Este es una de las pistas que dejó el equipo diligenciador del Departamento Quinto de Investigaciones que viajó el pasado mes de enero a Bruselas, Bélgica, en busca de información, dijeron a El Mostrador.cl, fuentes de la embajada chilena en ese país. En todo caso, se solicitó no publicar la identidad de la abogada, mientras las negociaciones no estén terminadas.
Una abogada perteneciente al bufet de profesionales que defendió al actual primer ministro Ariel Sharon, en la acusación que se llevó en su contra por la matanza de Sabra y Chatila, sería la encargada de hacer el estudio en derecho y seguir acciones legales en Bélgica, en el proceso por la compra de los Mirage-Elkan -y su correspondiente pago de misteriosas comisiones-que se sustancia en ese país, con un correlato en Chile.
Este es una de las pistas que dejó el equipo diligenciador del Departamento Quinto de Investigaciones que viajó el pasado mes de enero a Bruselas, en busca de información, dijeron a El Mostrador.cl fuentes de la embajada chilena en ese país. En todo caso, se solicitó no publicar la identidad de la abogada, mientras las negociaciones no estén terminadas.
Hay que recordar que el Consejo de Defensa del Estado acordó buscar un abogado en ese país, para llevar adelante eventuales acciones civiles, si es que se llega a comprobar que se afectó el patrimonio fiscal chileno.
De acuerdo a la fuente diplomática consultada por este diario, los detectives se reunieron, también, con la policía belga que trabaja con el fiscal Daniel Fransen, quien postergó su viaje a Chile, de fines de febrero, para mediados de año.
La policía habría obtenido valiosa información sobre cómo operó todo el aparataje de comisiones que se pagaron a distintos gestores internacionales y chilenos, como también datos hasta ahora desconocidos en la causa.
Fuentes chilenas allegadas al caso indicaron que el informe del DV debería ser entregado la próxima semana a la magistrada. Dependiendo de los resultados, podrían emanar nuevas diligencias.
Otro de los elementos relevantes para la investigación fue la visita que hizo la magistrada que sustancia el proceso en Chile, jueza (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas, al Estado Mayor de la Defensa, donde revisó la investigación interna hecha por la Fuerza Aérea de Chile, tras la denuncia del ahora senador Nelson Avila, a fines de los ’90, por estos mismos hechos. Hasta ahora se desconoce cuáles habrán sido los alcances de la diligencia.
Hasta el momento, la indagatoria seguida por la magistrada ha arrojado importantes detalles, como por ejemplo que uno de los principales gestores de la compra de los Mirages, a mediados de los ’90, fue precisamente el yerno del ex comandante en jefe de la FACh Ramón Vega, a saber, Bernardus Van Meer.
La trama
A principios de 1995 la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.
Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.
Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.
Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.
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