El RN José Antonio Galilea, integrante de la instancia parlamentaria encargada de investigar el caso, calificó como irregular la forma como el organismo otorgó los créditos a las pequeñas empresas campesinas. De aprobarse esta idea la reciente Ley de Condonación de Cauciones sería inaplicable y los casos pasarían a la Justicia, con avales incluidos.
Tras tres meses de funcionamiento, y a una semana que se produzca la votación del informe final, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para el caso INDAP aun no logra el objetivo central para el cual fue creada: dar con el destino final de los dineros entregados por ese organismo a diversas empresas campesinas.
La instancia parlamentaria, sin embargo, logró cuantificar el monto de los fondos que, hasta el minuto, aparecen como irrecuperables para el patrimonio fiscal. Los dineros ascenderían, según adelantó el diputado RN José Antonio Galilea, miembro de la Comisión investigadora, a 11 mil millones de pesos.
Tal cifra es uno de los antecedentes que contiene el documento de la comisión que elaboró Galilea, y sobre ella habría coincidencia entre los miembros de la instancia.
Aun no está claro si la comisión también estará de acuerdo en sugerir que los hechos se califiquen como irregularidades en el cumplimiento del reglamento de crédito que rige a INDAP. Es decir, reconocer que efectivamente el organismo prestó dinero a personas a sabiendas que estaban endeudadas y que las condiciones económicas no les permitirían pagar.
El diputado Galilea adelantó a El Mostrador.cl éstos y otros puntos contenidos en el informe que votará la Comisión en los próximos días y que luego deberá pasar a la sala.
El documento consta de más de cien páginas e incluye la posibilidad de que no sólo hayan existido irregularidades, constatando que hubo problemas al interior de las empresas campesinas que no pudieron pagar a INDAP: errores en su administración, cambios climáticos que perjudicaron la producción y fallas de gestión.
Los contenidos del informe continúan encontrando divergencias al interior del grupo de diputados encargados de investigar estos hechos. Es por eso que la Comisión aplazó la entrega del documento.
Uno de los puntos en controversia es la mencionada idea de Galilea de declarar irregular el incumplimiento del reglamento de créditos. De ser votada favorablemente en la Comisión esta iniciativa, los antecedentes hasta ahora recolectados pasarían a manos de la Justicia y, además, tomarían forma de sumarios administrativos. Ello, pues sería este factor el que habría abierto la posibilidad para que miembros cercanos a la Democracia Cristiana se vieran beneficiados.
La diputada DC Alejandra Sepúlveda, quien ha asumido junto con su par RN un rol protagónico en la discusión, aseguró a este diario estar convencida que no existió mala fe en la entrega de los créditos por parte de INDAP.
Galilea, en cambio, opina que dicho proceso no habría sido transparente, por cuanto «INDAP no tuvo estricta observancia en su reglamento interno de crédito, lo que permitió que muchas empresas se fueran sobre endeudadas dejando una deuda para el fisco de 11 mil millones de pesos».
El presidente de la Comisión agregó que es necesario votar favorablemente la idea de irregularidad en la observancia del reglamento de créditos, aunque está conciente que ello implicaría que la ley de Condonación de Cauciones del INDAP, aprobada recientemente por la Cámara que dejó al margen a aquellos pequeños empresarios que sirvieron de avales, sería prácticamente inaplicable. El hecho es que si se declara que INDAP cometió irregularidades en este punto, los casos pasarán a manos de la Justicia y, por ende, los avales serán también objeto de persecución por parte de los tribunales.
Sobre este punto, la diputada Alejandra Sepúlveda adelantó que si Galilea persiste en su postura no aprobará el informe final con sus conclusiones. Aun cuando admitió que el procedimiento llevado a cabo por INDAP no fue el óptimo, el sentido de la referida ley fue entregar una solución "justa" a los empresarios agrícolas que se vieron involucrados en el tema al prestarse de avales, cosa que puedan seguir con sus negocios.
La Comisión INDAP II de la Cámara de Diputados está integrada, además de Galilea y Sepúlveda, por su presidente, el PPD Jaime Quintana y los diputados Fernando Meza, Pedro Alvarez, Ramón Barros, Carlos Recondo, Ignacio Urrutia, Leopoldo Sánchez, Javier Hernández, Felipe Letelier, Sergio Ojeda y José Pérez.
