Mientras la oposición exige al Gobierno la revisión de las políticas implementadas en materia de seguridad ciudadana, diputados oficialistas plantean la necesidad de revisar los proyectos que han ejecutado los municipios de la derecha. Por su parte, el Ejecutivo prepara una nueva estrategia para enfrentar los embates de la Alianza por Chile en esta materia.
Con las plantillas electorales para las municipales de octubre prácticamente terminadas, el tema de la delincuencia se ha vuelto el primer tema de debate para convencer a la ciudadanía. Así mientras en la derecha acusan al Gobierno de haber "perdido la batalla" y exigen revisar las medidas adoptadas, en el oficialismo responden que son los municipios cuyos alcaldes son de derecha, los que deben "revisar" sus medidas, pues es en esas comunas es donde la delincuencia más ha aumentado, pese a los recursos invertidos para detenerla. En el Ejecutivo, en tanto, se lamentan de no haber sabido comunicar lo que han hecho en esta materia y ahora tener que aparecer con una actitud meramente reactiva a la oposición.
Pese a esto, si bien desde La Moneda han intentado sacar el tema de la delincuencia del debate político, para no cederle espacios a la derecha justo cuando se prepara para comenzar su campaña municipal, todo indica que la oposición no está dispuesta a echar pie atrás en una materia que podría reportarle interesantes dividendos electorales, pues este es un tema que preocupa particularmente a la ciudadanía.
Es por eso que al interior del comité interministerial de seguridad ciudadana, que dirige el ministro del Interior, José Miguel Insulza, se ha potenciado por estos días -idea que se venía incubando hace meses- que es urgente la necesidad de "mostrar" qué es lo que está haciendo el Gobierno en esta materia y la necesidad de "adelantarse" al caballito de batalla de la derecha. Todos saben que el tema de la delincuencia será uno de los aspectos emblemáticos durante la campaña municipal y parlamentaria.
El escenario de las imperfecciones partió con la publicación de las estadísticas de delincuencia, sin previo aviso a Insulza, y peor aún, sin advertir que esas cifras correspondían al año pasado. A eso se sumó el no haber sabido comunicar la diferencia entre el alza en los delitos y el aumento de denuncias, teniendo en cuenta que ha sido el mismo Gobierno el que ha iniciado una campaña para que la gente denuncie sin temor a represalias por parte de los delincuentes.
Por esto, según fuentes del comité de seguridad ciudadana, uno de los temas que debieran tratarse en la próxima reunión es cuál será la ofensiva comunicacional que deberán preparar, teniendo en cuenta que en las próximas semanas la Fundación Paz Ciudadana debiera presentar una de sus habituales encuestas, donde el Ejecutivo jamás sale bien parado.
Por ahora, la orden gubernamental es mostrar lo que más se pueda y responder lo más duramente posible las críticas de la derecha.
En qué está el Gobierno
El sentimiento del Ejecutivo es que las críticas de la derecha son injustas. Esto porque aseguran que sólo en el Gobierno del Presidente Lagos el presupuesto de Carabineros ha aumentado en un 14,5 por ciento. Incluso, aseguran, desde que la Concertación dirige el país, el presupuesto ha aumentado en un 122,7 por ciento.
Además, agregan, es justamente en los municipios donde los alcaldes son de la oposición, donde más ha aumentado los delitos. Las críticas van directamente al alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, quien se atribuyó en marzo un pequeño triunfo cuando anunció que habían disminuido los robos de celulares en la comuna en un 27 por ciento. Sin embargo, en el Gobierno afirman que "lo que al alcalde se le olvidó decir es que después del fracaso de las casetas de seguridad, los guardias de rojo y los botones de pánico, nosotros realizamos un plan piloto en la comuna con Carabineros y que las cifras que él dio comienzan a regir en noviembre pasado, justo cuando comenzó el plan".
Pero más allá de lo que se está haciendo en materia de delincuencia, en el Gobierno aseguran que el plan antidelincuencia contempla sólo para este año una ampliación en el presupuesto de Carabineros de 6 mil millones de pesos, se seguirá ampliando el plan cuadrante -el año pasado se incorporó la Novena Región-, el aumento de la dotación policial -ley que se promulgó ayer y que significará aumentar el contingente en 3 mil Carabineros más-, el aumento de infraestructura policial, pero lo más importante será las leyes que deben aprobar los parlamentarios.
Entre los proyectos que el Ejecutivo espera que se aprueben cuentan la Ley de Drogas -que endurece las penas y califica como delito y no como falta el microtráfico-, la de control de armas, la que sanciona el uso de armas blancas y de fuego en un delito, y la que limita la libertad provisional a reincidentes, cuyo fin es terminar "con la puerta giratoria" donde la policía detiene al delincuente y éste es liberado a las pocas horas.
Sin embargo, el proyecto donde más debate ha existido es en el de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto porque el proyecto presentado por el Ejecutivo establece centro de reclusión especiales para que los jóvenes que sean detenidos no sean llevados a las cárceles de adultos. "Esta es nuestra diferencia con la oposición. Mientras nosotros decimos que hay que crear cárceles especiales para menores para evitar que se transformen en profesionales del delito, la oposición no piensa eso y quiere que los menores delincuentes vayan a la cárcel junto con los delincuentes adultos".
Apoyo parlamentario
En este contexto, cuando desde el Gobierno y la oposición se recriminan mutuamente, diputados de la Concertación hacen hincapié en que los parlamentarios deben abocarse a legislar y no a interpretar cifras. Esto en clara respuesta a las declaraciones del senador de la UDI Juan Antonio Coloma, quien el fin de semana pasado hizo un detallado análisis de las cifras de delincuencia y demostró cómo ésta ha aumentado en el mandato de Lagos.
En este sentido, el diputado DC Jorge Burgos enfatizó la importancia de comprometerse a legislar adoptando como "prioridad uno" las materias relativas a la delincuencia. "Hay muchos diputados que critican la falta de instrumentos, pero a la hora de legislar son remolones. Es hora que en vez de dar muchas conferencias sobre índices, vayan más a las comisiones a trabajar en estos temas", sentenció Burgos.
El legislador demócrata cristiano añadió que la agenda sobre seguridad ciudadana debió haber sido materia de debate "durante todos estos meses" y que si no ha sido así, en ello hay una responsabilidad tanto del Gobierno como del Congreso.
Por su parte, el diputado PS Carlos Montes fue aún más crítico hacia los alcaldes que gastaron recursos en implementar proyectos de seguridad ciudadana en sus comunas, sin que éstos hayan generado una reducción de la delincuencia.
"Es necesario hacer una evaluación del aporte de los municipios a la seguridad ciudadana; la cantidad de recursos que los municipios ocupan, como es el caso de La Florida, donde gastando más de mil millones al año, los indicadores suben más y más. En la comuna de Santiago, cuánto se ha invertido en el tema de seguridad ciudadana", inquirió Carlos Montes.
En su opinión también es necesario evaluar la eficacia del Plan Cuadrante y afinarlo. Pero también instó al Gobierno a que "no caiga en las provocaciones de la UDI y de (Joaquín) Lavín, pues éstas "no permiten ver los problemas reales", sostuvo.
Larraín pide urgencia
En tanto, el presidente del Senado, Hernán Larraín, pidió al mandatario que le ponga urgencia a los proyectos sobre seguridad ciudadana que están estancados en el Congreso, de manera de asegurar que antes del 21 de mayo estén promulgados. Larraín hizo especial referencia a las iniciativas relativas a ajustes a la Reforma Procesal Penal, a la Modificación al Código Penal sobre porte de armas; a la que dice relación a los agravantes por arma blanca, al proyecto que sustituye la Ley de Control de Drogas, a aquel sobre Registro Nacional de ADN, y a la iniciativa sobre la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Respecto al proyecto que baja la responsabilidad penal juvenil, el presidente de la Cámara Alta señaló que se concordó con el Gobierno despacharlo antes del 18 de septiembre. Esta iniciativa está siendo debatida en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que en la sesión de ayer continuaba votando los artículos uno a uno.
Por lo que, según el diputado UDI Marcelo Forni -integrante de dicha instancia-, el primer informe del proyecto debería pasar a la Sala en mayo y no antes.
Sin embargo, a juicio de Larraín con estos proyectos no es suficiente para enfrentar el problema de la delincuencia, por lo que indicó que "es importante que se adopten otras medidas complementarias, como los ajustes a la Reforma Procesal Penal que se hizo en diciembre".
Por otra parte, coincidió en que es necesario evaluar algunas iniciativas implementadas por el Gobierno para combatir la delincuencia, como es el caso del Plan Cuadrante, a cargo de la Policía, que "hasta donde sabemos, ha dado resultados positivos. Creo que sería oportuno evaluar el Plan Cuadrante, porque su extensión a regiones pudiera significar un gran avance en contra de la criminalidad".
También, añadió, es necesario evaluar el "Programa de Comuna Segura Siempre", proyecto especial para el combate a la delincuencia implementado en 100 comunas, junto con el cual se aplican iniciativas de trabajo con la comunidad y desarrollo de infraestructura, y que ha significado un costo de "más de 13 mil millones de pesos", por lo que es necesario verificar si los recursos invertidos "están siendo bien gastados o no".
Por lo que anunció que éstos y otros proyectos serán analizados por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, encabezada por el senador Eduardo Frei, a fin de avanzar en la generación de leyes, evaluar, reacondicionar y rectificar iniciativas que ya han sido dictadas. Para ello -dijo- está trabajando en conjunto con el presidente de la Cámara, diputado Pablo Lorenzini, y el ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla.
En cuanto al debate político que han generado, entre la derecha y el Gobierno, las últimas cifras sobre delincuencia, Hernán Larraín explicó que con sus dichos "no estoy refutando a la UDI ni defendiendo políticas de Gobierno, puesto que no es mi rol ni el rol del Senado, como institución, entrar en el debate político (…). Lo que yo estoy planteando es que el Senado está ocupado en avanzar en los temas de seguridad ciudadana. En lo que al Senado corresponde, estamos enfocados en aquella dirección".
Agregó que "lo que pueda decir un partido político o lo que yo pueda opinar no es relevante, lo importante es una opinión institucional", con lo que se descolgó de la posición gremialista, que en conjunto con Renovación Nacional, ha asumido el tema de la seguridad ciudadana como bandera de lucha para elecciones municipales.
Lagos se defiende
Ayer mientras promulgaba las leyes que amplían la planta de Carabineros en tres mil funcionarios y extienden la carrera institucional hasta en cinco años, el Presidente Lagos, decidió tomar el toro por las astas. Aunque no estaba planificado que realizara algún discurso, Lagos sostuvo que al término de su mandato el número de efectivos de la policía uniformada habrá aumentado en un 10 por ciento.
En este sentido, respondió a la derecha, señalando que "en seis años aumentamos un 10 por ciento la dotación de Carabineros. En 17 años (régimen militar) no se aumentó ni un carabinero. Hay que tener entonces perspectiva histórica para hablar".
"En 6 años aumentamos en 10 por ciento la dotación de Carabineros, en 20 por ciento la dotación de vehículos policiales, doblamos la superficie carcelaria. Eso es lo que estamos haciendo. Concreto, ahí están las respuestas. Ahora entonces, a partir de estas respuestas, los invito a estudiar cómo construimos una política común y no hacemos de esto un debate menor, con soluciones efectistas, para aparecer 30 segundos en la cuñas de la televisión", agregó.
Añadió que la "forma seria" de abordar el problema de la delincuencia es con un conjunto de iniciativas, en distintos ámbitos, que deben ir complementándose. "Tiene que haber una política global, no una política que crea que aumentando las penas resolvemos el problema. Si con aumentar las penas resolviéramos el problemaÂ… Excúsenme por decirlo: las penas son más altas en Nueva York que en Alemania y los niveles delincuenciales son mayores en Nueva York que en Alemania".
