Tras una extensa reunión que se prolongó hasta las 23 horas, en los comedores de la Cámara de Diputados, el presidente del PS, Gonzalo Martner, dio por superado el impasse que frenó el proyecto de rebaja de penas, asegurando que el acuerdo logrado permitirá revisar nuevamente el tema de las eximentes y las atenuantes al interior de la Comisión de Derechos Humanos.
Al parecer las asperezas surgidas entre los diputados PS y el gobierno, en medio de la discusión del proyecto que crea incentivos para la entrega de información en los casos de detenidos desaparecidos, están superadas.
Luego de una larga reunión que comenzó cerca de las nueve de la noche, y que estuvo integrada por Gonzalo Martner, el Ministro Insulza y los parlamentarios del PS, se llegó anoche a un acuerdo, que al parecer, dejó contento hasta al más duro oponente de la propuesta, el diputado Sergio Aguiló.
El pacto dice relación con la revisión total del artículo tercero del proyecto de rebaja de penas, que durante la semana pasada obligó al Ministro del Interior a retirar todas sus indicaciones.
Por tanto, la propuesta de los diputados de la Concertación que estableció como únicos incentivos la atenuantes muy calificadas en uno, dos o tres grados en casos de delitos de inhumaciones o exhumaciones, será reestructurada a tal punto que las eximentes podrán volver a formar parte del texto legal, pero de manera restringida, situación que según el presidente del PS, será dada a conocer el próximo jueves.
No obstante, previo a la reunión del PS, varios diputados que durante la semana votaron en contra de las eximentes y a favor de la existencia de atenuantes en el proyecto de rebaja de penas, volvieron a señalar que no permitirán ningún vestigio de impunidad.
Un hecho que complica seriamente al gobierno, puesto que el acuerdo con el PS no asegura que el proyecto avance al interior de la Comisión de Derechos Humanos, donde voces muy críticas como es el caso del diputado Gabriel Ascencio (DC) y la presidenta de la comisión Laura Soto (PPD), no hacen más que confirmar un panorama muy oscuro para la propuesta de Lagos.
En esa línea, el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, señaló a El Mostrador.cl que está optimista, pero también alerta, porque «el pan se puede quemar en las puertas del horno».
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Laura Soto, indicó que «todavía hay distancia respecto de los eximentes», puesto que podría ser beneficiados «desde un ex CNI, hasta el mismo Carlos Herrera, quien podría confesar otros asesinatos, y responsabilizar a Pinochet, quedando libre».
Qué pasa con el Ejército
En tanto, respecto del proceder del Ejército en la discusión de la propuesta de Lagos, la diputada Laura Soto explicó que «no se puede legislar con el fusil puesto en la cabeza», sobre todo si se toma en cuenta que en menos de diez días se han vivido varios episodios desagradables, como fue el caso del helicóptero con militares que amedrentó a los familiares de detenidos desaparecidos que asistieron al memorial de Talca, hecho calificado por la diputada como «una vuelta al pasado».
Asimismo agregó que «desgraciadamente» el Ejército no quiere colaborar, a pesar de las intenciones de los diputados y del mismo gobierno.
En la misma línea, el presidente del PS sostuvo que dentro de los próximos días se pronunciarán respecto de la situación que vivieron los familiares de detenidos desaparecidos en Talca. Hecho que ya ha movilizado al diputado Aguiló, quien durante la mañana de ayer visitó las dependencias del Ministerio de Defensa.
La nueva carta del PS
Ahora bien, respecto de los cambios hechos por el PS al interior de la Comisión de DDHH, existe la convicción de que prontamente asumirá como integrante el diputado Juan Pablo Letelier, parlamentario socialista que desde la llegada de la propuesta de Lagos al Congreso Nacional, ha cuestionado su objetivo, al señalar que el proyecto más que beneficiar a las víctimas, beneficia a los victimarios.
A aquello se suma, el liderazgo asumido por el diputado Sergio Aguiló, quien durante la semana pasada alineó a todos los diputados de la Concertación, frenando el proyecto de rebaja de penas, hecho que hizo enfurecer al Ministro del Interior, José Miguel Insulza.
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