuestra sociedad de una cultura de diálogo, donde la legitimidad de las perspectivas y representaciones del otro, en especial la de los sectores carentes de poder -como los pueblos indígenas-, sea reconocida (...)¿Qué opina de ese planteamiento?



- Insisto en que el acuerdo de Ralco no resuelve el problema de la relación del Gobierno con los pueblos indígenas. Estamos estableciendo una legislación que pretende resolver estos temas. Ralco es un proyecto puntual, que tiene mucho impacto, pero puntual. Con este acuerdo no se soluciona el problema de la política pública. Hay que abrir otros canales de discusión, de participación y de revisión de lo que hemos hecho, tanto lo positivo como lo negativo.





Informe Rettig indígena



- A fines de octubre, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato dará a conocer un informe con recomendaciones sobre el mundo indígena. ¿Qué espera de ese estudio?



- Este es un informe que va a darnos a conocer el Presidente de la República. A partir de los resultados de la Comisión que estudió los temas, él ponderará ese estudio y nos comunicará las iniciativas que emanen de éste.



"No se pretende dar a conocer una verdad absoluta. Lo que se busca es iniciar una discusión sobre distintos ejes temáticos, como la legislación, institucionalidad y la forma en que la cultura nacional entiende el problema indígena. Sobre esos puntos se puede iniciar un debate amplio. No es el objetivo resolver los problemas, pero sí iniciar las transformaciones que nos permitan resolver las cuestiones que se plantean.



- Ha habido diferencias de criterios entre quiénes integran la Comisión, incluso Aucán Huilcamán ha planteado que el informe puede tener un problema de legitimidad...



- Es un informe que emite el Presidente de la República, y él ha considerado convocar a distintos actores que creyó oportuno ser consultados. El informe no pretende reemplazar las opiniones de los distintos actores que lo hicieron. Será el informe que nos dará a conocer el Primer Mandatario y por ello tendrá la legitimidad que le ha dado el país al entregarle la mayoría de los votos. El país evaluará si esas opiniones son adecuadas, si se toman o no. No son una imposición, sino que una nueva etapa de diálogo.



- La semana pasada el PPD sugirió la creación de una defensoría penal indígena y una subsecretaria de Desarrollo Indígena ¿Se tomará en cuenta esa recomendación?



- Yo le pediría al PPD, en conjunto con la coordinación de políticas indígenas, que pudiéramos revisar lo que ha sido la institucionalidad hasta ahora. Más que crear nuevas instituciones, que pudieran entorpecer y generar confusión para la misma gente, hay que trabajar con lo que se tiene.



- En esa línea, ¿qué áreas fortalecerá en su gestión?



- Que los instrumentos que existen funcionen bien y eso pasa por dar una mirada al programa Orígenes. La Conadi también debe ser fortalecida a nivel de gobiernos regionales: en varias regiones se han creado instancias técnicas de coordinación y en otras no. Los grandes temas son: reforma constitucional, institucionalidad indígena, fondo de tierras, proponer al mundo indígena urbano una política adecuada y discutir todos los temas con las comunidades.





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