Abogados ligados a causas de derechos humanos y ex magistrado Juan Guzmán solidarizaron con el ministro que sustancia el caso Riggs, cuyo ascenso al máximo tribunal fue vetado por la derecha en la cámara alta. "Se trató de una votación infame, poco patriótica y política", dijo el jubilado funcionario.
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, lamentó la politización de la que fue blanco el juez Carlos Cerda, cuya nominación al máximo tribunal fue rechazada en el Senado gracias a los votos de la derecha, a excepción de Alberto Espina (RN).
"Los ministros somos todos bastante apolíticos", declaró, por lo que rechazó "el hecho de que politicen o le atribuyan tendencias políticas" a un integrante del Poder Judicial, en este caso a quien preside la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones y sustancia el caso Riggs.
"Es distinto las decisiones que hemos tenido que tomar. A veces son blancas y otras negras, pero no por eso vamos a tener ideas políticas. Ideas políticas tiene todo el mundo", sentenció.
Tapia dijo sentir "mucho" el veto del que fue objeto Cerda, a quien consideró como "un buen fallador y un buen ministro", pese a lo cual desestimó un pronunciamiento formal de la Corte Suprema por su frustrado ascenso.
Solidaridad de ex juez Guzmán
Contrastando con la mesura del presidente de la Corte Suprema, el jubilado juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Guzmán se refirió en duros términos a la actuación de la derecha este miércoles en el Senado, que calificó como una "revancha política que no puede darse en un país democrático".
"Se trató de una votación tan infame, poco patriótica y política en relación a un magistrado que todo el mundo conoce sus condiciones, honradez, rectitud, valentía y los altos conocimientos jurídicos que tiene", manifestó tras la cita en la que expresó su solidaridad con Cerda.
El magistrado conocido por procesar al general (R) Augusto Pinochet puso énfasis en que estas situaciones se generan por la reforma constitucional impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que denominó como "el cuchillo que cortó la independencia del Poder Judicial".
Para Guzmán, quien procesó a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, el rechazo a la llegada de Cerda a la Suprema "es una gran pérdida. Es quizá la más grande de las pérdidas, porque ustedes saben lo que vale judicial, intelectual y humanamente".
Abogado critica actitudes del pinochetismo
También se manifestó afectado por el frustrado ascenso de Cerda a la Suprema el abogado Roberto Garretón, quien se desempeño como representante del alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El profesional atribuyó la determinación a la actitud siempre asumida por el pinochetismo y consecuente con lo anunciado por el columnista Hermógenes Pérez de Arce, usualmente identificado con la derecha.
"Pérez de Arce escribió una vez en El Mercurio diciendo que la proposición de Carlos Cerda era una bofetada a la derecha. Tuvo razón, porque el pinochetismo -de lo corresponde hablar, más que derecha- ha hecho toda la acción política durante los últimos 33 años en base a la mentira", señaló.
Para Garretón, Cerda desvirtuó dogmas del régimen militar, como que en Chile hubo guerra, no hubo violaciones a los derechos humanos o que un grupo de 13 dirigentes políticos cruzaron a pie la cordillera, incluso una mujer embarazada, en referencia a la actuación del Comando Conjunto.
Sobre una posible modificación al mecanismo para la composición de la Corte Suprema, aseguró que "el pinochetismo se opone, porque prefiere tener la mano y nunca se va a cambiar" y agregó que el mejor sistema encontrado en otros países es el denominado Consejo Nacional de la Magistratura, una especie de autogobierno del Poder Judicial.
Señaló que la normativa fue el "alto precio que se debió pagar" para acabar con lo que denominó como la "Corte Rosende", en referencia a la conformación del tribunal presuntamente realizada por el ministro de Justicia en funciones entre 1986 y 1898, Hugo Rosende, el último del gobierno militar.
"La eliminación de la Corte de Rosende permitió la llegada a la Suprema de probos también. Hoy la Suprema no es la Corte de Rosende, sino que mayoritariamente -quiero creerlo- democrática", puntualizó.
Lamentan actitud revanchista
El abogado ligado a causas de derechos humanos Nelson Caucoto manifestó que el asunto se politizó lisa y llanamente gracias a "la actitud revanchista que le cobró cuentas al ministro Cerda y nos ha hecho perder como país y sociedad a un ministro de lujo".
Según el profesional, "se ha cometido una tremenda injusticia con él, que no sé si podrá ser reparada en el futuro, porque el ministro Cerda, sin duda, debe sentir íntimamente un agravio, porque sabe que tiene las cualidades y virtudes para ser un ministro que esté sentado en la testera del máximo tribunal".
Finalmente, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Boris Paredes calificó de "impresentable que un ministro de la altura intelectual y la gran acreditación de Carlos Cerda que no sea nombrado juez de la Suprema".
"Eso es incalificable y los parlamentarios de derecha no tienen argumentos serios que dar, sólo esgrimir el capricho. No puede ser que Carlos Cerda no esté en la Suprema. Eso es inaceptable, intolerable, va contra el Estado de Derecho y la buena administración de justicia", enfatizó.
Señaló también que habría sido innecesaria una negociación previa que pudo propiciar el gobierno de Lagos para concordar con la derecha el nombramiento, porque "indudablemente, Cerda es el ministro con más méritos dentro de la quina presentada y era una obligación proponerlo. Es cosa de mirar su currículo, su entereza, imparcialidad y coraje con que ha dictado sus resoluciones".
Hasta el Palacio de Tribunales llegó este miércoles además una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para solidarizar con Cerda. Encabezada por el Presidente de la Asociación de Magistrados de España, Luis Carlos Nieto, se trata de un organismo que agrupa a unas 140 organizaciones que defienden los derechos humanos, de más de un centenar de países, y que en Chile tiene como afiliado la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).
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