La investigación, que aborda las falencias y desafíos del sistema educacional chileno, destaca la necesidad de que exista una ley de acreditación y fondos de crédito para las universidades privadas e institutos.
Preocupantes resultados muestra un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entregado ayer por el Ministerio de Educación en cuanto a la falta de políticas para el desarrollo de la educación superior, en torno a la acreditación de centros de educación superior y recursos disponibles para alumnos.
Aunque esta es una realidad ampliamente conocida en nuestro país, la visión que tiene la comunidad internacional en este ámbito podría hacer despertar a las autoridades nacionales.
El informe analizó el actual sistema de educación a nivel nacional en enseñanza básica, secundaria y superior. En cuanto a enseñanza escolar, el papel de los profesores fue especialmente destacado, debido a que se detectaron falencias de formación en matemáticas, lenguaje y ciencias. Además, se sugirió revisar la categoría de »autorizados» de los docentes.
Sin embargo, el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pone especial énfasis en la educación superior, en momentos en que se discutirá el proyecto de Ley de Acreditación en el Senado. Además, este año se analizarán los proyectos de ley de financiamiento a instituciones privadas y la reingeniería del Fondo Solidario.
En el estudio se detectó que el "control de calidad", en ese tipo de enseñanza es importante, así como la equidad en el acceso y financiamiento, debido a que todas las universidades tienen "aranceles relativamente altos y muchos estudiantes deben solicitar préstamos".
El informe destaca los esfuerzos del Mineduc por expandir la acreditación voluntaria de las universidades y vincula este factor con el acceso a préstamos de crédito para las instituciones. Sobre este punto se plantea que las instituciones acreditadas "tengan prioridad en el acceso a los fondos para préstamos estudiantiles".
Se propone que deberían haber tasas de mercado disponibles para estudiantes de post grado y que el gobierno debiera decidir ampliar becas hacia estudiantes con talento, en los sectores productivos como agricultura e ingeniería eléctrica.
El estudio aclara que la educación de post grado ha crecido los últimos años, pero que aún "es muy pequeña" y que, por ejemplo, "los doctorados no se han expandido muy significativamente".
Se reafirma que debido al crecimiento de la educación superior, las instituciones deberían proyectar a un sistema tipo "Boloña", es decir, con un grado inicial de tres o cuatro años para todos los estudiantes, seguido de uno o dos años de maestrías, para continuar luego con especializaciones doctorales".
En el análisis se especifica que los préstamos estudiantiles están restringidos a estudiantes que ingresan a universidades tradicionales y -que no están disponibles para estudiantes matriculados en los planteles privados ni institutos profesionales-, que "han llevado a un crecimiento constante del segmento universitario y al estancamiento de los otros dos". A esto se suma la "libertad que tienen las universidades para crear nuevas carreras y aumentar la oferta de plazas".
Se consigna, además, que aunque todos los estudiantes que piden préstamos los pagaran de manera oportuna, con la flexibilidad de repactar los créditos universitarios, a 15 años y con un 5 por ciento de los ingresos, "pocos estudiantes pagarán alguna vez sus préstamos completos".
Se afirma, también, que es probable que haya un gran número de estudiantes de bajos o medianos ingresos, con buenas calificaciones, que no puedan ingresar a centros de educación superior, sólo porque el sistema no "les da créditos".
Falta de políticas
En cuanto a la educación media técnico-profesional, se detectó que existe una ausencia de políticas, respecto a la formación de jóvenes, "lo que ha afectado la calidad de la mayoría de la calidad de ellos; y su baja estimación social contribuye al descenso progresivo de la matrícula".
A la vez se explica que existen dudas respecto al desempeño de los establecimientos con este tipo de enseñanza, debido a que, en general, los alumnos mejor calificados, de familias de bajos ingresos, tienen menos probabilidades de ingresar a la universidad.
Según el estudio esto se podría relacionar con que los establecimientos deberían tener un currículum "más intensamente académico", con el fin de revisar asignaturas útiles a la hora de dar pruebas para ingresar a la universidad, en particular ciencias, matemáticas y lenguaje.
Se destaca, en cuanto a las oportunidades de ser parte del mundo laboral de los jóvenes que cursan carreras técnicas, que "gran parte del sector industrial, donde debería haber una demanda significativa de egresados de enseñanza técnico profesional, está compuesto por pequeñas compañías de baja tecnología, con una fuerza laboral de destrezas limitadas y no calificada".
Pese a los aspectos por mejorar, el estudio destaca que uno de los aspectos "más sorprendentes" de la reforma educacional chilena, en los años noventa, con respecto a la equidad, es que "los cambios importantes siempre han comenzado con las escuelas y sectores más pobres de la población".
Según el informe, los resultados de las políticas implementadas en estos años, para mejorar la equidad, deberían ser evaluadas de acuerdo a tres criterios: oportunidades para acceder y permanecer en la escuela y la educación superior; procesos socioculturales y resultados de aprendizaje.
Como solución a los problemas de desigualdad en la educación y el mercado laboral, se deberían adoptar medidas compensatorias, especificas, como la realización de estudios para conocer las razones de la deserción escolar, otorgar recursos a las escuelas y becas a alumnos pobres.
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