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Derecha vota contra jueces especiales y evita traspaso a tribunales civiles

Tras ocho meses de discusión y luego de la negativa de la Alianza por Chile de permitir el traspaso de las causas de la justicia militar a la civil, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.


El cuestionado proyecto fue aprobado ayer, cerca de las 19:30 horas, tras una compleja votación que dejó en silencio a la sala de la Cámara Baja, luego que parlamentarios de la UDI y RN, en bloque, dieran el «pésame» a la propuesta, que entre sus propósitos centrales pretendía traspasar las causas de la justicia militar a la civil.



En la ocasión la Concertación aprobó los artículos 1,2, y 3, iniciativas que generaron gran debate por tratar temas, donde se definen los delitos a los que se aplica la ley, los partícipes que no podrán invocar sus beneficios, y las atenuantes y eximentes penales para aquellos que entreguen información.



No obstante, y sin respetar la decisión tomada la semana pasada al interior de la Comisión de Derechos Humanos, los diputados de la Alianza por Chile, votaron en contra de los cuatro artículos transitorios del polémico proyecto.



Situación que echó por tierra, dos iniciativas emblemáticas del proyecto, como es el caso del aumento de los jueces especiales, y el traspaso de las causas de la justicia militar a la civil, aunque el gobierno ya había estableciendo explícitamente que la «cosa juzgada» no sería parte del proyecto de rebaja de penas.



El PS se enfurece



Al respecto, el diputado PS Juan Bustos calificó la decisión de los diputados UDI y RN como «ignominiosa», y señaló que la Alianza lo que desea «es que no se investigue, que no se procese ni condene a nadie», «significa que la Alianza quiere impunidad en nuestro país.»



«La supresión de los artículos transitorios significan un enorme retroceso en todo lo que estaban haciendo los tribunales de justicia es un espaldarazo a los criminales, a los torturadores, a los asesinos durante la dictadura».



En la misma línea, el Ministro Insulza cuestionó la palabra de los diputados de la Alianza por Chile, y lamentó que peticiones de la misma Corte Suprema hayan sido rechazadas.



Finalmente, el Ministro del Interior, indicó que repondrá los artículos transitorios en el Senado.



Advertencia de diputados PS



Por su parte, los parlamentarios PS, tomando en cuenta que el proyecto de rebaja de penas entrará en los próximos días a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtieron que cualquier cambio en su articulado será rechazado.



En esa línea, el diputado Sergio Aguiló señaló que el PS, no permitirá en forma alguna, que el proyecto tenga «una sola gota de impunidad» que pueda beneficiar a los violadores de los derechos humanos.



Cómo quedó el proyecto



El proyecto que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, contempla:



-Estímulos para la entrega de información a través de atenuantes calificadas y eximentes para los civiles que al momento de ocurrencia de los hechos cumplían con su servicio militar y aquellos que desempeñaban labores sanitarias de enfermería.



-Reglas procesales especiales como la reserva de identidad y secreto; la vista preferente de las causas de violaciones a los DDHH; la improcedencia de responder por falso testimonio, perjurio y obstrucción a la justicia, respecto de quienes liberen información; apreciación de prueba y libertad provisional, pero sin el traslado de causas desde la justicia militar a la justicia ordinaria; nombramiento de jueces especiales; y la integración de la Corte Suprema.



El avance concreto de la propuesta DDHH



Al notable avance de proyecto de rebaja de penas, se suma también el proyecto que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales referidas a condenas impuestas por tribunales militares en tiempo de Guerra, por hechos acaecidos entre 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del 1990.



En tanto, el proyecto de ley de reparaciones también fue despachado al Senado, con unanimidad, hecho que sin lugar a dudas puede ser considerado como un triunfo para La Moneda, que cumpliría antes del 21 de mayo con la tramitación de las tres iniciativas que conforman la propuesta de derechos humanos.



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