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Caucoto defiende a peritos del SML tras críticas por errónea identificación

Abogado de causas de DDHH sale al paso de los cuestionamientos de los que han sido objeto profesionales del organismo. Sostiene que no se deben perder de vista los hechos que evitaron la correcta individualización de los cuerpos, ni olvidar que se debe buscar el destino de a lo menos un centenar de otras víctimas que yacían en el ‘Patio 29’ y cuyos restos fueron removidos en dictadura.


Nelson Caucoto (El Mostrador.cl)

El abogado de causas de derechos humanos Nelson Caucoto está preocupado por la virtual cacería de brujas que se ha desatado después que el Servicio Médico Legal (SML) admitiera ante la justicia que no tiene certeza sobre la identidad de 48 cuerpos pertenecientes al "Patio 29" del Cementerio General.



El letrado, que representa a la abogada socialista Pamela Pereira en la causa por la desaparición de su padre, defiende la labor realizada por peritos del servicio, a quienes les reconoce su dedicación y compromiso en la identificación de los cuerpos encontrados en el camposanto.



"Se apunta mal cuando tú le hechas la culpa a la (perito) Patricia Hernández o a Isabel Reveco, yo las conozco personalmente, me consta que son mujeres que se pusieron la camiseta. Lo que pasa es que no tenían la tecnología, ni los adelantos científicos, pero ellos nunca hicieron algo de mala fe", dice Caucoto.



«Al Estado le faltó sensibilidad»



"Uno no les puede cargar la mano a ellas, que hicieron un trabajo de gran profesionalismo, dentro del marco de lo que podían hacer, lo que pasa y siempre lo digo, es que al Estado le faltó más sensibilidad en este tema", agrega.



Caucoto sabe de lo que habla, porque fue el abogado que logró, junto a otras personas, que el "Patio 29" no fuera desmantelado por la dictadura en la década de los 80′, ya que habían descubierto, junto a la Vicaría de la Solidaridad y el magistrado Humberto Espejo, que allí se encontraban algunas de las personas ejecutadas en la comuna campesina de Paine después del golpe militar.



Tras el regreso a la democracia este caso fue amnistiado por la justicia militar, pero tras la presentación de un recurso de casación ante la Corte Suprema, el máximo tribunal resolvió anular la "conveniente" decisión aplicada en principio por los jueces castrenses, transformándose éste en uno de los primeros casos en que la justicia se pronunciaba a favor de una causa de crímenes de lesa humanidad.



No olvidar la génesis



"¿En qué estado nos encontramos hoy? Sabemos que hay 48 que sabemos que no son, ¿pero si no son a quiénes corresponden los cuerpos?… Entonces, volvemos al punto de partida. Yo creo que se han hecho algunas críticas en el sentido de comprender que se debió haber implementado una política de identificación como Estado. Yo vi como trabajaban cuando se estaban reconstituyendo los cráneos, con métodos rudimentarios, existiendo, desde mi punto de vista, tecnología bastante avanzada en el mundo a la que se podía acceder en ese momento", sostiene Caucoto.



"(En consecuencia) me parece que buscar responsabilidades, como se buscan hoy día, no es apuntar al centro de la cuestión, es decir, qué fue el "Patio 29", quiénes lo construyeron, por qué lo construyeron y por qué lo hicieron desaparecer de a poco…".



Pero además de la preocupación por las responsabilidades que se le están achacando a algunos profesionales del SML, Caucoto plantea que no se puede tolerar que la derecha, después de guardar silencio, ahora rasgue vestiduras y quiera aprovecharse de este doloroso incidente para tratar de "empatar" el tema de los derechos humanos con lo sucedido en dictadura, como asegura que se desprende de algunas declaraciones que ha escuchado de boca de personeros del sector.



La prehistoria del "Patio 29"



El abogado recuerda que después del golpe militar el Servicio Médico Legal (SML) no cumplió con su rol de identificar los cadáveres de los opositores al nuevo régimen, instaurándose, además, la política de las autopsias económicas, que significaba colocar la menor cantidad de datos en las fichas, factor que se transformó en el primer impedimento para una adecuada identificación, ya que ni siquiera se fotografiaron los cuerpos, como lo indicaba el protocolo del servicio.



"No se les identificó, ni siquiera por las huellas digitales (Â…) ¿Por qué no se hizo en 1973 si estaban los cuerpos ahí…? Eso redundó en una gran negligencia. Los médicos de la época y los funcionarios del Médico Legal decían que llegaban tantos cuerpos que era imposible hacer un trabajo más o menos minucioso", comenta.



"Lo anterior implicó que si no podías identificar a nadie lo tiraba al ‘Patio 29’ y éste se convirtió en el patio de la vergüenza, de los innominados, de los sin nombre. Entonces, uno habla con las gente del servicio y del cementerio y tú te encuentras con que exhuman 108 tumbas y sacan 126 cuerpos", enfatiza.



Con la convicción de que había más de un cuerpo por tumba en el cementerio y que se estaban produciendo inhumaciones ilegales, el vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar hace la denuncia correspondiente a fines de los 70′ al ministro en visita de caso Paine, Humberto Espejo, quien la acoge, la investiga y logra determinar que algunos de los muertos corresponden a las víctimas individualizadas en su investigación.



Espejo ‘congela’ el patio



"Y aquí ocurre algo que después va a tener consecuencias positivas: la Vicaría le pasó al ministro Espejo un dossier con antecedentes de la gente de Paine, pero muy detallado, como lo hacía ese organismo (Â…) Bueno, esa información que recibió Espejo, era más minuciosa que la que la entregaba el Médico Legal, entonces, qué hizo el ministro: se dio el trabajo de comparar todas las autopsias. En el «Patio 29» cada tumba tiene un número y una autopsia, entonces él fue comparando lo que tenía de las víctimas de Paine con las del cementerio y de a poco se fue encontrando con sorpresas", relata Caucoto.



"Con el cruce de información llegó a la conclusión de que en seis casos habían coincidencias entre las autopsias y los datos de la vicaria", recuerda.



Fue en ese instante que el abogado de la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas (Fasic), concluye que el ministro va a ordenar la exhumación de los cuerpos, pero éste, sin que nadie lo solicitara, al menos formalmente, se inhabilitó en la causa traspasándosela a la justicia militar.



«No obstante, este juez tuvo el mérito -dice Caucoto- de haber congelado el "Patio 29", es decir, ordenó que nada se moviera y mando a hacer un plano de la ubicación de las tumbas, ayudado de fotografías aéreas».



"Llega la causa a la justicia militar y lo primero que le pido al fiscal es que renueve la orden del ministro Espejo para que el director del cementerio no mueva nada, y el fiscal militar accedió, renovó la orden….", explica.



"Fue entonces que doy el segundo paso, que es decirle al fiscal todo el trabajo que había hecho el ministro Espejo y que este trabajo estaba encaminado a exhumar, si no todo el "Patio 29" al menos las seis tumbas, y el fiscal militar me dice que no, me voy a la Corte Marcial y también me dice que no, salvo con el voto del ministro Bañados, dos veces pedí que se hiciera y Bañados siempre me acompañó", rememora.



"Estamos hablando de 1982, y con la distancia del tiempoÂ… Mira, lo que te voy a decir, hoy día, en el año 2006, pienso que era un ingenuo (Â…) Me parece de una ingenuidad estar exhumando, con la dictadura instalada, el "Patio 29", con el impacto mundial que hubiese tenido eso…."



"Le están levantando sus muertos



"Pero transcurre el tiempo y me empiezan a llamar los trabajadores del cementerio, y me dicen: don Nelson, le están levantando sus muertos… Qué muertos, les digo. Los del patio 29 me dicen. Pero cómo si hay una prohibición, y me explican, entonces, los panteoneros que están levantando los muertos por orden de la dirección", detalla el abogado.



La gravedad de la situación ameritó que Caucoto hiciera el reclamo al fiscal militar. «Le dije: Pida cuentas, están levantando los muertos, y hay una orden expresa de que no se puede mover nada, y el fiscal manda a pedir cuentas", recuerda. Pero el director del camposanto explicó que no estaba violando ninguna orden, ya que ésta se refería sólo a los NN y había algunas tumbas a las que se le había colocado nombre en las cruces.



Números que no cuadran



"La cuestión es que cuando el vicario hace la denuncia a Espejo se hablaba de 200 tumbas, siempre tuve la percepción que habían a lo menos 300 tumbas, y el tema es que se exhumaron 108, ¿qué pasó con las restantes?", dice.



"Gracias a esa orden de Espejo y del fiscal militar logramos salvar 108 tumbas, sino no hubiera quedado nada, si la idea era desmantelar el ‘Patio 29’".



"De estos hechos derivan varias gestiones que hay que hacer ahora. Me voy a interiorizar en la causa y hay que contar las tumbas que Espejo tenía, podrían ser muchas más y aquí hubo movidas internas subterráneas de la dictadura que ha impedido que hayan más cuerpos y que por lo tanto haya la expectativa de mayor identificación de gente que está detenida y desaparecida."



-Después de escuchar su historia, ¿qué responsabilidad le cabe a las direcciones del Cementerio General

-Hay una historia bastante negra en el tema del cementerio, bastante negra por lo que me han contado los mismos trabajadores. Por ejemplo, algunos terminaban su jornada a las cinco de la tarde, pero le decían quédate hasta las siete porque viene una "tarea especialÂ… ¿Cuál era la tarea especial? Va a llegar un camión con muertos y hay que sepultarlos, sin ningún papel y registro, y otras veces exhumarlos y cremarlos. Entonces, ahí hay un tema que espero se investigue sobre el papel de las autoridades del cementerio de la época en esos casos.



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