Juez Cerda dicta orden de arraigo contra Lucía Pinochet y Augusto hijo apela - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 08:43

Caso Riggs:

Juez Cerda dicta orden de arraigo contra Lucía Pinochet y Augusto hijo apela

por 24 enero, 2006

Este martes, todos los procesados por evasión tributaria están citados a la Dirección Nacional de Gendarmería a la espera que la Corte de Santiago se pronuncie sobre la libertad provisional decretada en primera instancia. La excepción es la mayor de las hijas mujeres del general (r), quien no ha sido ubicada por el tribunal.

A las 08.00 horas de este martes, los seis procesados por evasión tributaria en el marco del caso Riggs que fueron notificados en la víspera por el ministro de fuero Carlos Cerda, deberán comparecer a la Dirección Nacional de Gendarmería para esperar la decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a otorgarles el beneficio de la libertad provisional.



La excepción es el caso de la hija mayor del general (r) Augusto Pinochet Ugarte, Inés Lucía, quien hasta las 17.00 horas de ayer, lunes, no logró ser ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile, ni en su domicilio, ni en los lugares que frecuenta, por lo que el magistrado dictó una orden de arraigo -prohibición de salir del país- en su contra.



Según fuentes allegadas a la familia del ex jefe castrense, esta integrante del clan Pinochet se encuentra dentro del territorio nacional, pero desconocen el sitio exacto de su paradero, por lo que no pueden asegurar que se presente ante el juez dentro de las próximas horas.



En el marco de estos delitos, penados en el artículo 97 número cuatro y cinco del Código Tributario, Cerda procesó por evasión de $ 540.723 a María Verónica; $ 24.973.444 a Jacqueline Marie; $ 128.170.684 a Marco Antonio y $ 35.442.359 a su cónyuge; $ 453.857.024 a Inés Lucía; $ 92.195.492 a la ex secretaria Mónica Ananías y $1.692.368.595 al otrora albacea Óscar Aitken.



Con la resolución del ministro, los encausados quedaron bajo prisión preventiva, orden que sin embargo no se concretó por decisión del propio magistrado que también les concedió la libertad bajo fianza, previa consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago, con montos que oscilan entre $ 200 mil y $ 3 millones.



Falsificación de pasaportes



En tanto, por la arista relacionada con la falsificación y uso de pasaportes falsos por parte de los hijos del general retirado, con excepción de Marco Antonio, tanto Jacqueline Marie como María Verónica cancelaron la fianza de 100 mil pesos cada una que determinó Cerda para darles el beneficio de la libertad provisional, que es sin consulta a la Corte.



El único de los encausados por este delito que decidió apelar de la resolución es el hijo mayor del ex uniformado, Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart, quien también fue el único no enfrenta cargos por los ilícitos de carácter financiero.



Según su defensa, a cargo del abogado Aldo Duque, los argumentos para dejar sin efecto el dictamen se basarán en el principio de ejecución del delito, ya que los pasaportes adulterados habrían sido usados por su cliente sólo en el extranjero, y en la prescripción de la acción penal, ya que este tipo de ilícitos tendrían una vigencia de cinco años y, a la fecha, ya han pasado 16.



Cuaderno Ecuador



En tanto, durante la jornada del lunes, el ministro Cerda le certificó al abogado Rodrigo Henríquez, representante del ex albacea de Pinochet -Óscar Aitken- que las declaraciones agrupadas en el llamado cuaderno Ecuador no se encuentran extraviadas.



De esta forma, el profesional tuvo acceso durante la tarde a esa arista procesal, la cual se encuentra protegida con la máxima reserva debido a la aplicación del artículo 144 bis del Código de Justicia Militar, que se relaciona con la existencia de antecedentes que podrían poner en riesgo la seguridad nacional.



En fuentes judiciales, no dejó de llamar la atención la preocupación manifiesta del representante de Aitken en esta arista, en la que el ex albacea declaró ante el ministro Cerda antes que el magistrado se declarara incompetente y se la traspasara a su colega Alejandro Solís, que investiga el tráfico ilegal de armas a Croacia.



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