Los ministros del máximo tribunal están disconformes con opiniones vertidas por algunos diputados, particularmente el UDI Jorge Ulloa, quien desde el hemiciclo los amenazó con una acusación constitucional. Tras analizar la situación, acordaron, en voto dividido, enviar una respuesta al Parlamento.
Una inédita respuesta al Parlamento está preparando la Corte Suprema, luego de la intervención que hiciera en el hemiciclo de la Cámara de Diputados el UDI Jorge Ulloa, en relación con el denominado caso Aisén, oportunidad en la que incluso habría insinuado eventuales acusaciones constitucionales.
Los alcances del documento que despachará el máximo tribunal están siendo afinados, y se estima que éste estará listo dentro de un par de semanas. Pero fuentes de la Suprema adelantan desde ya que se trata de un texto en que, en forma enérgica, la Corte haría saber que existiría una intromisión del Poder Legislativo en labores que son propias al Poder Judicial.
Los comentarios en la Suprema hacen ver que los ministros se sintieron agraviados por las palabras del diputado Ulloa quien, según los dichos de algunos magistrados, los acusó de pasividad ante las denuncias de corrupción en la magistratura de la Undécima Región. El parlamentario, además, los habría amenazado al enfatizar la facultad que tiene el Congreso de acusar constitucionalmente a los miembros del máximo tribunal.
Ulloa se refirió al caso durante una sesión de la Cámara, por lo que sus palabras no pueden ser objeto de persecución penal si es que se estimara que ellas fueron injuriosas o calumniosas. Sin embargo, la Corte intentará poner en claro hasta donde llega el ámbito de acción del Parlamento. "Los diputados deben entender lo inconveniente de este tipo de intervenciones", dijo un ministro a este diario.
La intervención del diputado UDI en el hemiciclo -que fue remitida a la Suprema por el primer vicepresidente de la Cámara y analizada en el Pleno ordinario del viernes antepasado- hacía referencia a la acción de los tribunales en la investigación por las muertes de jóvenes en Puerto Aisén, hechos que son objeto de un sumario criminal sustanciado por la ministra en visita Alicia Araneda. La magistrada fue nombrada por la Corte Suprema para llevar adelante las indagaciones.
El desempeño de la jueza, sin embargo, ha sido cuestionado por los querellantes, pues a poco andar de la investigación fueron sobreseídos algunos de los casos. Además, cientos de habitantes de la zona se han movilizado para protestar por la escasez de resultados en las pesquisas y la forma como éstas han sido conducidas por la magistrada.
Las críticas han recaído también sobre la Corte Suprema, tribunal ante el cual se han presentado quejas disciplinarias contra la jueza y solicitudes para que sea removida de la investigación, con el fin de que sea reemplazada por un juez que resida en otra zona, sin que hasta ahora se haya acogido alguna de estas peticiones.
Hace un par de meses, entre los ministros de la Corte Suprema se escuchaba prácticamente una sola opinión respecto al caso Aisén. Se hablaba de la falta de antecedentes de los denunciantes y se ponía énfasis en un viaje a la zona realizado por el ministro Urbano Marín a la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Éste a su regreso hizo ver que no existían elementos concretos para sospechar de la existencia de una banda de narcotraficantes que habría impregnado al Poder Judicial de la zona, como sostienen los denunciantes.
Hoy, en cambio, existen distintos acercamientos respecto a las denuncias, y una cosa que llama la atención de los ministros son las movilizaciones masivas realizadas en la región para dar cuenta del sentimiento de abandono de la comunidad de parte del Poder Judicial. Esta constatación, sin embargo, no guarda relación con el texto que se enviará al Parlamento a raíz de los dichos del diputado Ulloa.
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