El organismo estatal presentó un escrito ante el 16° Juzgado del Crimen de Santiago donde da cuenta de numerosas irregularidades en que habría incurrido la edil Carmen Romo Sepúlveda. En él se sostiene que el municipio canceló $300 millones a empresas en las que participa el marido de la alcaldesa. Además, la hija y la nieta fueron contratadas para trabajar en Quilicura.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó el 5 noviembre pasado someter a proceso a la alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo Sepúlveda (DC), como autora de delitos reiterados de negociación incompatible. Esto, luego que se detectará que la edil entregó varias concesiones a la empresa constructora donde su esposo era fundador y socio, obras que reportaron ganancias por más de 300 millones de pesos a la compañía.
El escrito del CDE, presentado ante el 16° Juzgado del Crimen de Santiago, consigna que desde septiembre de 1997 hasta abril del 2000, distintas obras realizadas en el municipio fueron licitadas a la empresa Orolonco Ltda., cuyo dueño es Jaime Silber Merener -esposo de Romo- y a aquellas de sus socios Jorge Guerra y Eduardo Mundaca Tirapegui.
Así, la firma Mundaca Tirapegui se adjudicó, entre varias faenas, la construcción de aulas de emergencia en la Escuela N°1414, que tuvieron un costo superior a los 100 millones de pesos. La constructora Orolonco Ltda., recibió 21 millones de pesos por la construcción de las salas de clases en el mismo establecimiento.
Según los datos del CDE, las empresas se transformaron en las «privilegiadas» del municipio en el período indicado: Mundaca recibió 62 cheques por una suma total de 182 millones 932 mil 114 pesos. Orolonco, de Silber, recibió 12 cheques por un total de 91 millones 802 mil 416. Ambas instituciones se adjudicaron más 272 millones de pesos por trabajos realizados a la alcaldía en donde Romo es la máxima autoridad.
Uno de los puntos que destaca el CDE en su escrito es que Mundaca participaba doblemente en las adquisiciones de obras entregadas por el municipio, pues era socio tanto de Orolonco Ltda. como de Mundaca Tirapegui. Desde 1999, esta última empresa comenzó a adjudicarse todas las obras del municipio, entre éstas la construcción de faena «Apertura Frontis Edificio Consistorial».
Esta última construcción fue entregada con numerosas deficiencias en relación a las especificaciones técnicas del proyecto. En la investigación realizada por el organismo defensor consigna que los trabajos se entregaron con múltiples incorrecciones, -entre las que se cuenta la falta de instalaciones eléctricas subterráneas, 66 focos en árboles, proyectos de asfalto, radier de color, tres mil doscientos metros cuadrados de césped, casetas de guardias, escaños metálicos-, trabajos que la empresa cobró al municipio en 917.000 pesos.
El CDE remarca que la empresa de Tirapegui cobraba un 36 por ciento más que otras compañías que también postularon a la licitación.
Las hijas de la alcaldesa
En la solicitud también consta que la alcaldesa infringió el artículo tres del Código Penal, debido a que contrató a una hija y una nieta su municipio, lo que es «ilícito».
Según los antecedentes que expone el CDE, Romo contrató a su nieta, Claudia Chaperón Indo, hija de Gabriela Indo Romo, para que se desempeñara como educadora de párvulos en la sala cuna del municipio, cargo que ocupó entre marzo del 98 y febrero de 2000. Al momento de ser contratada, la mujer no contaba con título profesional para desempeñar el cargo requerido.
Luego de recibir las correcciones respetivas de la Contraloría General de la República, en las que se indicaba que Chaperón no podía desempeñarse como educadora de párvulos por no acreditar un titulo profesional, la alcaldesa contrató a su nieta en un cargo administrativo, el que ocupó desde marzo de 2000 hasta el 31 de agosto del mismo año.
Otra irregularidad que menciona el CDE es que Romo también inscribió dentro de las personas que trabajan en la alcaldía a su hija, Gabriela Indo Romo, como encargada de organizaciones de Centros de Padres de Escuelas Municipales.
En ese cargo, la hija de la alcaldesa recibía un sueldo de 200 mil pesos, hecho que según el organismo defensor del Estado constituiría delito ya que las autoridades edilicias no pueden intervenir en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés entre sus parientes consanguíneos.
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