El Informe sobre Prisión Política y Tortura, elaborado por la Comisión Valech; los gestos del Ejército; la ley de Amnistía y los tres procesos judiciales que enfrenta el general Augusto Pinochet marcaron un año particularmente intenso con respecto a los derechos humanos en tribunales.
La entrega del Informe sobre Prisión Política y Tortura, que dio cuenta de una cruda realidad de las prácticas de violaciones a los derechos fundamentales durante el régimen militar, y la reactivación de los procesos judiciales contra el general retirado Augusto Pinochet Ugarte, un personaje que parecía olvidado y al que muchos así querían mantener, se constituyeron en los hechos más relevantes en materia de derechos humanos durante 2004.
Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que validó la tesis del secuestro permanente para los casos de detenidos desaparecidos y, por tanto, desestimó aplicar el decreto ley de Amnistía de 1978, fue la antesala de un año esperanzador para las organizaciones de derechos humanos. El caso del mirista Miguel Ángel Sandoval se transformó en emblemático para ellas, más aún si después la propia Corte Suprema ratificó las condenas impuestas por el ministro en visita Alejandro Solís contra la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Si bien la resolución de la justicia no desconoció la existencia de la mentada normativa, consideró que ésta sólo puede ser aplicada si se conoce el paradero de las víctimas. En otras palabras, sólo estaría a favor de la amnistía si, primero, se encuentra el cuerpo del detenido y, segundo, si se acredita fehacientemente que el homicidio se registró con anterioridad a 1978.
El dictamen del máximo tribunal, además, estuvo precedido de una ácida polémica, luego que se conociera la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en cuanto a que la ley de Amnistía en Chile era de carácter impropia, vale decir, una vez investigado el delito y dictadas las condenas, debía aplicarse. Esta postura motivó las críticas de organizaciones de derechos humanos, que pidieron la salida de la presidenta del organismo, Clara Szczaranski, quien incluso debió enfrentar una suerte de rebelión de sus abogados.
Pinochet: Cóndor, Prats y Riggs
Augusto Pinochet Ugarte parecía destinado al ostracismo y al olvido luego del marcado distanciamiento de su figura iniciado a mediados de 2003 por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y los reiterados gestos reconciliatorios del comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre.
Sorpresivamente, en mayo la Corte de Apelaciones resolvió privarlo de su fuero por su presunta responsabilidad en la Operación Cóndor, en una determinación que desestimó el sobreseimiento que se le había aplicado en 2001 por el caso Caravana de la Muerte y que reavivó su presencia en la agenda pública. El fallo sería ratificado en agosto por la Corte Suprema, lo que permitió que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia lo procesara como autor de nueve secuestros y un homicidio calificados, por más que el ex militar alegara que «ni Cóndor ni nada de eso era problema mío».
Este año también perdería la inmunidad de la que goza como ex gobernante por el atentado que le costó la vida al general Carlos Prats y la esposa de éste, Sofía Cuthbert, aunque la ratificación de esta decisión por parte de la Suprema fue postergada para comienzos de 2005.
A pesar de estas importantes resoluciones en materia de derechos humanos, lo que más complicó al entorno del ex militar y a quienes aún seguían respaldándolo fue el hallazgo de millonarias cuentas a su nombre en el Banco Riggs de Estados Unidos, de acuerdo a una investigación del Senado de ese país. Si bien en un comienzo se estimaba que las cuentas habían fluctuado entre US$ 4 millones y US$ 8 millones, finalmente se pudo establecer que los movimientos llegaron a US$ 16 millones, de acuerdo a la investigación que desde julio lleva adelante el ministro Sergio Muñoz.
El ex uniformado, que tiene bienes embargados por $2.500 millones, aseguró que los dineros correspondían al "ahorro de toda una vida de trabajo", a pesar de que en un documento que entregó al Riggs en 2003 sostuvo que éstos corresponderían a viáticos percibidos en su calidad de ex comandante en jefe y ex gobernante. Documento que, a pesar de contener timbres y logos del Ministerio de Defensa, se estableció que era falso.
Informe Valech
El año en materia de derechos humanos terminó con la entrega del Informe sobre Prisión Política y Tortura, el que fue elaborado durante más de un año por la comisión que encabezó el obispo católico Sergio Valech y que recogió los testimonios de 35 mil chilenos que sufrieron esos apremios durante el régimen militar.
"La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado, que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile", admitió el Presidente Ricardo Lagos, al presentar el documento al país, que dio cuenta de los métodos de tormentos y los lugares donde se cometieron.
Las palabras de Lagos, sin embargo, estuvieron precedidas de una serie de gestos de parte del Ejército. Cheyre organizó los primeros honores militares para el general Prats, cerró el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -la unidad desde donde se planificó el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez-, lo que tendría su punto cúlmine con el reconocimiento de que las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica sistemática de la institución.
El informe Valech desencadenó una serie de reacciones de parte de las Fuerzas Armadas, algunas con mayor fuerza que otras, pero finalmente todas asumieron su responsabilidad y repudiaron los hechos. Sin embargo, el Poder Judicial, al que el documento le imputaba no haber hecho más para impedir las violaciones a los derechos humanos, fue el que marcó el punto disonante. En una tibia declaración, aseguró que aún cuando hubiesen actuado como debían, difícilmente eso hubiera cambiado el destino de las víctimas.
La polémica de fin de año fue la detención en Argentina del ex frentista Galvarino Apablaza Guerra, conocido como el comandante Salvador, quien sería procesado por el ministro Hugo Dolmestch por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, a fin de cumplir con los requisitos para que fuera extraditado a Chile, a pesar de que sus abogados realizan gestiones para que se le otorgue refugio político.
Su arresto, un día después de la entrega del Informe Valech, dio pie a una serie de especulaciones respecto a su real intencionalidad, y además generó enfrentamientos entre la UDI y el Gobierno por los cambios en la Policía de Investigaciones, y la ausencia del Ministerio del Interior en los alegatos ante la Suprema cuando se dio curso al pedido de extradición.
En el campo legislativo, después de una serie de dificultades, el Gobierno pudo sacar adelante dos de los tres proyectos que formaban parte de la propuesta de derechos humanos de 2003, el de eliminación de ciertas anotaciones prontuariales referidas a condenas impuestas por tribunales militares en tiempo de Guerra, y el de reparaciones para las víctimas, además de la ley sobre pensiones para las víctimas de la tortura, y el indulto a los condenados por violencia con móviles políticos.
Sin embargo, sólo en 2005 se conocerá el destino que tendrá el proyecto para incentivar la entrega de información, la iniciativa más polémica, al igual que la ratificación de los convenios sobre Desaparición Forzada de Personas y la Corte Penal Internacional, temas que fueron postergados en 2004.
