Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dirimió una contienda de competencia entre el 33° y el 3° Juzgado del Crimen de la capital, en relación a la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos en contra del conocido empresario Miguel Bauzá Fredes, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos que corresponderían a la supuesta evasión tributaria que se le imputa.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el 33° Juzgado del Crimen de la capital es el tribunal competente para seguir investigando la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Miguel Bauzá Fredes, marido de la actual diputada de RN Lily Pérez y conocido empresario de larga trayectoria -estuvo durante mucho tiempo ligado a la industria pisquera y fue presidente del club de fútbol Coquimbo Unido-, a quien se le acusa de evadir impuestos por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, a través de distintas sociedades.
La instancia compuesta por los ministros Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y el abogado integrante Roberto Mayorga, se inclinaron por dejar esta acción judicial en manos de la jueza Eleonora Domínguez, en vez del 3° Juzgado del Crimen santiaguino, tribunal que tramitó la primera de las querellas que interpuso el SII en contra del ex socio mayoritario y controlador de la sociedad que tuvo a su cargo la concesión del Casino de Juegos de Iquique.
Según fuentes allegadas a la causa, esta decisión no fue una buena noticia para la defensa del también abogado Bauzá, ya que anteriores acciones legales presentadas en el 3° del Crimen de la capital habían sido sobreseídas, sin embargo, distinto sería el futuro de este proceso en manos de la magistrado Domínguez, comentaron.
Uno de los principales denunciantes acerca de las presuntas irregularidades que habría cometido este empresario ha sido el diputado socialista Fulvio Rossi, contra quien fue presentada una querella por injurias y calumnias por parte de Bauzá, en el 2003.
Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Iquique, como la Suprema, rechazaron dar lugar a su desafuero, por no existir méritos suficientes que probaran la autoría del delito de injurias y calumnias con publicidad.
Un largo camino judicial
En el año 2003, el SII se querelló en contra del accionista mayoritario de la sociedad Miguel Bauzá F. y Cia., por evasión de impuestos correspondientes a las utilidades obtenidas por el Casino de Juegos entre 1991 a 1995, por un monto de 870 millones de pesos en concepto de IVA y otros 400 millones por la presentación de declaraciones de renta maliciosamente incompletas. Esta acción judicial estaba siendo tramitada en el 3° Juzgado del Crimen de la capital, hasta principios de este año.
Esta querella se tramitó de forma paralela a un juicio civil cuya sentencia fue confirmada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, en julio de 2004. La instancia revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que había dejado sin efecto el cobro de estos tributos por un supuesto abandono del procedimiento, por parte del organismo fiscal.
Según un informe emtido por la Tesorería General de la República, el 1 de abril de 2003, dicha deuda impositiva ascendería a 2 mil 53 millones de pesos, con los reajustes de intereses y de capital.
Después de esa presentación, el SII emprendió una ampliación de esa querella en contra de Bauzá, ahora como el socio controlador de la empresa Juegos Electrónicos S.A., la cual asumió la administración del casino luego que esta entidad fiscalizadora trató de hacer efectivo un embargo sobre los bienes de la anterior sociedad.
Esta investigación recayó sobre el 33° Juzgado del Crimen de Santiago, en enero de este año, y desde esa fecha la defensa de este abogado pidió trabar una contienda de competencia para dirimir qué tribunal debía tramitar estas indagaciones.
A la sociedad Juegos Electrónicos S.A. se le imputa haber defraudado al Fisco en 2.549 millones de pesos, también por concepto de IVA impago.
Un socio polémico
En todo caso, los problemas que ha enfrentado Miguel Bauzá con las sociedades que creó para administrar la concesión del Casino de Iquique no sólo se refieren a la deuda tributaria que se les imputa.
Si bien este empresario maneja el 53 por ciento de las acciones de Juegos Electrónicos S.A., el otro socio mayoritario de esta entidad no ha estado lejos de la polémica. Se trata del ingeniero Jacobo Kravetz, quien es propietario de un 40 por ciento de esta firma.
Kravetz Miranda es el mismo que jugó un rol clave en el escándalo financiero del año, consistente en el abultamiento artificial de las acciones de la cabonífera Schwager, luego de asociarse a la familia Urenda y proponerle entrar al mercado de los bonos de producción limpia, a través de una serie de inusuales proyectos medio ambientales.
Este ingeniero entró a Schwager a través de KSA y contribuyó a refundar la carbonífera con el nombre de Schwager Energy. Luego de ello, según consigna un artículo de La Nación de este domingo, propuso al directorio de la entidad una serie de negocios relacionados con la producción limpia y la emisión de bonos de carbono, todos los cuales no tuvieron un buen término.
«Hombre de ideas chispeantes, lo primero que propuso Kravetz fue rellenar los piques abandonados con desechos industriales. Consiguió que la refinería Concón le despachara tres mil tambores con borra asfáltica, el último desecho de la refinación del petróleo, para sepultarlos a tres kilómetros bajo el mar. Sin embargo, alertado por ambientalistas, el diputado por la zona, Alejandro Navarro, levantó la alarma y la Corema detuvo el negocio», consigna la mencionada nota.
Sin embargo, otros episodios anteriores ya han puesto a este empresario en tela de juicio. En 1998, Kravetz entró a Juegos Electrónicos S.A., ofreciendo un total de 6 millones de dólares a cambio de las acciones que manejaba el entonces socio de Bauzá, Luis Fuentealba Meyer.
No obstante, en ese mismo año Fuentealba Meyer inició un juicio contra Kravetz por el no pago de esos dineros.
Misterioso robo de 400 millones
Otro de los problemas que afecta a la sociedad Juegos Electrónicos S.A. comenzó el 2002, cuando uno de los accionistas minoritarios de la entidad advirtió alteraciones en la contabilidad de la empresa, a lo que se sumó la pérdida de los libros de contabilidad correspondientes al año 1999.
Una auditoría externa contratada para la revisión de esas cuentas arrojó que en un semestre de ese año (1999) se habían perdido un total de 418 millones de pesos, desde las bodegas del casino.
Por dicho motivo, se presentó una querella por apropiación indebida contra el ex gerente general de la sala de juegos, Sergio Argomedo, y el otrora contralor de la misma, Alex Ahumada, quienes pese a ser los principales sospechosos de esta sustracción, siguieron cumpliendo funciones bajo las órdenes de Bauzá.
Debido a ello, en la mente de varios de los afectados por el robo del dinero -recaudado directamente en las mesas de apuestas-, surgió la teoría del autorrobo. Ellos aseguran que la plata desaparecida se dirigió a financiar campañas parlamentarias, por lo cual incluso estudian pedir la aplicación de la Ley de Control de Gasto Electoral, para que se determine si esos montos sustraídos no fueron destinados a ese fin.
Respecto a este último punto, en el 2° Juzgado del Crimen de Arica sigue abierta la querella por apropiación indebida en contra de todos los que resulten responsables.
