En diciembre de 1998, cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, el juez Baltazar Garzón solicitó embargo de sus bienes para cubrir eventuales demandas de sus víctimas. El Banco Riggs primero negó entrega de datos, pero ahora decidió sellar acuerdo extrajudicial con la fundación española Presidente Allende. Y prometió transparentar información sobre sus cuentas.
Producto de un acuerdo extra judicial, el Banco norteamericano Riggs National Corporation entregará 9 millones de dólares a la Fundación española Presidente Allende, en el marco del proceso que mantiene el juez Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet por delitos de lesa humanidad.
Así lo informó el mencionado organismo de derechos humanos, que fue creado con la finalidad de perseguir las responsabilidades penales que le puedan competer al ex jefe castrense, por los numerosos casos de lesa humanidad que se le imputan a su régimen de facto.
El mencionado avenimiento se enmarca en el procesamiento y posterior orden de captura internacional dictada en 1998 por Garzón, quien -además- decretó el embargo de los bienes de Pinochet.
Este proceso judicial se amplió en diciembre del año pasado contra los máximos ejecutivos del Banco Riggs, por el delito de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, cuando salió a la luz pública que el ex alto jefe militar mantenía millonarias cuentas en forma reservada en dicha entidad bancaria.
Esta acción judicial se basó en que, frente al requerimiento de Garzón referida a embargar los bienes, cuentas bancarias o cualquier otro activo del desaforado senador vitalicio, el Banco Riggs negó que el ex gobernante figurara en su nómina de clientes.
Sin embargo, luego de una investigación sustanciada por el Senado de Estados Unidos, los ejecutivos de la entidad financiera debieron reconocer que falsearon información relacionada con Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, «siguiendo las órdenes de los titulares de esas cuentas».
No hubo acción dolosa
«Con posterioridad, han sucedido hechos que han develado la falta de intención dolosa de cometer los ilícitos señalados, por parte de la entidad bancaria y sus representantes», consigna la resolución elaborada por Garzón, quien aclara que el quebrantamiento a la ley de Bancos ya fue sancionada por parte de la justicia norteamericana.
De esta forma Garzón dictó el sobreseimiento de los cargos contra los ejecutivos del banco, mientras que la entidad entregará 9 millones de dólares a la Fundación Presidente Allende y, además, se comprometió a entregar todos los antecedentes referidos a las operaciones bancarias realizadas por Pinochet y sus familiares.
Fondo previsional
La Fundación Presidente Allende informó, en tanto, que descontados los gastos del proceso judicial (cercanos a un millón de dólares), con los 8 restantes creará un fondo de pensiones para distribuir entre las víctimas, representadas por la acusación popular y particular, perjudicadas por el alzamiento de bienes de Augusto Pinochet.
«Mediante la presente notifica a las víctimas de los crímenes de genocidio, terrorismo y tortura cometidos por Augusto Pinochet que creará un Fondo de pensiones aprovisionado con la suma inicial de ocho millones de US dólares (8.000.000 de US$)», señala una nota de prensa que envió el organismo.
«A esta suma se agregarán las adicionales que se puedan obtener respecto de los bienes alzados de Pinochet en Chile y otros países. Las rentas del Fondo serán distribuidas anualmente entre las víctimas, mientras que éste será gestionado por una empresa financiera de primer orden», añade la información.
En cuanto al criterio con el que se repartirán estas pensiones, la Fundación precisa que el 40 por ciento de las utilidades de este Fondo se entregarán a las víctimas del régimen militar que están individualizadas en la querella que se sigue en España. En tanto, el 60 por ciento restante, será entregada a los afectados por estos hechos que no reciben ninguna ayuda por parte del Estado de Chile .
Fundación homónima a la chilena
La Fundación española Presidente Allende (homónima pero sin relación alguna con su similar chilena, la Fundación Salvador Allende) es presidida por el abogado y cientista político hispano Joan Garcés, quien fue asesor del fallecido ex mandatario chileno y que mantiene una pugna judicial con el gobierno de nuestro país, por la propiedad y las correspondientes indemnizaciones derivadas de ella del diario Clarín, cerrado luego del golpe de 1973.
Esta entidad, designará una comisión de expertos calificados para gestionar las solicitudes de acogerse a los beneficios antes mencionados, calificarlas y asignar la participación que corresponda, en caso de pluralidad de reclamantes o descendientes de las víctimas.
Sin embargo, el organismo aclaró que las acciones penales por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero siguen en pie en relación a Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.
VEA ADEMÁS:
Riggs entregará toda la información que posee
Lea el auto emitido por el juez Garzón
