Una de las propuestas más polémicas del Gobierno fue aprobada ayer en el Consejo Regional con votos decé y gremialistas. Aunque los camaradas del ministro dicen no haber recibido presiones, reconocen que asesores tomaron contacto para reinstalar la discusión sin introducir amplias modificaciones a un proyecto que ya había sido rechazado.
Aunque por estos días el interés del ministro de Vivienda y Urbanismo Jaime Ravinet ha estado puesto en solucionar el conflicto de la toma de Peñalolén, la autoridad también destinó su tiempo a buscar la forma de lograr que consejo regional metropolitano aprobara ayer el proyecto de expansión del plan regulador de la región hacia predios silvoagropecuarios, lo que constituye el primer paso para que se desafecten unas 80 mil hectáreas para emplazamiento de proyectos inmobiliarios.
Lo que algunos llaman lobby del titular DC funcionó: obtuvo 16 votos a favor, seis de rechazo y dos abstenciones.
Se trata de una iniciativa emblemática del presidente Ricardo Lagos, que pretende que se puedan emplazar Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc) en comunas como Til Til, Lampa, Colina, Pirque, Calera de Tango, San José de Maipo, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Quilicura.
Con esto el Gobierno satisface requerimientos de los privados, que en varias ocasiones han reclamado por la falta de predios donde edificar. A la vez, se ampliarán espacios para emplazar viviendas sociales, ya que el 40 por ciento de los terrenos de un proyecto debe ser destinado a ese fin.
Los titulares de los proyectos deben cumplir con una serie de medidas de mitigación, tales como obras viales, establecimientos educacionales y centros de salud.
El polémico plan de expansión se tramitó por varios años en el Consejo Regional (CORE), organismo integrado por el intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, y miembros de los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso.
Ante la aprobación de ayer, las organizaciones Acción Ecológica y Defendamos la Ciudad anunciaron que recurrirán a la Contraloría, pues aseguran que la decisión vulnera el plan de descontaminación de la capital y que la iniciativa habría sido reinstalada de forma irregular.
Historia y lobby
Tras aprobarse una anterior iniciativa, en noviembre de 2002 se reactivó la polémica. Dos meses después organizaciones ambientalistas invocaron la ilegalidad de la resolución ante la Contraloría General de la República, la que ordenó que se "reexaminaran" algunas exigencias en octubre pasado. El proyecto nuevamente se discutió ese mismo mes en el CORE: tuvo ocho votos de aprobación, ocho de rechazo y seis abstenciones.
Esta votación causó discusión en el organismo, pues algunos aseguraron que cuando no hay mayoría (12 votos), se entiende que la iniciativa es rechazada y que para reponerla se deben introducir amplias modificaciones, lo que habría tardado meses. Además, se cuestiona que no haya habido un desempate por parte del intendente Trivelli en esa ocasión.
Sectores ambientalistas sostienen que el procedimiento fue leído en forma "mañosa", con el fin de reactivar la discusión en beneficio del Minvu. Con esta postura concuerdan al interior del CORE, donde se explica que los más interesados en que se renovara la discusión fueron los decé, quienes se alinearon para votar ayer en favor del proyecto. Sólo un consejero del conglomerado se pronunció en contra. En la secretaría del consejo, en cambio, se dijo que todo se efectuó conforme a la Ley, aun cuando se indicó que la legislación es "interpretable".
Aunque los falangistas sostienen que no hubo presiones directas del ministro y que nunca existió una orden de partido, ellos sí reconocen que se efectuaron "contactos" por parte de asesores del ministro para que se reinstalara su discusión en el Consejo. Según los opositores, el objetivo era convencer de las favorables condiciones de la propuesta a los otros partidos y alcanzar la votación requerida ayer.
El director de la Coordinadora de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, argumentó incluso que Mauricio Morales, uno de los consejeros regionales del partido – y quien votó a favor de la propuesta- trabaja como asesor del ministro y que hay otros que se desempeñan como funcionarios de La Moneda, por lo que "no hubo independencia en la evaluación".
Algunos participantes del proceso evaluaron la situación como una "velada presión" por parte de esa cartera y afirmaron que el Minvu se encargó de que a las sesiones de la comisión del CORE asistieran en varias oportunidades el jefe de división de Desarrollo Urbano de la cartera, Luis Eduardo Brescianni y el Secretario Regional Ministerial de Vivienda de la Región Metropolitana, Víctor Manuel González.
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