Abogados de DD.HH. intentarán nuevamente desaforar al senador de la UDI y ex jefe de gabinete del régimen militar, Sergio Fernández. Además, preparan una querella criminal en contra de los entonces secretarios de Estado Sergio Onofre Jarpa y Jovino Novoa, por sus presuntas responsabilidades en delitos de lesa humanidad.
Pese al rechazo del desafuero solicitado en contra del senador UDI Sergio Fernández, por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado querellante en el caso Operación Cóndor, Eduardo Contreras, presentará un recurso de queja para que la Corte Suprema revise esa decisión y permita investigar el posible grado de participación que tuvo el ex jefe de gabinete de Pinochet, en las detenciones ilegales que se practicaron en ese período.
Esta es sólo una de las opciones que manejan los abogados de derechos humanos para perseguir las eventuales responsabilidades penales de los civiles que participaron en el gobierno de facto, en cuya administración se registraron miles de crímenes de lesa humanidad que son investigados por la justicia chilena.
En ese sentido, aunque la presentación que se hará ante el máximo tribunal del país no llegara a fructificar, los profesionales ligados a la defensa de los DD.HH. tienen expectativas de lograr que se investigue al parlamentario gremialista por medio de otras tres querellas criminales, en las cuales Fernández también figura con algún grado de participación, ya sea como cómplice o encubridor en el ilícito de aplicación de tormentos.
Junto a ello, se encuentran preparando otra acción judicial en contra de Sergio Onofre Jarpa, otro ministro "civil" de la ex junta militar de Gobierno. En tanto, estudian la posibilidad de hacer lo mismo respecto a las actuaciones que tuvo el entonces ministro Secretario General de Gobierno y actual presidente de la UDI, Jovino Novoa.
Un fallo político
Para el abogado Contreras, la decisión adoptada por el tribunal de alzada santiaguino sólo obedeció a razones políticas, ya que "existen antecedentes reales y objetivos acerca de la participación de (Sergio) Fernández en las detenciones ilegales", que llevaron a cabo los organismos de seguridad durante la primera mitad del régimen de facto.
En razón de ello consideró que la argumentación de la mayoría de los ministros que integran la instancia, en relación a que no existían antecedentes suficientes para acreditar la participación del ex ministro del Interior en estos casos, "es absolutamente falsa".
"Durante los alegatos, yo mismo entregué cerca de 30 antecedentes de la directa relación de Fernández con la detención de muchas víctimas de la denominada Operación Cóndor: Incluso recordé que él fue quien sacó al general Leigh de la junta de gobierno, tras lo cual renunció todo el alto mando de la FACH, eso demuestra el grado de poder que tuvo", enfatizó.
Querellas por torturas
Al margen de este proceso, los tribunales de la capital se encuentra tramitando otras tres querellas en las que Sergio Fernández aparece como inculpado, las cuales se basan en acciones judiciales interpuestas por ex presos políticos que fueron apresados mediante decretos del ministerio del Interior firmados por ahora senador UDI.
La primera de ellas, ingresada a fines del año pasado y que es sustanciada por el ministro Joaquín Billard, se relaciona con una veintena de opositores al régimen militar que fueron detenidos y recluidos en recintos clandestinos, en los cuales fueron víctimas de tormentos y torturas por parte de agentes de los ahora disueltos organismos de seguridad del régimen de Pinochet.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por El Mostrador.cl opinaron que dado los antecedentes que -hasta ahora- constan en esta investigación, la relación o responsabilidad que tendría Fernández con estos hechos es muy débil, incluso más que en el caso de Operación Cóndor, por lo cual habrían pocas posibilidades de hacer efectivo su desafuero.
Detenidos en Borgoño
Otra de las acciones judiciales que tendría relación con el senador gremialista es la querella que presentaron 23 ex presos políticos que fueron torturados en el cuartel Borgoño de Investigaciones, durante 1978.
Ellos afirman haber sido detenidos por decretos firmados por Fernández y, también, por su sucesor en el cargo de ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa (1983-1985), antecedentes que están en manos de la ministra Dobra Lusic, quien fue designada para investigar este caso.
"En este proceso hay una detención de una madre con sus hijos menores de edad, en el cual se interpuso un recurso de amparo. Requerido por los tribunales, Fernández negó tener información al respecto, sin embargo, está el decreto de detención firmado por él, varios días antes que la justicia le solicitara antecedentes", sostuvo la querellante en el caso, Alejandra Arriaza.
La querella de Aguiló
La última alternativa actual que manejan los abogados pro derechos humanos es la querella que presentó a principios de este año el diputado socialista Sergio Aguiló,
A juicio de Arriaza, esta acción judicial tiene un vínculo más sólido para acreditar la responsabilidad como encubridor o cómplice del parlamentario gremialista, ya que tras ser detenido por agentes de la CNI se presentó un recurso de amparo a favor de Aguiló, en el cual se le solicitó información al ministerio del Interior, cartera que negó tener información sobre su paradero, asegurando que no estaba detenido por ningún organismo policial bajo su dependencia.
Ocho días más tarde, apareció el decreto que firmó Fernández ordenando su detención, lo cual comprobaría que este funcionario a lo menos habría ocultado información a los tribunales, sostuvo la profesional.
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