»Las constantes formas de legislar a favor de la Iglesia Católica, por encima de otras visiones filosóficas», tiene irritados a quienes profesan la fe evangélica. Tal es la molestia, que hicieron un llamado a no votar por senadores católicos por »el abuso y la hegemonía moral que intentan imponer a todos los chilenos».
Los evangélicos están molestos. La discusión de la nueva ley de matrimonio civil en el Senado, ha reflotado las viejas rencillas que mantienen por el trato que recibe el mundo católico por parte del Estado. Denuncian un "grave retroceso" en materia de igualdad ante la ley, debido a la aprobación del artículo 21, el que margina a cerca de mil 550 iglesias evangélicas y, además, solicitan que se redestinen los recursos que actualmente se entregan a la Iglesia Católica.
El artículo 21, aprobado por un amplio margen de once votos, permite a las personas que contraen matrimonio por iglesias con personalidad jurídica, a que legalicen su enlace -en un plazo de 8 días- ante el registro civil.
La "discriminación", según explicó el obispo presidente del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana, Emiliano Soto, se produce porque bajo el alero de lo que se conoce como "religión evangélica", se encuentran agrupadas 2 mil corporaciones (iglesias). De ellas 450 son de derecho público y sus feligreses se podrán acoger al artículo 21. Sin embargo, hay mil 550 que son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que quedan fuera de la norma, por lo que el vínculo no podrá ser legalizado.
Por esta razón, el obispo Soto recomendó a la ciudadanía "abstenerse de votar por los senadores católicos Andrés Chadwick (UDI), Rafael Moreno (DC) y Sergio Romero (RN), quienes crearon esta figura legal en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta".
Aunque las corporaciones religiosas -que no se podrán acoger al artículo- podrían cambiar su estatus de privadas a públicas, el obispo asegura que algunas de ellas no lo hacen por principio, otras porque no lo creen necesario y, una tercera razón, porque no cuentan con los medios económicos para hacer un traspaso de bienes -de la corporación antigua a la nueva-, pues implica pagar derechos "muy caros" y las iglesias no estarían en condiciones para hacerlo.
La ley de igualdad jurídica religiosa del año 1999, conocida como ley de cultos, no logró resolver este problema. Aunque reafirma las garantías constitucionales referentes a la libertad de culto y conciencia, permite y facilita (pero no obliga) a las iglesias a organizarse como personas jurídicas de derecho público.
La cruz que debe cargar el estado
El obispo también acusa que el Estado, a costa de todos los chilenos sean o no católicos, debe cancelar los costos entregados en forma de subsidio "indirecto" a la Iglesia Católica. "En efecto, estos difusores de la religión católica, junto con capellanes en las fuerzas armadas y templos en entidades del Estado, son pagados por el bolsillo de todos los chilenos, a pesar de que cerca del 38 por ciento de la población no procesa esa fe. Esta situación no es justa ni transparente", dijo el obispo.
El alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), quien es encargado de este tema en la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo a El Mostrador.cl que no existe una discriminación en este tema, que los alumnos de otros credos no son obligados a asistir a las clases de religión católica, que hay colegios con profesores evangélicos y que, en muchas oportunidades, el tema de no contar con profesores radica en que no están en posesión de sus títulos universitarios para que se les pueda cancelar los sueldos como lo establece la ley.
Sin embargo, la opinión de algunos dirigentes del Colegio de Profesores, es que se debería convocar a un debate nacional respecto del tema, porque no están de acuerdo con que, en los colegios municipales de carácter laico, se enseñe religión de ningún tipo. Esto, porque aseguran que ese tipo de educación debe quedar en manos de las familias, de la propia iglesia o se debería optar por un colegio particular.
En el magisterio no manejan la cifra exacta de cuántos profesores evangélicos están laborando, pero sí saben que la cantidad es ínfima y que la "discriminación" a favor de la religión católica existe. Según dijeron, en las comunas periféricas donde la fe evangélica ha tenido un sostenido aumento, no se refleja en una incorporación de los profesores respectivos.
"Lamentablemente", dicen en el gremio, no es opcional la contratación, sino que es una norma que se impone a los directores de los establecimientos -a partir de la ley de cultos- y ante los cual no se pueden restar. Más aún, es un ramo que no tiene calificación, por lo que su permanencia en el sistema se constituye en un acto de "proselitismo", calificativo que rige para cualquier religión que se imparta en los establecimientos.
Semana divorciada y lo que viene
El martes pasado se votó el artículo 21, el que da un plazo de ocho días para inscribir el matrimonio en el registro civil la unión religiosa, realizada bajo alguna religión dotada de personalidad jurídica.
A pesar de la mayoría con la que fue aprobada la indicación, no estuvo exenta de críticas. El senador Jorge Pizarro (DC) dijo que "lo que va a pasar en la práctica es que mucha gente al casarse por una iglesia, va creer que con eso ya están completamente listos, y eso no es así».
En tanto, el senador designado Fernando Cordero, aseguró que se pueden producir abusos respecto a esta norma, sobre todo, porque será muy fácil casarse varias veces, sin ratificar el matrimonio religioso ante el Registro Civil.
La próxima semana se votarán las indicaciones que eliminan el divorcio unilateral y otra que suprime la facultad del juez para denegar el divorcio si considera que éste "producirá, en perjuicio del cónyuge demandado y de los hijos, consecuencias patrimoniales o morales de una gravedad desproporcionada, en relación con los beneficios que reportaría al cónyuge demandante".
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