Presidente de Renovación Nacional manifestó que como embajador de Chile ante ese organismo, durante el régimen militar, sólo se basaba en la información que le llegaba del gobierno y lamentó que sus palabras hayan causado »dolor» a las personas afectadas por atropellos a los DDHH.
La decisión del Ejecutivo de postergar la fecha para dar a conocer los contenidos del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura parece haber contribuido a tensionar el ambiente político, ya que aunque todavía se desconoce oficialmente su contenido, tanto en la Concertación como en los grupos de DDHH apuntan a que el trabajo realizado por la instancia sólo viene a ratificar una serie de hechos ya acreditados incluso en procesos judiciales. A eso se suma el hecho de que estos sectores insisten en pedir un mea culpa a la derecha, exigencia a la que respondió tangencialmente el presidente de Renovación Nacional, Sergio Díez.
Por otra parte, el hecho que el Presidente Ricardo Lagos esté dando a conocer, por goteo, sus impresiones en torno al documento, lejos de contribuir al apaciguamiento de todos los sectores sólo parece ayudar a caldear los ánimos y a generar incertidumbre, lo que no crea un escenario propicio para cuando efectivamente los chilenos puedan conocer el contenido del ya polémico informe.
La reconciliación que no llega
Si bien en todos los sectores políticos admiten que trabajos como éste, que se suma al Informe Rettig, en virtud del cual el ex presidente Patricio Aylwin pidió perdón a los chilenos por los atropellos cometidos por el régimen militar, deberían contribuir a la reconciliación entre los chilenos, lo cierto es que ello no ocurre. No sólo porque al conocerse nuevos antecedentes sobre la actuación de algunas instituciones se reabren heridas que nunca se han cerrado totalmente, sino además porque siempre surge un llamado que ya se ha hecho recurrente, cual es que la derecha haga un mea culpa sobre la responsabilidad que, a juicio de la Concertación y de los grupos ligados a los derechos humanos, le compete.
Así las cosas no parece que haya alguien dispuesto a ceder. De hecho, en la oposición, donde ambos partidos están presididos en la actualidad por ex funcionarios del régimen de facto, la reacción ha sido la de esperar a conocer el contenido del informe que el jefe de Estado se está tomando su tiempo para leer y asimilar, aunque ya ha adelantado que el documento resulta incluso "doloroso".
Y pese a que el tema se ha asumido de manera similar en la derecha, en orden a esperar conocer el contenido del informe, el senador Jovino Novoa -ex ministro secretario general de Gobierno del régimen autoritario- fue bastante más duro para referirse a quienes insisten en pedir un mea culpa al sector, ya que aunque admite que durante el régimen militar "ocurrieron situaciones que todos condenamos" -siempre precisando que éstas se dieron "en circunstancias en que Chile y el mundo eran muy distintos a hoy día"-, también fue categórico en plantear que pese a eso "nosotros (la UDI) no vamos a aceptar que responsables políticos de la violencia (previa al 11 de septiembre de 1973) emplacen a personas que trabajaron por restituir la democracia".
A sus duras palabras agregó que el gremialismo no va a responder a los emplazamientos provenientes de personas que, a su juicio, legitimaron "el uso de la violencia y (que) no tienen autoridad moral para emplazar a nadie". Términos que de alguna manera permiten presagiar el difícil escenario que deberá enfrentar el Gobierno, cuando finalmente se dé a conocer el contenido del documento elaborado por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.
Mea culpa de Díez
Menos drástica fue la actitud asumida por el timonel de Renovación Nacional, Sergio Díez -ex embajador de Chile ante Naciones Unidas, durante el régimen militar-, quien no dudó en reconocer el efecto que provocaron sus palabras ante la ONU, a pesar de manifestar sus aprensiones en cuanto a que aun cuando no se conoce el real contenido del informe, "ya se está blandiendo como espada política", lo que, a su juicio, impide que se cumpla el objetivo de "solidarizar" con las personas afectadas y, mucho menos, a la reconciliación del país.
Díez dijo no tener "cargo de conciencia" por los atropellos a los derechos humanos ocurridos durante el período en que fue embajador de Chile ante la ONU, porque de haber sabido lo que pasaba no habría permitido que ocurriera. El argumento del timonel de Renovación Nacional para defender su absoluto desconocimiento de tales hechos es que como embajador él sólo recibía la información que el gobierno chileno le entregaba, subrayando que no tenía por qué dudar de ella.
Además precisó que él no fue funcionario público del régimen militar, sino embajador, por lo que aseguró no tener responsabilidad en los atropellos a los derechos humanos cometidos, reiterando que los embajadores recibían las noticias que les llegaban del gobierno y que no tenían por qué desconfiar de ellas. También manifestó en su defensa que al asumir su cargo puso como condición para ello, que el régimen militar se sometiera a los dictámenes de los organismos internacionales y que así se hizo, por lo que él actuaba confiado de lo que el régimen le informaba.
Mirando los hechos con la distancia y la experiencia que dan los años transcurridos, el octogenario dirigente no esquivó el tan solicitado mea culpa. "Yo siento que mis palabras (en la ONU) hayan herido a muchas personas, hayan causado dolor después y desde el comienzo para esas personas. Yo quiero manifestarles que me duele, también a mí, que ellas pasaran por ese camino". Expresiones que constituyen, a lo menos, un avance en el camino de la reconciliación, como espera el dirigente, aunque todavía queda por ver el debate que se viene con el otro aspecto del informe y que dice relación con las reparaciones que, según el Presidente Lagos, serán sólo "austeras y simbólicas".
