Durante estos doce últimos meses el general (r) debió enfrentar la arremetida más complicada para su situación judicial. Si bien comenzó el año procesado por los casos de Operación Cóndor, ahora lo termina encausado por evasión tributaria y por los secuestros calificados que se produjeron en el marco de la llamada Operación Colombo.
Pese a que el general (r) Augusto Pinochet Ugarte terminó el 2004 procesado por los secuestros y homicidios calificados del caso Operación Cóndor, el 2005 su panorama judicial empeoró notablemente y dio cabida para que el ex jefe militar enfrentara a los tribunales de justicia como un ciudadano chileno más, sin otros privilegios que su fuero como ex Presidente de la República.
Durante estos últimos doce meses, la Sala Penal de la Corte Suprema sentó el precedente referido a que los recursos de amparo (habeas corpus) no son la vía legal para discutir la dictación de procesamientos por parte de un tribunal competente y con antecedentes fundados, por lo cual todas las estrategias planteadas por la defensa del ex uniformado han dado resultados negativos.
El 15 de septiembre Pinochet logró una vez más salir inmune del procesamiento que pesaba en su contra por el caso Operación Cóndor, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el dictamen de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó uno de los últimos dictámenes del ex juez Juan Guzmán, y acogió la solicitud de dejar sin efecto esa resolución de procesamiento por las mentadas razones de salud mental que jugaban a favor del ex militar.
Mal año de principio a fin
El año comenzó para Pinochet con arresto domiciliario por el procesamiento en su contra y terminó en la misma situación por los cargos de secuestro calificado que se le imputan contra seis opositores a su régimen, en la llamada Operación Colombo.
Durante enero, la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por su defensa por los crímenes de Cóndor, mientras que el ex juez a cargo de sustanciar el caso Riggs, Sergio Muñoz, descubrió cuatro de sus pasaportes falsos, dos de los cuales utilizó para abrir cuentas en el extranjero, los que eran totalmente desconocidas para la opinión pública hasta mediados del 2004.
En todo caso, en marzo, la defensa del general (r) se anotó un triunfo al lograr que la Corte Suprema desestimara desaforarlo por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prat, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Ante ello, el ministro Alejandro Solís lo sobreseyó definitivamente el uno de abril siguiente.
Los avatares del caso Riggs
Pero ese sólo fue un respiro para el ex uniformado, ya que a mediados de ese mes, el entonces juez del caso Riggs, Sergio Muñoz, decidió procesar a su secretaria personal, Mónica Ananías, y a su ex albacea Óscar Aitken, además de pedir su desafuero por cuatro delitos que -hasta esa fecha- tenía configurados dicha investigación.
En dicha petición, Muñoz afirma que Pinochet utilizó 10 identidades y cuatro pasaportes falsos para esconder su millonaria fortuna en el extranjero, acusándolo de falsificación y uso de dichos documentos, presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas, falsificación de un certificado de la Subsecretaría de Guerra y omisiones en su declaración patrimonial al abandonar la Presidencia de la República.
En agosto, el magistrado volvió a arremeter contra el otrora jefe de Estado y procesó a su cónyuge, María Lucía Hiriart Rodríguez, y a su hijo menor, Marco Antonio, acusándolos de ser cómplices en la evasión tributaria en que habría incurrido el ex uniformado.
Ese hecho, que estuvo acompañado por la detención preventiva de ambos imputados, gatilló que Pinochet redactara una declaración pública en la cual asumió toda la responsabilidad por la apertura de cuentas en el extranjero, cuya forma de operar correspondería a la típica forma de "lavar dinero", como lo ha manifestado el Consejo de Defensa del Estado.
Sólo 11 días más tarde, el máximo tribunal del país volvió a desestimar los argumentos de la defensa de estos dos encausados y rechazó acoger los recursos de amparo que pretendieron dejar sin efecto la medida.
En tanto, en noviembre, basándose en los resultados de las últimas pericias médicas que se le practicaron al nonagenario militar en retiro, el reemplazante de Muñoz, ministro Carlos Cerda, resolvió que Pinochet estaba en condiciones de salud -física y mentalmente- para enfrentar un debido proceso. Sólo un día más tarde lo procesó por los cuatro delitos por los que había sido desaforado.
A este panorama se suma el reciente desafuero por el ilícito de malversación de caudales públicos que fue aprobado por la Corte de Apelaciones e Santiago y aún debe ser revisado por la Suprema. Esta nueva solicitud presupone un nuevo procesamiento para el otrora senador vitalicio, así como para su círculo de colaboradores agrupados en la Casa Militar y para nuevos miembros de su familia.
Violaciones a los DD.HH.
Pese a todos estos avances, podría decirse que el año 2005 representó el real vuelco de la situación judicial de Pinochet en lo relativo a las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante su régimen.
Si bien, el año 2002 toda la ciudadanía pensó que el general (r) ya había ganado su inmunidad para enfrentar sus posibles responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad, debido a la invocación de razones de salud para declararlo inimputable, el presente año el escenario cambió radicalmente.
A mediados de febrero, el entonces juez Juan Guzmán dio las primeras señales de lo que venía en el caso Operación Colombo, cuando procesó al ex ministro del Interior, general (r) César Benavides, y al ex subsecretario del ramo, Enrique Montero Marx, que ocuparon dichos cargos durante los primeros años del régimen militar. Si bien dichos procesamientos fueron revocados a fines de marzo, la embestida contra Pinochet no tuvo freno.
En septiembre se conoció el primer testimonio de un ex agente de la DINA, mayor de Carabineros Ricardo Lawrence, que afirmó de manera tajante que el ex jefe de la junta militar era informado diariamente sobre las labores represivas de ese organismo.
Un día después, la Corte Suprema aprobó desaforarlo por los crímenes de la llamada Operación Colombo, mientras que en noviembre los peritajes médicos que se le practicaron al ex uniformado establecieron que está en condiciones de afrontar un debido proceso. Sólo días más tarde, el juez a cargo del caso -Víctor Montiglio- lo procesó por seis secuestros calificados.
Pero antes de esa resolución, el magistrado llevó a cabo un histórico careo entre Pinochet y el ex jefe operativo de la DINA, general (r) Manuel Contreras, quien a fines de enero recibió el escarnio público por sus crímenes al ser notificado por la condena de 15 años y un día por el secuestro calificado del sastre mirista Miguel Ángel Sandoval.
El procesamiento en contra de Pinochet ya fue confirmado por la Corte Suprema al rechazar el recurso de amparo que interpuso su defensa, mientras que la libertad bajo fianza que se pidió a su favor quedó en acuerdo este viernes en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En tanto, este miércoles fue prontuariado por primera vez por funcionarios del Registro Civil, trámite en que fue fotografiado de frente y perfil y dejó sus huellas dactilares estampadas, como cualquier otro reo común, aunque dicha diligencia se haya efectuado en su residencia de La Dehesa.
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