Ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, la defensa del brigadier retirado planteará que no existen elementos concretos para involucrarlo en los hechos que desencadenaron la muerte de Gerardo Huber, y que las lealtades del Ejército se vieron trastocadas con el descubrimiento de esta financiera ilegal.
La Segunda Sala de la Corte Suprema, especializada en materias penales, avanzó este lunes en la revisión del único recurso interpuesto por los primeros procesados en la investigación judicial sobre la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, cuyo crimen se habría perpetrado para impedir las investigaciones respecto al tráfico ilegal de armas a Croacia, detectado en 1991.
Se trata del amparo presentado por los abogados del brigadier (R) Manuel Provis -Cristián Letelier y Héctor Musso-, quienes intentarán derribar los argumentos del ministro en visita Claudio Pavez, procesó al ex militar y a otros cinco ex oficiales de esta rama por el delito de asociación ilícita, una eventual organización delictual que habría operado para realizar actividades de tráfico de armas y ocultar el hecho a través del asesinato del malogrado uniformado.
Provis, otrora jefe del Batallón de Inteligencia (BIE), se encuentra encausado junto a los generales (R) Eugenio Covarrubias (ex director de la DINE), Víctor Lizárraga (secretario de coordinación de la DINE), Carlos Krumm (ex director de Logística) y el coronel (R) Julio Muñoz (supuesto amigo de la víctima), a quienes se les imputa haber realizado distintas maniobras con el fin de que este crimen apareciera como un suicidio a ojos de la opinión pública y la justicia.
Sin embargo, las sospechas apuntan a que el móvil habría evitar los avances en la investigación judicial sobre el contrabando de 11 toneladas de pertrechos que fueron vendidos a Croacia, país en estado de guerra y bajo una prohibición de la ONU para adquirir armamento.
En la jornada de este lunes, el máximo tribunal sólo alcanzó a escuchar la relación de la causa, por lo que sólo mañana, martes, se iniciarán los alegatos.
Sospechas
Al entonces jefe del BIE, brazo operativo de la DINE, específicamente se le imputa haber secundado una serie de acciones sospechosas, ya que él ni Lizárraga -su superior- han dado explicaciones suficientes o racionales sobre la forma, oportunidad y condiciones en que se impusieron de la desaparición del coronel.
Sin embargo, ambos aparecen actuando en el sitio del suceso -puente El Toyo, en el Cajón del Maipo- a primera hora de la mañana del día siguiente a la desaparición (30 de enero).
El magistrado deja constancia que el secretario de coordinación de la DINE aún no asumía ese cargo oficialmente, pero actuaba como jefe. Además, extraña que los grupos de reacción del BIE llegaron alrededor de las 04.30 horas al lugar, mientras que el auto de Huber fue encontrado recién a las 03.00 horas y la denuncia puesta ante Carabineros una hora después. En el sumario se encuentra establecido que ni la policía uniformada, ni el jefe Militar de la zona metropolitana, ni familiares del desaparecido se comunicaron con ellos.
Asimismo, el juez Pavez sostiene que pese a que Provis estuvo de vacaciones desde el 3 de febrero al 6 de marzo de 1992, siguió interviniendo en la situación para unirse a Lizárraga en un viaje a Linares. El magistrado ha establecido que el objetivo de esa travesía tuvo por único objeto apoderarse del hijo menor del coronel, quien permanecía desaparecido y, presumiblemente, secuestrado en una dependencia secreta de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE).
La versión que ha sostenido el retirado brigadier es que fue llamado para unirse a la misión de buscar una vidente que les ayudara a dar con el paradero del coronel Huber, lo cual ha reiterado su defensa apuntando a que es más común de lo que parece que los equipos dedicados a investigar acudan a este tipo de personas para encontrar pistas de un desaparecido.
"No realizaron en la ciudad de Linares, ni en ningún otro lugar, gestiones de este tipo y, por otra parte, la posible intervención de la vidente mencionada está referida a otro lugar", consigna el documento redactado por Pavez.
El otro hecho que inculpa a Manuel Provis es la intervención de miembros del BIE en el sitio del suceso, quienes acordonaron el sector y bloquearon el ingreso de la Policía de Investigaciones -a cargo de las indagaciones del tribunal-, además de alterar las condiciones al trasladar, incluso, en helicóptero el cuerpo del fallecido militar. Esas acciones no fueron ordenadas por el fiscal militar a cargo del caso, Humberto Julio, según lo ha declarado.
En tanto, fuentes allegadas a la investigación dan cuenta que a partir de los encausamientos dictados por Pavez, los uniformados que han prestado declaraciones han comenzado a cooperar para intentar reconstruir las verdaderas circunstancias que determinaron la muerte del coronel. Por ello, proyectan que la investigación ya entró en tierra derecha para establecer tanto a los ejecutores materiales, como a aquellos que decidieron eliminar a Huber.
La Cutufa
El principal argumento que ha manifestado el brigadier (r) Provis sobre cómo se dieron los acontecimientos se refiere a que sólo cumplió con la misión de viajar a Linares por tratarse de una orden de un superior, pero que ahora puede interpretarla como una maniobra distractiva para desviar su atención de los reales acontecimientos.
En esa medida, fuentes de su defensa explican que él habría sido "pasado por alto" en todas las operaciones que realizaron los efectivos a su cargo al momento de aparecer el cadáver del militar. Esa "alteración" en las jerarquías del Ejército se explicaría por el fenómeno judicial que generó el caso Cutufa al interior de las filas castrenses.
Según se dijo, la creciente desconfianza que se originó entre los militares, a raíz del asesinato del empresario gastronómico y uno de los principales inversionistas de la financiera ilegal, Silvio Aurelio Sichel, el 19 de julio de 1989, habría incidido en el cambio en las lealtades dentro de la oficialidad del Ejército.
Sichel fue ultimado en las afueras de su parcela, ubicada en el sector de Casas Viejas, luego que decidiera retirarse del negocio o "sistema", como fue bautizada la Cutufa. Sin embargo, el proceso judicial sobre su muerte fue sobreseído sin determinar responsabilidades. En su momento, la entonces Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda dictó una encargatoria de reo contra el capitán (r) Patricio Castro, por su presunta participación en el crimen, pero el dictamen fue dejado sin efecto tiempo después.
La Cutufa quedó al descubierto luego que se interpusieran, en tribunales civiles, una serie de demandas por giro doloso de cheques. Los documentos tenían la firma de Castro y del capitán en servicio activo Gastón Ramos, cuyas dos últimas destinaciones habían sido la DINE y la Escuela de Suboficiales.
El 10 de noviembre de 1990, tuvo lugar en Paraguay la detención del capitán (r) Castro, quien intentó evadir la justicia, pero fue localizado a tiempo por la policía de Investigaciones. El 8 de julio de 1992, el ministro en visita del caso, Marcos Libedinsky, cerró el sumario y encargó reo a Patricio Castro, Gastón Ramos, Alejandro Garat, Enrique Cowel, Sergio Silva y Jerónimo Pantoja.
No obstante, aún las dudas persisten sobre los reales involucrados en esta financiera ilegal, ya que se especula que sería imposible que una actividad oculta y que involucró a cerca de 250 oficiales de Ejército, e incluso empresarios, funcionará desde fines de 1986 a mediados de 1989 sin que los altos mandos del Ejército se enteraran, pues muchos de ellos eran inversionistas.
La defensa de Provis también ha deslizado las sospechas de su cliente, en cuanto a que la materialización del crimen recaerían sobre los mismos sicarios que perpetraron el asesinato de Sichel. En dicho caso, las dudas recaen sobre ex agentes de la entonces disuelta CNI, como Juan Carlos Solimano, capitán (r) Arturo Sanhueza Ross y Francisco Zúñiga Acevedo. No obstante, éste último se suicidó en sospechosas circunstancias al interior de su automóvil a fines de 1991, por lo que es imposible que haya estado involucrado en la muerte de Huber.
