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Suprema inicia discretas conversaciones con Justicia para lograr autonomía

Las reuniones han sido tan reservadas que, incluso en la Suprema, no se quiere hablar de la situación. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron a El Mostrador.cl que en los primeros dos encuentros sólo se trataron las materias del proyecto del Ejecutivo "muy por encima" y que se "están renovando las confianzas entre las partes y abriendo el naipe".


Dos discretas reuniones ha sostenido una comisión de la Corte Suprema con el Ministerio de Justicia, tendientes a analizar el proyecto que presentó la cartera el año pasado y que buscaba otorgar autonomía financiera al Poder Judicial, como también generar "pesos y contrapesos" al máximo tribunal, a través de una figura similar que existe en otros países, llamada el Consejo de la Magistratura y que generó una ácida respuesta del órgano jurisdiccional.



Así lo supo El Mostrador.cl por una fuente judicial.



Las reuniones han sido tan reservadas que, incluso en la Suprema, no se quiere hablar de la situación. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron a este diario que en los primeros dos encuentros sólo se trataron las materias del proyecto del Ejecutivo "muy por encima" y que se "están renovando las confianzas entre las partes y abriendo el naipe".



Este diario le consultó al ministro Milton Juica, sobre el particular. El magistrado contestó brevemente que "estamos viendo ese tema del proyecto que presentó el ministerio", sin ahondar en mayores detalles.



Hay que recordar que el año pasado Justicia aprovechó la discusión de la autonomía financiera y entregó, "entre bambalinas", un texto llamado "Propuestas de hoy y tareas del mañana", que en su capítulo VI hablaba, tácitamente, de la idea de generar una instancia que pudiera estar por encima de la Suprema. Así al menos lo interpretaron los altos magistrados, lo que derivó en un comunicado público, donde se manifestaba lo siguiente:



"Las escasas respuestas formuladas se concretan en iniciativas de proyectos de Ley que, además de no abarcar las materias de fondo planteadas por esta Corte, tanto respecto de los planteamientos de autonomía de gestión como, en especial, en relación con nuestras iniciativas sobre autonomía financiera, resultaron sorpresivos para ella, estimándose que, sólo erróneamente, se han podido calificar por parte de ese ministerio, como resultado de concordancias producidas entre esa secretaría de Estado y el Poder Judicial", señalaba el documento.



La propuesta de Justicia hablaba de una comisión que integrarían varios académicos, a lo que la Suprema también se opuso y aseguró que cualquier modificación al respecto debía hacerse en el Congreso Nacional, como manda la ley.



Sin embargo, se acordó ganar algo de terreno para discutir el tema de la autonomía, dijo un supremo a este diario. "Lo cortés no quita lo valiente. Pero nuestro tema el ministerio de Justicia lo tiene claro; queremos la autonomía, y estamos hablando".



En el ministerio, en tanto, descartan que la postura de la Suprema se trate de una vuelta de carnero, respecto de la respuesta que en "do mayor" entregaron públicamente el año pasado, "sino por el contrario, los ministros se dieron cuenta de que negociar es una mejor fórmula para llegar a un acuerdo que sea bueno para ambas partes", se dijo.



Pero un supremo que conversó con este diario indicó también que las negociaciones, son una forma de lograr la autonomía, "aunque a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hemos logrado avances importantes en ese sentido, con el ministerio de Hacienda, incluso con el mismo ministro Eyzaguirre, que para este caso, ha estado más cercano a nosotros que el propio ministerio de Justicia, lamentablemente", se indicó.



La comisión por parte de la Suprema estaría conformada, entre otros, por el presidente Marcos Libedinsky, los ministros Hernán Alvarez, Milton Juica, Urbano Marín.



En tanto, por el ministerio lo están, por derecho propio, el ministro Luis Bates y el subsecretario, Jaime Arellano. Mientras que los asesores externos serían el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, Lucas Sierra del Centro de Estudios Públicos (CEP) y Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes.

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