La acreditación de los programas educativos que imparten los preuniversitarios, como la solidez financiera de éstos serán puntos clave que se abordarán en el proyecto de ley para regular estas instituciones, que está elaborando el senador Roberto Muñoz Barra. La iniciativa será entregada la próxima semana al ministerio de Educación.
Con el objetivo de que no existan más preuniversitarios como SEA, cuyos propietarios estafaron a 400 alumnos al no reembolsarles las matrículas, el senador que integra la Comisión de Educación del Senado, Roberto Muñoz Barra, está redactando un proyecto de ley que obligue a estas instituciones a formar parte de un registro público nacional.
El objetivo de la normativa, según explicó el legislador a El Mostrador.cl, es que los preuniversitarios sean evaluados por el Ministerio de Educación (Mineduc), tanto en el ámbito curricular -los contenidos que imparten-, como en la solidez económico-institucional que tengan a la hora de entrar al mercado de la educación.
Muñoz Barra aseguró que en el Mineduc no posee un registro sobre estas instituciones, por lo que los alumnos no tienen donde recurrir para conocer de manera objetiva sobre la calidad de las entidades que los capacitan para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El parlamentario aseveró que si la ley se aprueba, las instituciones debieran entregar la información a las direcciones provinciales de educación.
El parlamentario sostuvo que esta idea fue planteada al ministro de Educación, Sergio Bitar, quien le aseguró que apoya la iniciativa. Sin embargo, a diferencia del senador, esta semana la subsecretaria de Educación, María Ariadna Hornokohl, planteó que los empresarios que se dediquen a este ámbito educacional deben buscar autorregularse.
Evitar la historia del SEA
El hecho que el preuniversitario SEA (Sociedad Educación Activa Limitada) dejara sin preparación para la PSU, a unos 400 alumnos de cuatro sedes, debido a que la institución cerró sus puertas, fue considerado por las autoridades educacionales como un hecho grave. La situación no sólo afectó a los alumnos que no pudieron cobrar lo que habían pagado, sino también a docentes y administrativos que quedaron sin trabajo.
El problema más complejo, según el senador Muñoz Barra, es que el Mineduc no tenga un registro de las instituciones ni tampoco se las certifica, por lo que los dueños de estos planteles no tienen ningún control por parte del Gobierno y no se pueden prevenir las quiebras.
La idea del legislador es que exista un control parecido al que habrá sobre las universidades cuando se apruebe la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Esa legislación contempla dos funciones: analizar los contenidos, que sean los adecuados para cada carrera y, a la vez, evaluar institucionalmente a los planteles para conocer el personal, estado financiero e infraestructura de universidades públicas, privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica.
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