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CDE apoyará investigación belga a la FACH

En la determinación primaron dos hechos, afirmó un consejero a El Mostrador.cl. El primero fue la exposición que realizó la abogada Blanca Alarcón. El otro responde a las sospechas sobre eventuales perjucios que podría haber ocasionado a los intereses del Estado la compra de los aviones mirages.


El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ayer hacerse parte en el exhorto enviado por la justicia belga para que se investigue en Chile el eventual pago de coimas en la compraventa de los 25 Mirages con que cuenta, actualmente, la Fuerza Aérea chilena. La tramitación de esta carta rogatoria está a cargo de la jueza (S) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas.



En la determinación tomada por el CDE primaron dos hechos, afirmó un consejero a El Mostrador.cl. El primero fue la exposición realizada por la abogada Blanca Alarcón. El otro responde a las sospechas sobre eventuales perjuicios que podría haber ocasionado a los intereses del Estado la compra de los aviones.



Sin embargo, debido a que en Chile no existe una investigación formal sobre el tema, el CDE se basó en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución para hacerse parte del exhorto. Dicha norma, de carácter genérico, tiene por objetivo: "la defensa judicial de los intereses del Estado".



Hasta ahora, la jueza Rojas ha realizado sólo una de las 17 diligencias que pidió su par belga Daniel Frensen, y está a la espera de los resultados de la orden de investigar que despachó al Departamento Quinto de Investigaciones que dan cuneta de las otras 16.



La pesquisa realizada se refiere a la inspección de los aviones en la base de Cerro Moreno, en el norte del país, donde junto a peritos venidos desde Bélgica, se comprobó que las naves pertenecían a los programas Mirsip y Mirsip + que Chile adquirió.



Sin embargo, aún queda por dilucidar si pasaron o no por Chile parte de los 15 millones de dólares que se pagaron en comisiones en la operación de compra.



El exhorto presentado por la embajada de Bélgica en Santiago, el 22 de mayo pasado, al ministerio de Relaciones Exteriores, es el resultado de más de ocho años de investigaciones realizadas por la justicia belga. El 14 de julio, la Corte Suprema ordenó dar curso al exhorto y remitió los antecedentes al mencionado tribunal.



La trama



A principios de 1995 la Justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.



Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.



Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.



El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.



Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.



Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».



El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.



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