Abogados de derechos humanos sostuvieron que también se debería investigar la responsabilidad de los jueces que rechazaron acoger recursos de amparo. En tanto, miembros del Poder Judicial descartaron que esa conducta sea constitutiva de delito.
A raíz del procesamiento dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán, contra dos ex ministros del Interior del régimen de Augusto Pinochet, abogados de derechos humanos se aprestan a estudiar y, eventualmente, pedir que se investigue a todas las personas que ocuparon este cargo durante los quince años que gobernó el ex uniformado, así como también de los jueces que rechazaron acoger los recursos de amparo a favor de sus opositores.
Ya uno de los abogados querellantes del caso operación Cóndor, Eduardo Contreras, anunció que solicitará -ante el mismo magistrado- el desafuero del actual senador UDI Sergio Fernández, quien encabezó dicha cartera durante 1978 a 1982. Esto, porque fue esa secretaría de Estado la encargada de responder acerca de las detenciones ilegales que denunciaron los familiares de los detenidos desaparecidos ante los tribunales, por la vía de presentar estas acciones judiciales.
Sin embargo, en esa lógica no sólo los funcionarios bajo el mando directo de Pinochet podrían enfrentar responsabilidades criminales, sino incluso también podrían verse involucrados los miembros del Poder Judicial que rechazaron esos habeas corpus, basándose sólo en los informes que envió el gobierno de la época. Es decir, sin investigar la real situación de cientos de ciudadanos que fueron detenidos ilegalmente por los organismos de seguridad del régimen de facto.
Jueces bajo la mira
Al respecto, Contreras coincidió con el ahora senador gremialista en relación a que esta tesis de Guzmán podría tener alcances insospechados, abriendo la posibilidad de encausar incluso a los magistrados que instruyeron tales acciones judiciales.
"Al señor Fernández le parece preocupante y dice que esto puede tener consecuencias insospechadas. Él debe estar pensando en los jueces y mi respuesta es que sí, que también hay que pensar en la responsabilidad de los jueces. Cómo van a pasar como inocentes personas que no dieron lugar a recursos de amparo y ni siquiera dieron orden de investigar", enfatizó.
El profesional recordó que ministros como Servando Jordán, Sergio Valenzuela Patiño(ambos jubilados en la actualidad) y el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez, tuvieron bajo su tutela la tramitación de algunos amparos presentados a favor de opositores al régimen de Pinochet.
En todo caso, precisó que "para llegar a ese punto habría que estudiar caso a caso", ya que primero se tendría que dilucidar qué tipo de responsabilidad criminal podría revestir la conducta que tuvieron esos jueces.
No habría relación
Consultado por las declaraciones de Fernández, a las que se sumaron las del también ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa -que sostuvo que con esta tesis "el Poder Judicial se cae entero"-, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, descartó la posibilidad de que ello ocurra.
Aclarando que aún no leía las declaraciones del ex jefe de gabinete de Pinochet, opinó que "¿si los podrían procesar como cómplices… a los jueces? No veo la relación y, además, fue algo que se dijo hace un año. Los jueces se supone investigaron, recibieron respuestas negativas y qué más podían haber hecho y qué responsabilidad le podría implicar eso. Bueno, no me corresponde meterme porque me afecta".
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, rechazó de forma categórica tal posibilidad, argumentando que "las responsabilidades son bien claras. Se debe distinguir la responsabilidad política de la criminal. Además, la decisión de un juez de primera instancia no puede poner en riesgo la estabilidad del Poder Judicial, porque esta resolución aún debe ser revisada por las instancias superiores".
En todo caso, comentó que "más que un delito, yo veo que (los jueces de la época) tuvieron una forma distinta de interpretar la ley. Sería difícil comprobar la conducta dolosa de los jueces, porque además existen instancias superiores en que sus decisiones fueron revisadas".
El también ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción declinó referirse en específico a los procesamientos dictados por Juan Guzmán, debido a que sólo él puede resolver a quien encausa en el marco de los procesos que investiga.
Pese a ello, explicó que el proceder de las mandos políticos de la época pueden constituir delito "en la medida que estas autoridades hayan tomado la decisión de cometer un ilícito, es decir, que en su conducta exista el dolo o la intención de omitir, falsear u ocultar información respecto al paradero de los detenidos desaparecidos".
Las razones para el desafuero de Fernández
Sobre los argumentos por los cuales solicitará el desafuero del senador Fernández, el abogado Contreras puntualizó que " hay numerosos casos de detenidos desaparecidos que corresponden a la época en que él fue ministro del Interior, como el caso de Guillermo Basid. Además, en su caso, en algún momento dictó una resolución que ordenaba a la CNI que no informara directamente a los tribunales, sino que todo fuera a través del propio ministerio que él encabezaba".
En ese sentido, el profesional dijo que el parlamentario gremialista "no puede alegar desconocimiento de hechos tan graves como de los que estamos dando cuenta. Desde el punto de vista de la doctrina penal, si no son considerados autores mediatos, a lo menos son cómplices o encubridores".
A ello, se suman los antecedentes consignados por la abogada Carmen Hertz, quien señaló que en la época que Fernández fue jefe de Gabinete la Vicaría de la Solidaridad le hizo llegar antecedentes sobre 478 casos de detenidos desaparecidos, por medio del cardenal Raúl Silva Henríquez, con el fin de que investigara acerca de sus paraderos, dado su público compromiso de dar curso a denuncias "serias" al respecto.
"Esas solicitudes nunca fueron respondidas por Fernández. La evidencia da cuenta que no hubo respuesta parte del gobierno. Además, en un país en estado de excepción mal podría haberse contentado cuando la CNI simplemente negaba las detenciones", añadió.
Apelarán a la decisión
Por otra parte, el abogado Ambrosio Rodríguez, representante del general (r) y ex ministro del Interior César Benavides, anunció que apelará a la decisión del juez Guzmán con el fin de revocar el procesamiento por cómplice de 20 secuestros calificados, en el marco de la operación Colombo, y cinco encausamientos por el mismo delito decretados en el proceso por la operación Cóndor.
Al respecto, aseguró que "se va a demostrar con hechos que el general Benavides no tuvo participación en eso", junto con aclarar que su cliente no está afectado de alzheimer, ni otra dolencia inhabilitante. "Todos coinciden que está en condiciones de enfrentar un juicio, pero fue se encuentra en un muy delicado estado de salud básicamente porque va a cumplir 85 años de edad", indicó.
