En octubre pasado un representante de los ex prisioneros políticos viajó a España para solicitarle al juez Garzón que persiga internacionalmente a los torturadores que aparezcan en declaraciones entregadas a la comisión. Su postura rompe con la idea inicial de no judicializar testimonios.
La primera semana de octubre arribó a España, Daniel Ibáñez Novoa, miembro de la Comisión Jurídica de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (Uexpp), con el fin de sostener un encuentro de media hora con el juez español Baltasar Garzón. En la cita le pidió al Magistrado su intervención para que los testimonios entregados a la comisión Valech no sean archivados por el Gobierno, sino que se los use en la apertura de juicios contra los torturadores mencionados en el informe que finalmente se entregó al Presidente de la República el 10 de noviembre.
"Fue una entrevista muy amena. Es un hombre tremendamente cálido. Muy ameno y respetuoso de la situación que expuse", dijo Ibáñez.
Consultado sobre la información que poseía el magistrado hispano del trabajo que estaba realizando la Comisión Valech a la fecha de la reunión, añadió que "él es un hombre tremendamente bien informado y siempre está atento a cualquier situación que se refiera a derechos humanos. Es cosa de ver la prensa en Europa y ver como realiza clases magistrales en la universidades sobre el terrorismo de Estado. Es un hombre muy dedicado a la justicia y a hacer prevalecer el derecho. Por lo tanto, ya estaba en antecedente de lo que está sucediendo en nuestro país".
La reunión entre ambos fue concertada el abogado español Joan Garcés, un viejo conocido de Ibáñez desde los tiempos de la Unidad Popular. En efecto: mientras el chileno ocupaba el cargo de jefe de gabinete del ministro del Trabajo, Garcés asesoraba directamente a Salvador Allende en la Presidencia de la República.
Está situación no hace más que revelar la falta de confianza de los ex presos políticos ante el proyecto del Gobierno de entregar los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas, cuyo objetivo "será velar por el fomento, protección, ejercicio y fiscalización del respeto de los Derechos del hombre en Chile", tal como lo señaló el Presidente Ricardo Lagos en agosto de 2003, cuando se anunciaba el debut de la comisión que estuvo a cargo de María Luisa Sepúlveda.
¿A un «museo» o a los tribunales?
Para los dirigentes, "los testimonios no deben quedar en un museo", sino que seguir su camino natural en los tribunales. Es por ello que en el encuentro con Garzón le hicieron entrega de un documento de 54 páginas donde exponen sus planteamientos, con el aval de aproximadamente 300 ex presos políticos y víctimas de la tortura en Chile.
En el informe que tiene el juez Baltasar Garzón textualmente los ex presos reclaman porque "se da carácter de "reservado" a los antecedentes que reciba la comisión; es decir, que tales crímenes no serán denunciados a la justicia competente. «Eso es jurídicamente "encubrimiento" -señala el documento- y quienes lo hagan son partícipes de los crímenes en calidad de encubridores".
Ante tal "improcedencia", dicen los recurrentes, "pedimos que dichos antecedentes sean entregados en su totalidad a algún organismo no gubernamental de comprobada, conocida y efectiva actividad desarrollada en defensa de los derechos humanos, para que posteriormente contribuya un peldaño más en la recuperación de la memoria histórica de todos aquellos ciudadanos que se opusieron a la dictadura".
"Nosotros creemos que en Chile el terrorismo de Estado no ha sido juzgado y los derechos esenciales de quienes fuimos victimas aún están pendientes", afirmó Ibáñez, quien a pesar de sus más de 60 años no ceja en su intento por llevar a los tribunales a los violadores de los derechos humanos en el país.
Por su parte, Víctor Rozas, abogado y ex intendente de Osorno a la fecha del Golpe Militar, indica que la medida de recurrir al extranjero obedece a que "desgraciadamente en Chile el Tribunal Constitucional en ninguna de sus disposiciones establece resguardo para sus ciudadanos en lo que se refiere a derechos humanos".
"Yo personalmente o "Juanito Pérez" no puede llegar a ese Tribunal, porque hay que hacerlo a través del Parlamento o el Presidente de la República para que recién se analice alguna disposición que diga relación con la Constitución. A pesar de haber sido torturados y vejados en la cárceles, no tenemos en este momento ningún organismo que nos defienda, como podría ser un Defensor del Pueblo, como en el caso español», concluyóe Rosas.
De esta forma, con la visita a Garzón, la Unión de ex Presos Políticos se pone a contrapelo de los deseos del gobierno y la oposición en orden a que los testimonios contenidos en las decenas de cajas ordenadas por la Comisión Valech no sean utilizados en ningún caso con fines judiciales.
