Regente del máximo tribunal dijo que "mientras la maquinaria de la Justicia -casi siempre lenta, raramente rápida y por períodos inmóvil- realiza su proceso, sufren familias, se quiebran emocionalmente personas ante la exigencia impuesta, se pierden vidas".
Una férrea defensa al plazo de seis meses para cerrar las investigaciones en causas de derechos humanos formuló el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, en su discurso de apertura del año judicial 2005.
El alto magistrado refutó las críticas relativas al reciente instructivo emanado desde el máximo tribunal, afirmando que el acotar el período de sumario en estos casos se relaciona con el respeto de los derechos humanos de las personas acusadas.
En ese sentido, dijo que "mientras la maquinaria de la Justicia -casi siempre lenta, raramente rápida y por períodos inmóvil- realiza su proceso, sufren familias, se quiebran emocionalmente personas ante la exigencia impuesta, se pierden vidas".
Libedinsky añadió que esta situación actúa como una suerte de "semipenalización" respecto de las personas que están imputadas de cometer estos ilícitos.
No es punto final
Por otra parte, negó que la medida apunte a establecer un "punto final" para cerrar el tema, ya que tanto querellantes como procesados pueden apelar a instancias superiores del Poder Judicial, en el caso de estar disconformes con el desarrollo de una investigación de este tipo.
"Nunca he podido conocer el fundamento de esta apreciación y la estimo profundamente equivocada (…), dónde se encuentra el pretendido punto final. No lo diviso, en el sentido de señalar concretamente las diligencias omitidas, a fin de que el juez de la causa decida si debe o no reabrirse el sumario", consignó en su intervención.
A su vez, Libedinsky arremetió contra las opiniones emitidas por la Asociación Regional de Magistrados de Santiago referidas a que el plazo atentaría contra la independencia interna de los jueces.
Al respecto, argumentó que en muchas ocasiones las cortes de apelaciones ordenan a los ministros realizar ciertas diligencias de oficio dentro de un determinado proceso o, incluso, disponer que un magistrado declare cerrada la etapa sumarial de una causa, "sin que por eso se estime afectada la independencia interna de la cual goza cada tribunal".
"Lo único que podría objetársele a la resolución de la corte que se viene comentando es su alcance limitado -se refiere sólo a procesos por violación de derechos humanos-, en circunstancias que la necesidad de un plazo razonable para las sustanciación de los procesos debe aplicarse a todo tipo de causas penales, pero lo cierto es que una extensión en este último asécto excedería las atribuciones de esta corte", añadió.
«El año que viví en peligro»
En otro aspecto, el presidente de la Suprema sostuvo que su primer año a la cabeza del máximo tribunal se puede graficar con la frase «el año que viví en peligro», debido a la serie de cuestionamientos públicos que lo afectaron por su actuación en el caso Mop-Gate.
Al respecto, consideró que este fue el capítulo «más doloroso» de su vida judicial. «Porque experimenté lo que podríamos denominar una política de destrucción personal, en la que se entremezcló un error de mi parte que, hecho público, reconocí e inmediatamente puse en conocimiento del pleno de la Corte Suprema», sostuvo.
En ese sentido, Libedinsky dijo que fue víctima de «despiadados ataques» por parte de los medios de comunicación», los cuales habrían tergiversado los hechos y habrían informado situaciones «totalmente alejadas de la realidad».
La máxima autoridad del Poder Judicial reconoció que este conflicto lo hizo pensar en la posibilidad de renunciar a su cargo (de presidente de la Corte), pero que no concretó esa idea ya que que hubiera sido tomado como un reconociento de culpabilidad.
