El estallido en Vitacura dejó al descubierto la falta de fiscalización del Gobierno en un lugar que, tras la investigación de las coimas, parecía ser una zona donde ya no podrían ocurrir más irregularidades en el tema del transporte.
Un sorpresivo y dramático vínculo surgió tras conocerse las causas de la explosión que afectó el martes en la noche a un vehículo que era abastecido de gas natural en un servicentro Copec ubicado en Victacura.
La primera señal de que no se trataba sólo de una falla técnica surgió luego que se supiera que la marca del automóvil -Renault Megané- no estaba autorizada para funcionar con este tipo de combustible. La conversión, por tanto, debía haberse efectuado en forma clandestina.
Con el transcurso de las horas se supo, incluso por fuentes de Gobierno, que la transformación a gas natural había sido realizada por la empresa Multi-Teck, ubicada en Rancagua, ciudad ya profusamente cuestionada por la entrega de revisiones técnicas falsas que derivaron en lo que fue conocido como el caso Coimas.
Pero una sorpresa adicional llegó tras conocerse el nombre del dueño del taller mecánico cuestionado. Se trata de Gerardo Eduardo González Molinet, quien durante toda la jornada de ayer permaneció inubicable.
González resultó ser un personaje muy cercano al plantero de la Sexta Región, Carlos Filippi. Fatalmente, fue la hija y el nieto de este empresario, procesado por soborno en el marco del caso Coimas, quienes resultaron gravemente heridos en el accidente del martes, donde murieron además dos personas.
El estallido del vehículo dejó al descubierto la falta de fiscalización del Gobierno en un lugar que, tras la investigación de las coimas, parecía ser una zona donde ya no podrían ocurrir más irregularidades en el tema del transporte.
El desconocimiento del Gobierno sobre este mercado clandestino que provee de conversiones a gas natural era tal, que el mismo día que ocurrió el accidente, se asumía que sólo las 23 estaciones que estaban legalmente autorizadas para implementar el servicio de inyectores ofrecían el recambio.
Ni a la subsecretaría de Transportes ni a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles les había llamado la atención que Gerardo González publicitara sus servicios especiales de reconversión a gas en el periódico local Ene datos.
Kit de reconversión
En Chile circulan 2 mil 742 vehículos con inyección a gas con las autorizaciones correspondientes. Pese al peligro que corren los conductores que poseen aquellos con instalaciones ilegales, la autoridad no se había preocupado de este tema, salvo por algunos controles en ruta realizados por el departamento de fiscalización de la subsecretaría. Tal actividad no provocó siquiera una leve alerta, por lo que se presume que los hallazgos de irregularidades fueron mínimos o nulos.
Tras la tragedia, se anunció el envío de un proyecto de ley que obligue a los vehículos convertidos a gas a portar un sello inviolable, que será indispensable al momento de cargar combustible en estaciones de servicio autorizadas. "Pretendemos crear un cuerpo jurídico que asegure información a los conductores, para que no se repitan estos hechos y así dar una mayor capacidad de gestión a la autoridad", explicó el subsecretario Guillermo Díaz.
Otra de las acciones que iniciará el Gobierno para frenar el recambio de abastecimiento irregular de los vehículos, será determinar la procedencia de las piezas con que se instalan los inyectores a gas.
La importación de estos productos no constituye delito. Estas facilidades han sido mal usadas por algunas personas para cometer ilícitos, pues instalar los inyectores sin autorización sí es una acción delictiva.
El Gobierno presume que las piezas son importadas desde Mendoza, Argentina, donde el sistema funciona desde hace años. La introducción de estos productos se realizaría a modo de kit de reconversión, es decir, en un paquete que incorpora balón, manguera y otros dispositivos.
Con las medidas de la autoridad, se pretende que la transformación a gas siga por ahora restringida a vehículos medianos comerciales (furgones y camionetas) y autos livianos que prestan servicios, como taxis, cuya antigüedad no debe ser superior a cinco años en las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, que son las únicas donde se ha incorporado este sistema en vehículos usados.
Además del envío del proyecto de ley, el Gobierno anunció que se presentará una denuncia ante los juzgados del Crimen. La acción legal irá dirigida contra quienes resulten responsables, pero los funcionarios de Transportes precisaron que ya se tiene claro que la investigación debiera derivar al taller mecánico de Gerardo González.
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