El Mandatario no podrá incluir en su cuenta anual como un logro la Ley de Jornada Escolar Completa, pilar de la reforma educacional. Contra el proyecto está la derecha y los colegios particulares que amenazan con recurrir a la justicia si se promulga la normativa.
Mañana el presidente de la República, Ricardo Lagos, moderará en su cuenta anual los avances que se pretendían incluir en materia educacional con la promulgación de la Ley de Jornada Escolar Completa (JEC) y limitará su anuncio a que se logró el consenso político para aprobarlo en ambas cámaras en el Congreso.
Esto se debe a la reserva constitucional hecha el viernes pasado por diputados de la Alianza por Chile, quienes obligaron a retrasar la promulgación del proyecto -uno de los pilares de la reforma educacional-, pues consideran que algunos artículos de la normativa vulneran la libertad de enseñanza. La iniciativa fue aprobada por el Senado y la Cámara y ahora los legisladores de derecha se preparan para recurrir al Tribunal Constitucional, entidad encargada de pronunciarse en un plazo no determinado sobre los artículos cuestionados. La normativa debe ser analizada de todas formas en el organismo pues es parte de la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), y mientras no resuelva no puede ser promulgada.
El proyecto, que obliga que el 2007 todos los colegios municipales y subvencionados entren en jornada escolar completa y el 2010 el resto de los subvencionados, incorpora una serie de derechos que deben garantizar los establecimientos particulares y subvencionados, como transparencia en el proceso de selección de sus alumnos.
La derecha considera inconstitucional que las escuelas deban incluir el 15 por ciento de alumnos socio-económicamente vulnerables en su matrícula, pues aseguran que la Carta Fundamental consagra el derecho de abrir, organizar y mantener colegios sin limitaciones. Se niegan, además, y que la organización interna de los establecimientos se base en los consejos escolares, pues sostienen que no se puede imponer el formar un determinado tipo de asociación. Con este mecanismo, apoderados, alumnos, profesores y sostenedores deberán, por ejemplo, estar informados de los gastos e ingresos de un establecimiento.
Junto con esto, los legisladores de oposición afirman que la ley JEC, que impide la cancelación de matrícula a alumnos que no las paguen a tiempo, incentivará a los padres a pagar con retraso las mensualidades. Los legisladores, además, plantean que están en contra de un sistema educacional basado en la jornada escolar completa, pues aseguran que no está comprobado el mejoramiento del nivel de enseñanza, el gobierno no ha garantizado la alimentación de los niños y, hasta ahora, sólo se ha fomentado el ocio.
Precisamente, estas áreas fueron impulsadas por parlamentarios gobiernistas para otorgar mayor participación a la comunidad educativa y transparencia al sistema.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Carlos Olivares, aseveró que le hubiera gustado que la propuesta "se incluyera dentro de las legislaciones promulgadas, debido a que urge que se incluya en el sistema educacional la integración de alumnos de bajos ingresos y que toda la comunidad participe del proceso educacional".
En tanto, la diputada Carolina Tohá afirmó que con la objeción de la Alianza, a ciertos artículos de la JEC, "se entrampa el objetivo del proyecto que busca entregar solidaridad y equidad social. Los puntos cuestionados por la derecha son todo".
Particulares en alerta
La Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) y la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) reafirmaron ayer su postura contraria al proyecto, y aseguraron que ésta no se basa en pérdidas económicas que podrían tener, sino en la imposición de una ley que los perjudica.
El presidente de la FIDE, Carlos Pellegrin, aseguró que el presidente de la República debe abstenerse de promulgar la iniciativa con los artículos objetados. "Si el Tribunal Constitucional resuelve que todo o parte de los artículos impugnados son constitucionales, antes de la promulgación, las instituciones de educación privada pueden hacer una presentación formal para que ejerza el derecho a veto", dijo.
Pellegrin explicó que con la iniciativa se "está beneficiando a los morosos, o sea, papás que podrían no pagar durante todo el año y cancelar a última hora para asegurarse la matrícula para el año siguiente". Explicó que los colegios de financiamiento compartido tienen "un sistema de becas, de asistencia y una paciencia enorme para ayudar a los padres con dificultades económicas. El punto no es plata, es que se nos quiere imponer por ley una situación donde vamos a vernos seriamente afectados".
En tanto, el presidente de la Conacep, Walter Oliva, sostuvo que la educación privada está "en alerta" y que en los próximos días van a realizar un recorrido por escuelas que pertenecen a la educación privada, para realizar asambleas para que sepan "el riesgo que se está corriendo y sean capaces de transmitir su preocupación a las autoridades en este caso".
"Nos reservamos el derecho a tomar acciones y dentro de esas están las judiciales", dijo.
Oliva agregó que con este proyecto "se juega con la fe pública", debido a que los chilenos "luego este arduo trabajo debiesen preguntarse si sus hijos van a poder estar en jornada escolar completa con este proyecto. Si somos serios, la respuesta es no. Ninguno de estos puntos ayuda a solucionar que los alumnos entren a la jornada completa".
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