El catastro realizado por los entes de Gobierno tiene por objetivo que las organizaciones indígenas urbanas de la capital puedan preservar esos espacios y celebrar rituales. Históricos sitios han desaparecido producto del desconocimiento ciudadano, otros sufrieron serios daños.
Luego de ocho meses de trabajo, un grupo de profesionales determinó que en la Región Metropolitana existen 442 sitios arqueológicos indígenas, algunos de ellos de hasta diez mil años de antigüedad.
Cementerios, lugares ceremoniales y residencias son algunas de las zonas identificadas por el equipo de trabajo del departamento de Patrimonio Indígena del Consejo de Monumentos Nacionales, integrado por un antropólogo, un arqueólogo y un ingeniero. Ellos recibieron también la colaboración de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) Metropolitana. Los sitios, habitados en el pasado por diferentes culturas, pertenecen a períodos históricos como el paleoindio, alfarero y otros más actuales.
Uno de los sitios sería un cementerio usado por comunidades locales en el periodo alfarero temprano. Éste se encuentra en los predios de la empresa El Mercurio, en el sector oriente de la capital. El sitio fue descubierto por el ministerio de Obras Públicas en los años ochenta cuando se hacían excavaciones para una instalación hidráulica. Aunque desde esos años se conocía de su existencia, esta es la primera vez que el terreno se cataloga como patrimonio indígena.
En el catastro también se incluyeron oficialmente los pucarás de Cerro Chena, de San Bernardo, y las misteriosas piedras tacitas del Cerro Blanco, ubicado en Recoleta. Estos lugares se utilizan actualmente para reuniones de algunas organizaciones aymaras. Además, en la precordillera se identificaron lugares ceremoniales y túmulos o sitios de entierro con piedras. En el centro de Santiago, en las calles Bandera y Catedral, se catastraron sitios de residencia de comunidades en las que se localizaron numerosos utensilios.
Los investigadores recabaron información sobre los sitos a partir de antecedentes propios y de los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales, Obras Públicas y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fondecyt). Así, se fotografiaron los lugares, describieron sus características, el período al que corresponden y se recomendó cómo se pueden preservar a través de planes de manejo.
Algunas zonas han sufrido fuertes deterioros. Otras han desaparecido debido a que no existe información sistematizada. Ahora, con este registro público, se evitarán situaciones como el que una empresa constructora edifique en las zonas identificadas.
Registro útil
Según el coordinador del proyecto, Cesar Millahueique, la elaboración de un registro sirve para que las organizaciones indígenas urbanas -que suman más de 80 en la Región Metropolitana- conozcan su pasado y posean sitios donde celebrar rituales ancestrales. Para esto, se elaboraron planes de manejo de las áreas que serían aplicados por las organizaciones, para lo cual recibirían una capacitación especial por parte de alguna universidad.
Millahueique destaca que el objetivo de este trabajo "es que cualquier persona que quiera conocer más sobre las culturas antiguas pueda tener acceso a ellas mediante esta exploración. La idea es que se preserven estos sitios y a la vez, sean disfrutados como parte del patrimonio".
A raíz de esto, el coordinador explicó que este catastro será útil para que las comunidades tengan espacios naturales de interacción. "Podemos observar que en al menos 10 comunas existen rewes o estatuas totémicas mapuches, incluso en municipalidades como la de Peñalolén. A través de esto podemos apreciar que requieren espacios de identificación, de magia".
En la Región Metropolitana existe gran cantidad de población indígena, lo que se reflejó en el censo de población y vivienda 2002. De hecho, en 33 comunas de la región, el 10 por ciento de sus habitantes es de origen étnico originario.
Críticas
Al interior de algunas organizaciones indígenas urbanas se critica la no inclusión de sitios que tienen significado especial para el mundo mapuche, como el Cerro Huelén o Santa Lucía.
Afirman que pese al esfuerzo hecho por el Gobierno, se requieren medidas específicas que tiendan a proteger definitivamente el patrimonio indígena, evitando, por ejemplo, que los espacios sean arrendados para fiestas tecno, como sucedería en el cerro Santa Lucía, o para otros eventos.
La inquietud de algunas organizaciones surge pues aseguran que la Ley Indígena, si bien promueve la preservación de estos lugares, no detalla mediante ningún reglamento cuáles son los sitios ni cómo se deben proteger.
Sólo en marzo del 2001, el Consejo de Monumentos Nacionales, comenzó a trabajar en el área denominada «Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas de Chile». Durante estos años, se han realizado labores de sensibilización, coordinación, catastro y valoración del patrimonio cultural indígena, con la participación de comunidades. También se han impulsado medidas para disminuir el tráfico ilícito de bienes culturales, en conjunto con la policía de Investigaciones. Así, se ha trabajado en programas piloto en las regiones Segunda, Novena, Décima y Metropolitana.
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