Una de las iniciativas más revolucionarias del Gobierno en materia económica y ambiental no tiene los votos del oficialismo para ser aprobada en la Cámara. Entre las objeciones al proyecto están que concede derechos indefinidos sobre el aire y que no hay capacidad fiscalizadora de las autoridades sobre el mercado que se formará.
No ha sorteado el primer trámite en la Cámara de Diputados y el proyecto de Ley de Bonos de Descontaminación ya genera un arduo debate entre los parlamentarios. Por un lado la Alianza por Chile apoya el estimulo económico para descontaminar, mientras que la Concertación ve que le falta maduración a la iniciativa.
El proyecto, enviado al parlamento el 2003, plantea que las autoridades fijarán cupos de emisión máximos de contaminantes para cada fuente. Si una empresa no puede cumplir el límite impuesto, para lograr su meta tendrá la posibilidad de comprar un bono a otra fuente que acredite que contamina menos. Por ejemplo, si una empresa de transportes se convierte a gas y disminuye sus emisiones a menos de tope impuesto, podrá vender bonos a una industria que contamine más del límite permitido.
El objetivo de la propuesta del Gobierno es crear un mercado de transacción de emisiones que será regulado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
Sin embargo, lo que es una buena idea para el Ejecutivo y la oposición, para la Concertación no lo es. Debido a los desacuerdos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara se ha postergado la discusión del proyecto, por lo que se amplían los plazos para que sea votado en la sala. Incluso se ha propuesto al interior de esa entidad que la iniciativa sea retirada por el Ejecutivo.
Uno de los principales reparos que planteado el diputado Guido Girardi (PPD) es que el proyecto hasta ahora sólo contempla las emisiones de material particulado grueso (PM10) y deja fuera el PM 2,5, que hace más daño a la salud según los expertos.
El diputado Alejandro Navarro (PS) aseguró que otra duda es qué organismo fiscalizará que las fuentes cumplan con los compromisos. Según los críticos al sistema, la Conama no tiene capacidad, por ahora, de coordinar todas las etapas que implica este proceso. Explicó que se debe evitar la concentración de las funciones de certificación, licitación, remate, control y fiscalización en el mercado.
Se plantea, además, que el cupo de emisión, se debe cambiar por un certificado de emisión, pues éste no constituiría un derecho a contaminar el aire. Además se indica que se debe modificar el término bonos de descontaminación, por permiso de emisión transable, con una duración definida.
La directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, aclaró que el sistema se debe limitar a zonas geográficas que tengan planes de Prevención y Descontaminación. Hasta ahora esto existe sólo en la Región Metropolitana. Este programa establece normas máximas de emisión de contaminantes y medidas de mitigación para industrias y automóviles.
Optimismo en la Alianza
Los más contentos con el proyecto, son los legisladores de la Alianza, pues aseguran que la iniciativa compatibiliza el cuidado del medio ambiente con la actividad económica.
El diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Mario Varela, sostuvo que esta iniciativa ha demorado en su tramitación debido a las objeciones de la Concertación. "Me parece que este proyecto que fue planteado por el propio presidente Lagos y que forma parte de la Agenda Pro Crecimiento debe ser apurado en su tramitación, pues las objeciones no tienen fundamento. Siempre que se quiere priorizar lo ambiental, se ve afectado el crecimiento del país", dijo.
Varela planteó que una de las dudas de los diputados oficialistas es si se podrán integrar al sistema las fuentes móviles. "La idea es que puedan participar del sistema todo tipo de empresas. Así una industria podrá comprar bonos a una empresa de transporte que use tecnología limpia, por ejemplo», aclaró.
El parlamentario aseguró que en el futuro las autoridades podrán contemplar variados tipos de contaminantes para ser incorporados en el sistema de bonos, por lo que los temores de los diputados de la Concertación respecto a la exclusión del PM 2,5 son »infundados».
El Instituto Libertad y Desarrollo es una de las instituciones que ha asesorado a los parlamentarios de la UDI en materia ambiental. Plantea que una de las formas para terminar con los episodios críticos en Santiago es el sistema de bonos de descontaminación, pues genera un congelamiento de las emisiones en los lugares donde opera.
Discrepancias
Las diferencias más significativas entre los parlamentarios de la Concertación y la Conama se centran en las legislaciones que se están impulsando con mayor fuerza por parte del organismo ambiental en el Congreso.
Mientras la directora de la entidad, Paulina Saball, es proclive a apurar el proyecto sobre bonos, los presidentes de las comisiones de medio ambiente de la Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Partido Socialista y Partido Radical, proponen que a esta normativa le falta maduración para ser aprobada en los dos años que quedan de Gobierno, por lo que se debe poner énfasis en otras áreas con mayor impacto social y político.
Las metas inmediatas de las colectividades son distintas a las de la nueva dirección. A modo de ejemplo, intentan que se apure la discusión del proyecto de Ley de Bosque Nativo, que lleva 10 años entrampado en el parlamento. El presidente de la comisión de medio ambiente del PPD, Patricio Rodrigo, planteó -en una propuesta oficial dada a conocer a Saball- que la Conama debe liderar este proyecto, levantándolo como "bandera de beneficios ambientales".
__________
