A pocos meses de que se cumpla la fecha tope que fijó el máximo tribunal del país para las indagaciones en este tipo de causas, jueces con dedicación exclusiva comenzaron a concluir varios sumarios en los que no hay procesados, como es el caso de la joven socialista de Punta Arenas, Susana Obando. Abogados de DDHH manifiestan su preocupación frente a este tema.
Los jueces con dedicación exclusiva para instruir procesos por violaciones a los DD.HH, ocurridas durante el régimen militar, ya comenzaron a cerrar varias investigaciones, dentro de las cuales hay algunas que no tienen procesados y, por lo tanto, serán sobreseídas de forma temporal, en la perspectiva de tratar de cumplir con el plazo fatal fijado por la Corte Suprema para estas causas.
Esta situación queda de manifiesto en el término de cuatro investigaciones que ha decretado, dentro de los últimos días, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billiard, quien tiene a su cargo 52 procesos por delitos de lesa humanidad.
El mencionado magistrado decidió cerrar las indagaciones referidas a: Mario Moreno, Fidor Carrillo, Susana Obando y Máximo Neira, en cuyos procesos si bien está acreditado el delito, no hay antecedentes suficientes para establecer la identidad de los responsables de los mismos.
Mario Moreno era militante socialista y funcionario del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados (filial Corfo) en Chillán cuando fue detenido el 2 de octubre de 1973, hasta la fecha permanece como detenido desaparecido; Susana Obando fue asesinada en extrañas circunstancias en 1988, en la ciudad de Punta Arenas -de filiación socialista- su familia ha insistido en investigar la responsabilidad que le cabe al agregado militar en España, coronel Rodolfo Ortega, quien era el jefe local de la disuelta CNI al momento del crimen de la joven; Máximo Neira, era militante del Mir y empleado de Sigdo Koppers en Talcahuano cuando fue detenido y ejecutado el 11 de octubre de 1973.
En el caso de Susana Obando y Máximo Neira, los abogados querellantes pidieron nuevas diligencias con el objeto de reabrir las investigaciones
Causa con procesados
Otra causa en que fue cerrado el sumario, es el caso por la muerte de Ricardo Lagos, alcalde de Chillán, en el cual se encuentran procesados el oficial (r) de Carabineros Patricio Jeldres y los suboficiales (r) de la misma institución Luis Gajardo, Juan Opazo, Pedro Loyola y Arturo Alarcón. En este proceso, la defensa de Jeldres solicitó nuevas diligencias con el objeto de reabrir las indagaciones.
Reacción del Codepu
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y querellante en la causa de la joven socialista Susana Obando, de Punta Arenas, se manifestó contraria al avance del instructivo de la Corte Suprema y expresó su preocupación.
"Hay una clara preocupación frente a la actitud de la Corte Suprema, especialmente frente a estas resoluciones que afectan procesos judiciales en curso y este plazo perentorio que se fijó, el cual es una medida claramente ilegal e inconstitucional", dijo.
"Los jueces se ven presionados por esta instrucción de sus superiores y optan por sobreseer algunos procesos que no tienen autores identificados, atentando contra las normas básicas del debido proceso", añadió.
Asimismo, enfatizó que "el máximo tribunal ha tomado una decisión que puede modificar la correcta tramitación de estos procesos y puede implicar que se favorezca la impunidad en casos que ya son difíciles de aclarar, porque muchos tienen una data de más de 30 años".
Fasic: Deben seguir investigando
Por su parte, el abogado Alberto Espinoza, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), entidad que hoy cumple 30 años en la lucha por los derechos humanos, manifestó que continuar avanzando en esta materia es una decisión claramente inconstitucional. Asimismo, expresó que "no es necesario que las causas tengan querellantes para que las causas sigan adelante. Los jueces del crimen están todos comprometidos, son ellos los que decretan las diligencias sin necesidad que se las pida o exista un querellante".
"Es preocupante que el Poder Judicial esté implementando una decisión arbitraria de la Corte Suprema, además inconstitucional, lo que constituye un hecho de denegación de justicia, porque las víctimas tienen derecho a la verdad a la justicia y a la reparación; y por la vía del cierre de causas, como éstas, donde no se logra determinar a los responsables porque se cierran los plazos para investigar", señaló.
"Lo que pasa que en este tipo de juicios inquisitivos, quien tiene el rol de parte es el juez, de modo que si el juez es negligente en ejecutar todas las acciones que corresponden para investigar los hechos es porque la sociedad entera ha depositado en él esta responsabilidad y estaríamos frente a un acto de denegación grave. En esta clase de procedimiento es el juez al que le corresponde efectuar la indagación y ejecutar todas las diligencias tendientes a establecer la identidad de los responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores", concluyó.
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