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Frente al 80% de empresas incu

Gobierno cede y ablanda estrategia para combatir contaminación a ríos

por 23 noviembre, 2004

Las 751 industrias que no informaron a tiempo sobre sus residuos líquidos hicieron reconsiderar su política a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que resolvió permitirles explicar su falta y no cobrarles, por el momento, multas. Autoridad asegura que no se trata de un perdonazo.

La contaminación de las industrias a los ríos, lagos y lagunas del país sigue siendo un problema para el gobierno. Y es que pese a que el 3 de septiembre venció el plazo para que los privados informen a la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre las características de sus residuos industriales líquidos (o riles), sólo 180 de las 931 empresas catastradas cumplió con esta medida.



El 80 por ciento de las empresas que no ha enviado su "caracterización" de riles preocupa al Ejecutivo, ya que el incumplimiento de la Resolución Número 1442 del 2 de junio del 2004, podría tener consecuencias mayores.



La principal consecuencia sería el incumplimiento del Decreto Supremo 90 del año 2001, que establece que el 3 de septiembre del 2006 las industrias que arrojen desechos líquidos a los cursos superficiales de agua deberán tratar obligatoriamente sus contaminantes e ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). O de lo contrario se exponen a multas de hasta 100 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -unos 36 millones de pesos- y a la clausura.



Para evitar este escenario es que la Superintendencia cambió y, según voces al interior del propio Ejecutivo, ablandó su estrategia al anunciar el envío de oficios a las industrias incumplidoras, para que en un plazo máximo de un mes expliquen cuál es su situación actual y por qué no han realizado su "caracterización" de riles. Esto, en vez de aplicar multas inmediatamente.



Multar o no multar



Para Jacqueline Torres, jefa de la Unidad Ambiental de la Superintendencia, la decisión de no aplicar multas inmediatamente a las industrias que no entregaron su caracterización en septiembre no es un ablandamiento ni menos un perdonazo, sino que "tomar precauciones para que cuando se inicie el proceso de sanción, no incurramos en un trámite innecesario".



Esto, ya que algunas de las industrias que no realizaron su "caracterización" ya habían firmado Acuerdos de Producción Limpia cuando se dictó la resolución 1442, en junio del 2004, por lo que consideraron que "no era necesario" enviar sus antecedentes. Y si se las hubiera multado inmediatamente tras la expiración de la fecha estipulada, luego el gobierno habría tenido que echar pie atrás en la sanción para no desconocer sus propios acuerdos, dice.



Un caso similar es el de las industrias que contaban con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o una autorización de algún Servicio de Salud para trabajar, al momento de hacer el llamado a entregar los antecedentes sobre los riles de las industrias.



Frente a esto, dice Torres, "la idea es que si usted no está en ninguna situación que legalmente lo deje fuera de esta exigencia -como el Acuerdo de Producción Limpia o la RCA-, nosotros vamos a multarlo".



Claro que "a lo mejor ni siquiera una multa que se traduzca en plata, sino que una que se traduzca en un agravante a tener en consideración en el momento que sea exigible la norma 90", lo que aún está en análisis dentro de la repartición, dice Torres.





Nuevo cronograma



A fines de octubre la Superintendencia envió la primera partida de oficios a un conjunto de 278 industrias que deberán responder sobre las características de sus riles antes del 30 de noviembre. "Pero nuestra idea es que de aquí al 30 de diciembre o en los primeros días de enero podamos haber barrido todo este universo, para que el 30 de enero las industrias nos hayan remitido al menos esa información", plantea.



Según las estimaciones de la autoridad, restando del catastro a las industrias que cuenten con RCA o con Acuerdos de Producción Limpia, "puede haber 300 que realmente no tengan ninguna justificación" y que serán la prioridad del Ejecutivo, para detener la contaminación de ríos, lagos y lagunas, durante el 2006.

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