Los reparos de las diferentes entidades ligadas al tema medioambiental apuntan a la inconveniencia de que una misma institución sea la responsable de proteger los recursos nativos y, a la vez, fomentar el sector forestal. También critican la falta de recursos para fiscalizar el comercio no autorizado de esta madera y cuestionan las cifras oficiales del organismo.
Severas críticas a su institucionalidad está recibiendo la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a raíz del Caso Alerce. Al informe sobre el tema que la fundación Terram entregó el viernes pasado al ministro en visita Hernán Crisosto, se suman los cuestionamientos de otros actores vinculados al medioambiente y que apuntan a reformular el organismo.
Las principales críticas se centran en el rol que está cumpliendo actualmente una institución que nació a fines del gobierno de Salvador Allende con la misión de "contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país", lo que, a juicio de las organizaciones ambientalistas, no se estaría cumpliendo, especialmente en lo relativo al alerce.
Aunque en la CONAF prefieren hablar de "un nivel de tala ilegal" y no de tráfico, todos los actores involucrados coinciden en que las leyes que regulan la extracción y comercio de este bien no se están cumpliendo a cabalidad.
El coordinador del programa de recursos naturales de Terram, Cristóbal Zolezzi, plantea que la principal conclusión del informe realizado por la fundación es que "que el tema del alerce está estrechamente ligado a la institucionalidad forestal y que nunca va a haber una política de protección del bosque nativo real, en la medida que la institución que tiene que velar porque se cumpla esa legislación sea la misma que está orientada a la búsqueda de los objetivos productivos de la misma especie".
Agrega que seguirá la extracción y comercio ilegal mientras "CONAF sea la que entrega los permisos de explotación de maderas muertas y la que tiene que velar porque no ocurra la tala ilegal", por lo que esta doble función debe terminarse.
Por su parte, el presidente de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, René Reyes, sostiene que "ambas funciones pueden ser compatibles" pero admite que "lo óptimo sería que todo lo que es la protección estuviera a cargo de un servicio nacional de parques, como ocurre en el resto de los países del mundo, y que por otra parte hubiera una institución que promueva el desarrollo".
Añade que "dentro de CONAF no he visto que los colegas hagan primar una función por sobre otra, pero el verdadero problema que es que ésta sigue siendo una corporación de derecho privado" y no público, lo que desde su prisma la deja en desventaja respecto de otras instituciones netamente estatales.
El abogado y premio nacional de medioambiente 2003, Fernando Dougnac, coincide en que idealmente las funciones de protección y fiscalización debieran estar separadas de las de fomento, y concuerda también con Reyes en que como CONAF "no es parte de la administración del Estado, es un híbrido, entonces tiene todos los males de las dos partes y eso causa un perjuicio tremendo para la institucionalidad".
En este sentido plantea que la corporación no tiene capacidad para hacer cumplir aquellos mandatos que la ley le encomienda, ya que posee "pocas atribuciones, sus funcionarios son mal pagados, depende de un ministerio (Agricultura) que no tiene peso político y eso se refleja, por ejemplo, en el Parque Nacional Chiloé, que tiene más de diez mil hectáreas y dos guarda parques, que además se tienen que turnar porque uno descansa mientras el otro trabaja, por lo tanto tiene sólo un guarda parques".
"Después hay fallas estructurales importantes. Si usted hoy día corta alerce vivo, ése alerce se incauta y pasado cierto tiempo se saca a remate. Por lo tanto el Estado está fomentando un mercado negro de las especies protegidas vulneradas", asegura.
Para esto último propone una salida radical. "A mi modo de ver, la única solución es la prohibición total y absoluta de comercio del alerce", incluidas las maderas muertas, de manera de eliminar el incentivo al tráfico, dice.
Esto no es compartido por la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo. René Reyes afirma que "no es llegar y decir prohibamos la extracción de madera muerta, porque hay muchas comunidades sobre todo indígenas que dependen estrechamente del alerce y que la necesitan para sobrevivir".
"Entonces el tema es que tenemos un recurso que se llama alerce y que está en madera viva y también en madera muerta, entonces qué hacer. Bueno, proteger al vivo como dice la ley y con el muerto lo que se debería hacer son buenos programas de desarrollo local orientados a la extracción planificada y bien monitoreada, para que el beneficio de esa extracción quede en las comunidades locales y no en los intermediarios", de modo que a mediano plazo se pueda producir una reconversión de actividades, por ejemplo, hacia el ecoturismo, que ya se está empezando a desarrollar en la costa de la provincia de Osorno.
Los otros reparos a CONAF
Junto con cuestionar el lento avance de la ley de bosque nativo, el informe de Terra, al que tuvo acceso este medio, cuestiona algunas de las cifras utilizadas por CONAF en el tema del alerce.
El documento plantea que según el informe de CONAF de 2004, entre los años 1990 y 1997 se autorizaron 781 planes de extracción, para un total de 46.943 hectáreas y un volumen 569.425 m3 de madera. En cambio, según el informe de Díaz, Lara y Echeverría de 1998, basado en los archivos de CONAF X Región, las autorizaciones fueron 757, las hectáreas involucradas 48.242 y los metros cúbicos autorizados 714.132. Es decir, las propias cifras oficiales se contradicen, aseguran.
Por otra parte, sobre las guías de libre tránsito otorgadas por la corporación entre el 90 y el 97, la institución afirma que autorizó 118.967 de metros cúbicos. Sin embargo, la investigación de Díaz (1998) señala que se autorizaron 217.404 metros cúbicos. Es decir, las cifras se contradicen en 98.437 m3. Si la CONAF «baja» este año en cien mil metros cúbicos lo que en el 98 dijo que había autorizado, asalta la duda sobre la naturaleza de esa diferencia, enfatizan.
Las cifras del catastro de 1983 realizado por la Universidad de Chile sobre alerce muerto -único documento oficial sobre esta materia- arrojan un volumen entre 1 y 1,2 millones de metros cúbicos. Según las estimaciones de este estudio de Terram, basadas sólo en cifras oficiales, los volúmenes autorizados desde entonces oscilan entre 1,3 y 1,7 milllones de metros cúbicos. Por lo tanto, afirman, CONAF ha entregado más autorizaciones que el alerce muerto disponible.
