Tras el dictamen que dejó sin efecto los encausamientos de Lucía Hiriart y Verónica Pinochet, en el marco del caso Riggs, el organismo fiscal planea presentar recursos que logren revertir la situación, ya que el pronunciamiento tendría »gruesos errores de fondo» y fue dictado, entre otros, por el juez Alfredo Pfeiffer, que estaría afectado por una causal de inhabilidad.
Luego del duro golpe recibido por el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras el fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que decidió dejar sin efecto los procesamientos por evasión tributaria que pesaban en contra de la mujer y una de las hijas del general (R) Augusto Pinochet, en el marco del caso Riggs, el organismo estudia una arremetida judicial para anular el dictamen.
María Lucía Hiriat Rodríguez se encontraba encausada de haber evadido impuestos por un monto de 449 millones 389 mil 621 pesos, mientras que a su hija se le imputa una deuda de 540 mil pesos.
Sin embargo, en una decisión adoptada por dos votos contra uno, la mencionada instancia del tribunal de alzada capitalino decidió absolver del delito de presentación de declaraciones de renta maliciosamente incompletas ambas, señalando que el ministro a cargo del caso, Carlos Cerda, no tendría jurisdicción para investigar los posibles ilícitos cometidos por la familia del general (r).
«Los autos de procesamientos apelados han sido dictados por un juez que carece de jurisdicción para juzgar a las personas a que a ellos se refieren y por hechos que en ellos se les atribuye, motivo por el cual procede dejarlos sin efecto, así como todas las actuaciones en autos (proceso) en relación con las apelantes y que no digan relación con los hechos materia de la querella deducida por el SII», consignó la resolución.
Este pronunciamiento, que abarcó incluso materias distintas a la arista tributaria que se revisó, llevó incluso a la defensa de Lucía Hiriart al anunciar que solicitarían el sobreseimiento definitivo de su cliente en el proceso Riggs.
Pfeiffer, inhabilitado
No obstante, en la vista de estas apelaciones se obvió un aspecto no menos significativo respecto a las inhabilidades que afectan a los jueces para conocer una determinada causa en apelación. Esto porque el ministro Alfredo Pfeiffer permaneció como ministro subrogante en la causa durante parte del período en que Cerda estuvo recusado por la defensa de Óscar Aitken.
Ese detalle fue pasado por alto en la vista de la causa, ocurrida el pasado martes y podría constituir un vicio de nulidad de las apelaciones, según abogados penalistas consultados al respecto. «A mí criterio, no hay duda que Pfeiffer está inhabilitado para haber conocido estos recursos», sostuvo uno de los profesionales consultados al respecto.
Este magistrado fue uno de los dos votos que favorecieron a la cónyuge y la hija de Pinochet, mientras que el otro que estuvo de acuerdo con el dictamen fue el abogado integrante Benito Mauriz. En tanto, sólo el ministro Haroldo Brito estuvo por confirmar los procesamientos.
Este último juez fundó su disidencia en que «con las probanzas tenidas en consideración por la resolución que se revisa, se encuentra establecida la existencia de los delitos tributarios de omisión de declaraciones obligatorias de impuestos y la autoría de ambas contribuyentes».
Asimismo, Brito sostuvo que «la consideración de una eventual incompetencia no permite cuestionar el mérito del auto de procesamiento que se discute, ni puede generar nulidad de lo obrado -más aún cuando no se encuentra declarada- por tratarse de una cuestión de legalidad organizacional cuya inobservancia se encuentra descartada como motivo de invalidez».
Arremetida del SII
Ante este fallo adverso, fuentes consultadas por El Mostrador.cl informaron que el Departamento Jurídico del SII se encuentra analizando qué pasos procedimentales seguir para intentar revertir esta situación.
Al respecto, explicaron que se encuentran decidiendo si interponer un recurso de nulidad -para dejar sin efecto este dictamen- o un recurso de queja contra el ministro Pfeiffer, por no haberse inhabilitado para integrar la Quinta Sala y revisar este caso.
Según se destacó, el dictamen adolecería de tres «gruesos errores» en sus fundamentos que no pueden ser pasados por alto. Primero, porque además de la querella que existe contra Lucía Hiriart como cómplice de la evasión tributaria que se le imputa a Pinochet, también existe una en su contra en calidad de autora del mismo delito, en razón de los ingresos que no declaró de forma posterior a la disolución de la sociedad conyugal con Pinochet, en el año 1999. Esta acción fue presentada en agosto de 2005 y por ello se le procesó como autora de evasión por más de 400 millones de pesos.
Asimismo, estaría el vicio procesal de que Alfredo Pfeiffer estuviera en la Sala que revisó los procesamientos y, por último, en que existiría «cosa juzgada» respecto a la competencia que tiene el ministro Carlos Cerda para indagar los posibles delitos conexos que se desprendan de la causa Riggs, ya que en el fallo que rechazó revocar el sobreseimiento de la esposa de Marco Antonio Pinochet, María Soledad Olave, la misma Sala de la Corte de Santiago -con una integración distinta a la de ahora- ya había rechazado ese argumento.
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