La directora nacional del organismo, que se encargará de habilitar, administrar y hacer funcionar los centros de detención para menores, Delia Del Gatto, señaló que el Sename cuenta con la infraestructura y el financiamiento para implementar la ley cuando sea promulgada, lo que espera ocurra a principios del próximo año.
Cada día es más urgente la necesidad de aprobar el proyecto de ley sobre responsabilidad penal de los jóvenes. A pesar de que a estas alturas en eso existe un consenso transversal, la iniciativa sufrió un importante traspié, al aplazarse su tramitación hasta octubre. La discusión fue suspendida aparentemente porque el Gobierno no contaría con los recursos para su financiamiento. Aunque esto ha sido desmentido incluso por el Sename, organismo que será el encargado de aplicar la normativa en el aspecto referido al cumplimiento de sanciones.
La aprobación del proyecto se volvió más imperioso, luego de que ayer el Gobierno diera a conocer las cifras de delincuencia correspondiente al segundo semestre de este año. Esto porque aunque no se entregan cifras concretas respecto de los índices de delincuencia juvenil, en la oposición insistieron en la necesidad de ponerle suma urgencia al proyecto.
Cuando la tramitación de la iniciativa se suspendió para la fecha que había sido programada, los senadores de la Alianza por Chile Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) reaccionaron molestos ante lo que consideran un desacierto, acusando a La Moneda de haber actuado de manera "irresponsable" al "retirar el proyecto del Senado para una nueva tramitación", abriendo una polémica que parece no ser tal, ya que la iniciativa continuará su tramitación la primera semana de octubre.
Espina, presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señaló que con el fin de aprobar la iniciativa a una velocidad récord, la instancia que encabeza la despachó a la Sala en no más de dos semanas, de manera de terminar lo antes posible con la impunidad en que actualmente quedan los delincuentes menores de edad.
Una de las críticas más fuertes que hace el parlamentario es que se le habría advertido al Ministerio de Justicia, cuando el Gobierno envió el proyecto al Congreso, que no contaba con el financiamiento para su aplicación, a lo cual las autoridades habrían respondido que la iniciativa "no representa costo fiscal". Sin embargo, la semana pasada le habrían avisado a Espina que el proyecto sería retirado de la tabla porque no había financiamiento para él.
En todo caso, según trascendió, la razón por la cual se retiró el proyecto de la tabla fue para darle prioridad a los ajustes a la Reforma Procesal Penal, pues esta iniciativa lleva mucho más tiempo en el Congreso, y ambas no se iban a poder analizar el mismo día.
Mientras tanto, el propio intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, destacó -en una entrevista a un canal de televisión- la importancia de aprobar la ley sobre rebaja de la responsabilidad penal adolescente. La autoridad regional se refirió al tema a propósito de los desmanes ocurridos durante la jornada del 11 de septiembre, resultado de los cuales alrededor del cincuenta por ciento de los detenidos fueron menores de edad.
A este respecto Trivelli fue enfático, ya que sentenció que "los jóvenes de 17 años ya saben lo que hacen", de allí la importancia de aprobar la iniciativa pues con su promulgación -a juicio de quienes la promueven- estos adolescentes no quedarán en la impunidad.
La tarea del Sename
Tal vez la parte más pesada e importante de la aplicación de la ley, cuando finalmente sea aprobada e implementada, se la llevará el Servicio Nacional de Menores (Sename). Este organismo será el encargado de la habilitación y administración de los recintos en que los jóvenes deberán cumplir las sanciones, sean éstas privativas de libertad o de detención preventiva, lo mismo que la ejecución de medidas que no impliquen la privación de libertad, según explicó la directora nacional del Sename, Delia Del Gatto.
Para ello, el organismo ya cuenta con las instalaciones necesarias pues -según explica Del Gatto- durante los últimos cinco años el Sename ha invertido casi 42 mil millones en infraestructura y habilitación, por lo que cuenta con centros en todo el país para cumplir su actual función, algunos de los cuales han sido refaccionados para llevar a cabo sus nuevas tareas.
En este contexto, añadió que sólo resta por concretar los centros de Coyhaique y Punta Arenas. El primero, dijo, está construido en un setenta por ciento y será entregado a fines de año, mientras que el de Punta Arenas el próximo año.
Por lo que "no faltan centros especializados" para cumplir sus nuevas labores, explica, atribuyendo las críticas de los senadores Espina y Chadwick a un "confusión". En esto, Del Gatto es categórica y explica que el Sename sólo necesita como presupuesto extra dos mil 200 millones de pesos para habilitar los Centros Semi Cerrados -donde los adolescentes sancionados a reclusión nocturna deberán cumplir sus penas-, pero precisa que esos fondos están considerados en el presupuesto corriente del organismo para el 2005, el que espera sea aprobado.
Del Gatto insiste que el Sename cuenta con centros en todo el país y que toda la infraestructura con que cuenta el organismo se ocupa actualmente en lo que son los Centros de Orientación y Diagnóstico -donde se realizan los análisis de discernimiento a los menores- y los Centros de Rehabilitación Conductual -donde se aplican las medidas de rehabilitación conductual-, ambos conocidos como los CODCERECO.
Estos centros, aclara, están protegidos por guardias perimetrales de Gendarmería y en ellos trabaja personal "civil" como los educadores de trato directo y los monitores de talleres, entre otros.
El nuevo desafío
Sin embargo, para Delia Del Gatto, la implementación de la ley sobre responsabilidad penal de los adolescentes sólo conlleva un nuevo desafío. Esto porque ya se ha planteado la necesidad de habilitar dentro de los centros un sistema educativo que evite que los jóvenes que hayan delinquido y que deban cumplir una sanción privados de libertad pierdan sus años de escolaridad o, más aún, para ayudar a que aquellos que están más atrasados en este aspecto se pongan al día.
Para concretar su aspiración ya ha sostenido conversaciones, según relata, con el Ministerio de Educación justamente para buscar el mejor mecanismo para asegurarle a los jóvenes su educación.
Romper el ciclo de la delincuencia
Por su parte, el intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, considera «indispensable» que se apruebe la ley sobre responsabilidad penal de los adolescentes, para romper el ciclo delictual a tiempo.
Para Trivelli es «clave» romper el ciclo en que entran los menores a la «carrera delictual» para poder reinsertarlos en la sociedad antes que continúen en ella durante su adultez. La autoridad regional explicó que no sólo en los desmanes del 11 de septiembre quedó de manifiesto que cada vez son más los jóvenes menores de 18 años que delinquen, sino que también lo ha podido observar en el Programa de Combate a la Delincuencia que se aplica en la región.
Sin embargo, coincide con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, en cuanto a que las sanciones deben apuntar a la reeducación de los menores y no sólo a aplicar la mano dura. Esto, porque según su experiencia, entre los años 1992 y 2004 la población penal ha aumentado de 22 mil a 38 mil, en la Región Metropolitana, lo que indica -dice- que la cárcel «no es la única herramienta de política pública» para combatir la delincuencia, ya que con ella los delitos igual aumentan.
De allí, que lo importante sea -insiste- poder intervenir a mediana edad el ciclo delictual en el que entran los menores.
