Caso Riggs: Corte desestimó inhabilitar a juez Sergio Muñoz - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 11:21

Magistrado seguirá a cargo de

Caso Riggs: Corte desestimó inhabilitar a juez Sergio Muñoz

por 4 abril, 2005

La Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino rechazó la implicancia presentada por la defensa del general retirado y confirmó la medida cautelar sobre sus posesiones por $2,5 mil millones. Ambas decisiones son inapelables ante la Corte Suprema.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de implicancia presentado contra el ministro Sergio Muñoz por la defensa del general (R) Augusto Pinochet, que buscaba inhabilitar al magistrado para que siguiera a cargo de la investigación del caso Riggs, informaron fuentes judiciales a El Mostrador.cl.



La petición esgrimía que Muñoz ya habría emitido opiniones contrarias a Pinochet en el marco de su desafuero por los casos Operación Cóndor, Calle Conferencia y Caravana de la Muerte, en los que el juez consideró que el ex militar estaba en condiciones de salud para enfrentar un proceso judicial.



Adicionalmente, la misma Sala, presidida por el ministro Jorge Dham, rechazó alzar el embargo de bienes que pesa sobre Pinochet, por un monto aproximado de 2 mil 476 millones de pesos.



De esta forma, desestimó los argumentos del equipo jurídico que defiende al ex gobernante de facto, encabezado por Pablo Rodríguez, que consideraba que esta medida prejudicial como atentatoria contra las garantías del fuero del que goza Pinochet en su calidad de ex mandatario.



Ambas decisiones ya fueron acordadas por el tribunal de alzada, según informaron fuentes judiciales a El Mostrador.cl, y serán oficializadas en los próximos días con lo que el ministro Muñoz, que está siendo reemplazado por el juez Jorge Zepeda, quedará habilitado para retomar la investigación.



Por este caso, el ex militar enfrenta una solicitud de desafuero presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la querella interpuesta en su contra por la evasión tributaria entre 1980 y 2004 que, de acuerdo a un informe policial, fue de $10 mil millones.



El SII, además, pidió el procesamiento del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, lo que es una clara señal de que el organismo cuenta con antecedentes concretos que indican que tuvo participación en el encubrimiento de los delitos tributarios, y amplió la querella a la esposa del ex uniformado, Lucía Hiriart, y a los cinco hijos del matrimonio.



Implicancia en Operación Cóndor



Por otra parte, los querellantes en el caso de la Operación Cóndor presentaron un recurso de implicancia contra los ministros Alfredo Pfeiffer y Cornelio Villarroel, por estimar que ambos magistrados han mantenido en diversas ocasiones que las condiciones de salud del general Pinochet impiden que éste pueda enfrentar un proceso judicial.



Esta presentación fue rechazada por la Sala de Cuenta de la Corte de Santiago, por lo cual los mencionados jueces podrán integrar la Cuarta Sala -en que está radicada la causa- cuando se revise la apelación al procesamiento que pesa contra el ex gobernante de facto, quien enfrenta cargos como autor de nueve secuestros y un homicidio calificados perpetrados.



Según anunciaron los abogados querellantes, intentarán revertir esta situación ante la Corte Suprema, a través de un recurso de hecho u otra vía legal que sea aplicable al caso.



Esta decisión se suma a la de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, que rechazó otro recurso de implicancia contra el ministro Zepeda, quien tramita el proceso judicial por la ejecución de Paulina Aguirre Tobar, militante del MIR que fue asesinada en marzo de 1985, por miembros de la disuelta CNI.



Esta instancia, conformada por los ministros Juan Araya, Mauricio Silva y el abogado integrante Guido Aguirre, decidió de forma unánime objetar la presentación de la defensa de los cuatro procesados en este caso, quienes pedían que el mencionado juez fuera inhabilitado de instruir el proceso por descartar en la investigación que las responsabilidades penales estuvieran prescritas.



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