El coordinador de Transantiago, Aldo Signorelli, explicó que se exigirá cerca del 30 por ciento de la inversión como capital, «similar a lo que piden los bancos para dar un crédito. Por lo tanto, el capital que se les va a exigir es del orden de las 500 mil UF", aseguró.
Mientras el Gobierno ya terminó las bases para la licitación de Transantiago, las que serán enviadas en los próximos días a la Contraloría, ya se anunció cuáles serán los requisitos económicos que se exigirán a los micreros para cumplir con la ansiada "empresarización".
Para esto, las compañías que deseen presentarse a la licitación de Transantiago en los troncales donde se exigirán buses nuevos, deberán demostrar que tienen un capital de más de 800 mil millones. Una cifra que dejará fuera a los microempresarios, que hoy poseen un promedio de 1,2 máquinas por propietarios, la mayoría de ellos endeudados.
Esto, aunque no es un dato duro, aseguran en Transantiago, daría la razón a los empresarios microbuseros actuales, quienes han insistido que el plan del Gobierno sólo intenta dejarlos fuera del negocio de la locomoción colectiva.
El coordinador del Transantiago, Aldo Signorelli, explicó que esta exigencia económica es similar a las que un banco exige a cualquier inversionista. "En general, del orden del 30 por ciento piden de capital los bancos para dar un crédito. Nosotros tenemos negocios, en el caso de los troncales nuevos, de la Alameda, de Santa Rosa, que requieren una inversión de cerca de 80 millones de dólares. Por lo tanto, el capital que se les va a exigir es del orden de las 500 mil UF", aseguró.
Alimentadores
Donde sí podrían tener una chance los microempresarios que deseen asociarse y formar una empresa, será en los troncales donde no se exigirán buses nuevos y, por lo tanto, donde las inversiones serán de menor envergadura.
Según dijo Signorelli, las inversiones en estos servicios serán del orden de los 10 millones de dólares, "y ahí el capital que se exigirá son 90 mil UF". El mismo capital se exigirá para las unidades alimentadoras, es decir 90 mil UF, donde las inversiones son con buses existentes. En ambos modelos de negocios, el capital que se exigirá a los microbuseros es entre 8 y 12 millones de dólares.
En le área de alimentación central, que requerirá buses de menos emisiones, que son menos de 40 buses, ahí el capital mínimo serán 30 mil UF.
Aunque la mayoría de los troncales tendrán requisitos similares, el troncal donde habrá mayores exigencias económicas es el que comprende Santa Rosa, Independencia, Recoleta,
y otros ejes de ese sector, como Carmen, Lira, Las Industrias.
El otro troncal donde se exigirán mayores inversiones es el troncal que comprende Pajaritos, Alameda, Providencia, Apoquindo, Las Condes, Vitacura, Irarrázabal, San Pablo y otros ejes menores de conectividad.
Por esto, Signorelli aseguró que «los troncales van a recibir remuneración del sistema por bus kilómetro. Es decir, por cuantos buses se movieron por kilómetro. Les estamos pidiendo que tengan una flota para dar el 100 por ciento de los buses que ofertó, pero les vamos a pedir como mínimo el 75 por ciento. Ese es el riesgo natural de un proyecto como éste, para que los operadores busquen mejores condiciones de prestación de servicios, motiven más a los usuarios y de esa forma el ente regulador les pida más buses kilómetro».
La necesidad de empresarizar
Mucho se ha dicho respecto a las posibilidades que tienen los actuales microbuseros de incorporarse a la próxima licitación de recorridos, pero las razones del Gobierno no pasan, aseguran, por deshacerse del gremio, sino que por la necesidad de terminar con la atomización y con la competencia al interior de una misma línea.
Según explican en Transantiago, "para aspirar a seguir en la actividad, los actuales operadores tendrán que constituir empresas de envergadura, organizadas y gestionadas como cualquiera otra de la economía nacional, con capacidad para competir en las licitaciones públicas". Todo esto para "superar un escollo clave de las ineficiencias del actual sistema".
El transporte público de Santiago mueve alrededor de 700 millones de dólares al año. Pero la operación en Santiago, aseguran en el Gobierno, tiene una serie de falencias como, por ejemplo, "no hay economías de escala, abunda la informalidad financiera, son pocas las empresas con capacidad gerencial y administrativa, hay déficit profesionales y técnicos evidentes en la mayoría de las asociaciones". Es por esto que los cambios en la gestión permitirían costear los nuevos procesos de informatización del sistema, sin cambios dramáticos en las tarifas de los servicios.
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