La medida fue firmada ayer lunes, con el voto en contra de los ministros Benquis y Pérez, quienes estuvieron por no castigar a los dirigentes de los magistrados de Santiago. Esta reprimenda se suma a la recibida por un juez de Coquimbo, que también opinó sobre la materia.
El pleno de la Corte Suprema resolvió sancionar a los cinco integrantes de la Directiva Regional Metropolitana de Magistrados, quienes emitieron una declaración pública en la que cuestionaron la orden de cerrar todas las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, en un plazo de seis meses.
Esta situación se inició a fines del pasado mes de enero, cuando la mencionada instancia gremial distribuyó, entre sus pares, un pronunciamiento en el cual criticaron la decisión del máximo tribunal respecto a fijar un plazo perentorio -que se cumplirá en junio- para dar por finalizadas las indagaciones sobre delitos de lesa humanidad, ocurridos durante el régimen militar.
"(Esta resolución) atenta directamente contra la independencia interna de los jueces instructores. Independencia que también forma parte -por cierto- del concepto del debido proceso, más aún cuando dicho acuerdo, a nuestro juicio, carece de sustento legal. Entendemos, respetamos y cumplimos las instrucciones de nuestros superiores jerárquicos, pero no por ello dejamos de hacer presente aquellas situaciones en que, en nuestra opinión, se afecta una garantía constitucional básica como lo es la independencia interna de los tribunales", consignó el documento.
Sin embargo, dicha iniciativa causó un gran malestar entre los miembros del alto tribunal, quienes decidieron iniciar una investigación administrativa para determinar si los cinco jueces que integran la mencionada directiva habrían violado alguna disposición del Código Orgánico de Tribunales (COT), al criticar una decisión emanada de un superior jerárquico.
Una rápida investigación
En razón de ello, se solicitó a los involucrados que informaran sobre las circunstancias en que se gestó y la finalidad que se tuvo para elaborar la polémica declaración.
Este requerimiento fue contestado por los directivos de la Asociación Metropolitana de Magistrados, integrada por Mario Carroza E., Fiscal del tribunal de alzada, Pablo Droppelmann C., Juez del 7° Juzgado del Crimen, Ricardo Núñez V., Carolina Vásquez A. y Nora Rossatti J., Relatores de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, la Junta Nacional de Presidentes de la Asociación de Magistrados envió un acuerdo reservado a la Suprema para respaldar a sus pares. Según pudo indagar El Mostrador.cl, esta presentación precisaba que todas las directivas regionales de la entidad poseían autonomía para emitir opiniones sobre el trabajo jurisdiccional de sus integrantes, así como también el deber de hacerlo.
Dicha investigación se dio por finalizada ayer lunes, sólo a dos meses de producidos los hechos, cuando el acuerdo adoptado para sancionar a estos judiciales fue firmado por el pleno del máximo tribunal, con el voto en contra de los ministros José Benquis y José Luis Pérez, quienes estuvieron por no aplicar ninguna medida disciplinaria.
Cabe recordar que estos dos magistrados también fueron contrarios al acuerdo para cerrar los sumarios de los mencionados procesos judiciales y, en esa línea, también se opusieron a decretar sanciones.
La comentada reprimenda consiste en una "censura por escrito" , la cual si bien es el segundo castigo con menor grado de penalidad puede afectar a los miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial, ya que -obviamente- implica que los funcionarios que la reciben no podrán ser calificados en lista de sobresalientes y, por lo mismo, pueden ver afectadas sus posibilidades de ascender.
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